Fuego cruzado en la Justicia: paritaria, interna sindical y el impacto del ajuste libertario
La suba salarial no logró calmar el conflicto: crecen las acusaciones entre gremios, la Corte sigue sin dar respuestas y desde el sector advierten que la crisis se agrava por el recorte de fondos nacionales a la Provincia.
Pamela Orellana
La disputa salarial en el Poder Judicial bonaerense dejó de ser un conflicto estrictamente paritario para convertirse en una pulseada política y sindical de mayor escala. En ese escenario, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) denunció una “maniobra de pinzas” que, según advierten, busca erosionar su representación en la provincia, al tiempo que volvió a apuntar contra el impacto del ajuste nacional en las cuentas provinciales.
El secretario general de la AJB Mar del Plata, Julián Villarreal, puso nombre y dirección a esa tensión: acusó a la Unión de Empleados de la Justicia Nacional (UEJN), conducida por Julio Piumato, de intentar “ingresar a la provincia para debilitar” al gremio bonaerense. La advertencia no aparece aislada: llega en medio de una negociación salarial que logró encauzarse con un aumento del 9%, pero que dejó múltiples frentes abiertos.
Paritaria aceptada, pero con fisuras internas
La AJB terminó avalando por amplia mayoría la última oferta del gobierno de Axel Kicillof, que contempla un incremento del 9% entre febrero y abril de 2026. El esquema incluyó un 1,5% adelantado en febrero, un 5% en marzo y un 2,5% en abril, además de una cláusula de monitoreo en mayo y reapertura en junio.
La decisión fue producto de asambleas en las 20 departamentales, en un contexto donde el sindicato venía de rechazar una primera propuesta del 3% y de llevar adelante medidas de fuerza. “Rechazamos la primera propuesta salarial del 3%, se hizo un paro, se reanudó la negociación y ahora obtuvimos un 9%”, explicó Villarreal.
Sin embargo, el acuerdo no logró ordenar el tablero. Las bases expresaron un fuerte malestar por la falta de respuestas de la Suprema Corte bonaerense, que volvió a ausentarse en la mesa de negociación. Ese vacío institucional bloquea definiciones clave, como la implementación de la subcategoría E para trabajadores con menor antigüedad.
El reclamo no es menor: hoy ese beneficio alcanza a quienes tienen diez años de servicio, mientras que el acuerdo pendiente buscaba incluir a quienes tienen cinco. “La Corte no se sentó y no cumplió con un acuerdo que se había establecido luego de meses de negociación”, cuestionó el dirigente.
La ofensiva sindical y el trasfondo político
En paralelo, el conflicto sumó un nuevo actor que agitó el escenario: la UEJN lanzó un duro comunicado contra la política salarial del gobierno bonaerense, en el que denunció una “política de miseria” y convocó a una movilización el 22 de abril en La Plata.
El documento habla de una pérdida salarial acumulada superior al 88% y advierte que los ingresos actuales están por debajo de la línea de pobreza. También reclama equiparación con la justicia nacional y cuestiona la exclusión del gremio en la negociación.
Para la AJB, ese posicionamiento forma parte de una estrategia más amplia. “Hay una maniobra de pinzas entre un sector de la Corte y la gente de Piumato para ingresar a la provincia de Buenos Aires y debilitar al único sindicato que representa a todos”, denunció Villarreal.
El dirigente relativizó el peso de esa avanzada, aunque reconoció que expresa el malestar existente en el sector. Según describió, la crisis salarial no es exclusiva del Poder Judicial, sino que atraviesa a todo el Estado bonaerense.
El factor nacional y la disputa por los recursos
En ese punto, la AJB alineó su diagnóstico con el del gobierno provincial. Villarreal apuntó directamente contra la administración de Javier Milei y sostuvo que la provincia enfrenta un “estrangulamiento financiero” por la falta de envío de fondos de coparticipación.
“No hace siquiera una mención a que hay 15 billones de pesos de coparticipación que el Gobierno nacional desde hace dos años no le envía a la Provincia. Son 15 billones que están judicializados en la Corte”, remarcó.
El impacto de esa situación, según el dirigente, se combina con la caída de la recaudación producto de la crisis económica. “Cierran fábricas y comercios, hay desocupación y en Mar del Plata hubo dos cuadras y media de fila para trabajar en una pizzería”, graficó.
En ese marco, defendió la posición del Ejecutivo bonaerense en la negociación salarial y cuestionó que las críticas se concentren exclusivamente en la gestión provincial. “Se focaliza en el gobierno peronista de Kicillof, que ha confrontado directamente con el modelo libertario”, señaló.
La definición política fue aún más contundente al trazar el eje del conflicto: “El enemigo central de los trabajadores del Poder Judicial está en la Casa Rosada, no en La Plata”.
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