Ley de Seguridad Pública bonaerense: qué reclaman los intendentes y cuáles son las trabas para la reforma

Axel Kicillof volvió a mostrar esta semana una foto de coordinación en seguridad con un intendente opositor. En San Isidro, acompañado por Ramón Lanús y el ministro Javier Alonso, recorrió una nueva base permanente de la Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), con 100 agentes y cinco patrulleros destinados a reforzar la prevención en La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano.

“Por encima de cualquier pertenencia partidaria, nuestro objetivo como gobierno provincial es llevarles tranquilidad y respuestas a los vecinos”, afirmó el gobernador.

Lanús también valoró el trabajo conjunto y sostuvo que la base es resultado de la articulación que su municipio mantiene con la Provincia desde el inicio de su gestión.

La coincidencia, sin embargo, convive con una discusión todavía sin resolver. El mismo intendente de San Isidro viene reclamando desde hace meses una Policía Municipal con mayor autonomía, responsabilidades definidas y capacidad de conducción local. Y el Gobierno bonaerense todavía no envió a la Legislatura la reforma de la Ley de Seguridad Pública que debería establecer, entre otros puntos, qué lugar ocuparán los municipios dentro del sistema.

Kicillof la anunció el 2 de marzo, durante la apertura de sesiones ordinarias. Después hubo reuniones regionales, documentos de trabajo y consultas con intendentes oficialistas y opositores. Esa ronda terminó el 17 de julio, con un encuentro con jefes comunales de la Tercera Sección.

Tres meses más tarde, el proyecto todavía no ingresó ni al Senado ni a Diputados y no existe un texto definitivo oficial de acceso público.

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Una ley anunciada en marzo que todavía espera entrar a la Legislatura

La norma que el Ejecutivo busca modificar es la Ley 12.154 de Seguridad Pública, sancionada en 1998. Al anunciar la reforma, Kicillof sostuvo que debía actualizarse “en casi todos sus aspectos” y la ubicó dentro de una estrategia más amplia que incluye cambios en la formación y la carrera del personal policial.

Desde entonces, Javier Alonso encabezó encuentros en distintas regiones para escuchar a intendentes, legisladores y responsables municipales de seguridad.

La discusión rápidamente dejó de ser técnica. Los municipios llevan años financiando cámaras, centros de monitoreo, combustible, mantenimiento de patrulleros, infraestructura policial y cuerpos preventivos propios. Sin embargo, buena parte de las decisiones operativas sobre la Policía Bonaerense siguen concentradas en la estructura provincial.

Esa situación produjo una coincidencia poco habitual entre intendentes peronistas, radicales, del PRO y vecinalistas: el sistema necesita reconocer formalmente el papel que las comunas ya cumplen. La coincidencia termina allí. Cuando la discusión pasa a mando, financiamiento, armas, formación y capacidad operativa, aparecen modelos diferentes.

“Queremos hacernos cargo”

Ramón Lanús fue uno de los intendentes que reclamó modificar la relación actual: “Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley”. Su planteo apunta a que los municipios grandes puedan contar con fuerzas locales con responsabilidades precisas y capacidad efectiva de decisión.

El jefe comunal llegó a plantear una unidad de mando bajo la autoridad directa del intendente, autonomía funcional y facultades disciplinarias, además de un estatuto policial para los agentes locales.

Desde el peronismo, Ariel Sujarchuk también empujó el debate. Escobar fue uno de los distritos utilizados como referencia durante las primeras reuniones, ya que cuenta con una estructura municipal de prevención y seguridad propia.

En mayo, después de recibir a Alonso y a otros once intendentes, Sujarchuk resumió tres de los puntos que los municipios quieren ver dentro de la norma: facultades, financiamiento y reglas comunes. “Necesitamos una ley que mejore el financiamiento y garantice a la seguridad como verdadera política de Estado”, sostuvo.

El propio Alonso admitió entonces que la legislación vigente no refleja el nivel de intervención que hoy tienen los gobiernos municipales. “Estamos reconociendo, escuchando y valorando el rol de los municipios, algo que hoy la ley no contempla”, afirmó.

Pero el ministro puso inmediatamente sobre la mesa el problema que atraviesa toda la discusión: quién paga. Según Alonso, la quita de recursos nacionales destinados a seguridad redujo el margen financiero provincial y obliga a discutir cómo sostener las inversiones que ya realizan las comunas.

La condición que se repite en el interior: plata para las nuevas responsabilidades

Ese punto apareció una y otra vez en las entrevistas realizadas por GRUPOLAPROVINCIA.COM. El intendente radical de Saladillo, José Luis Salomón, fue explícito al hablar sobre una eventual transferencia de funciones. “La autonomía tiene que ir acompañada de una cuestión económica”, advirtió.

Su argumento es que los municipios ya absorbieron responsabilidades en salud, asistencia social y servicios sin que sus ingresos crecieran en la misma proporción. En seguridad ocurre algo similar.

El intendente de Chacabuco, Darío Golía, dejó una posición semejante después de participar de las consultas organizadas por Seguridad. Según explicó a este medio, la reforma debería formalizar competencias que, en muchos casos, las comunas ya ejercen en la práctica. Su condición fue concreta: “La descentralización sea efectiva, eficaz y con recursos”.

El planteo refleja uno de los consensos que atravesó los foros regionales: pocos intendentes rechazan de plano tener una participación mayor, pero tampoco quieren que la Provincia transfiera obligaciones sin garantizar fondos, capacidad jurídica y herramientas de gestión.

En Bragado, Sergio Barenghi planteó además que la futura normativa debería incorporar herramientas frente a modalidades que crecieron en los últimos años, especialmente el ciberdelito, y eliminar trabas administrativas que dificultan que un municipio invierta en destacamentos, comisarías o reparación de móviles policiales.

Desde General Alvear, el radical Ramón José Capra puso números políticos al problema, aunque no cuantificó una cifra específica. “Los municipios asumimos cada vez más responsabilidades”, sostuvo durante las consultas.

Capra enumeró gastos locales en equipamiento, mantenimiento de vehículos e infraestructura destinada a acompañar el funcionamiento de la Policía Comunal. Por eso reclamó que el nuevo esquema equilibre competencias y recursos.

El intendente radical de Balcarce, Esteban Reino, había planteado a GRUPOLAPROVINCIA.COM otro problema. Los vecinos llevan el reclamo directamente al municipio cuando ocurre un delito, aunque la capacidad del jefe comunal para modificar la estructura policial sea limitada.

“¿Qué autonomía tiene? ¿Qué poder de decisión tiene un intendente sobre la Policía?”, preguntó. En este sentido, explicó que una decisión local puede quedar sometida a distintos niveles jerárquicos —policía comunal, departamental y Ministerio— antes de concretarse.

Ese desfasaje entre responsabilidad política frente al vecino y poder institucional efectivo es uno de los argumentos centrales de quienes reclaman cambios.

Lanús avanzó con la Policía de Prevención Municipal

Mientras el proyecto provincial sigue pendiente, algunos municipios comenzaron a moverse con las herramientas actualmente disponibles. El caso más reciente es Lanús. El Concejo Deliberante aprobó esta semana la creación de una Policía de Prevención Municipal, con hasta 100 agentes, funciones de patrullaje disuasivo, prevención de proximidad y primera intervención ante determinadas situaciones.

La nueva estructura no reemplaza a la Policía Bonaerense ni asume investigaciones penales. El municipio ya había puesto en marcha en agosto su Escuela de Policía Municipal: la primera cohorte comenzó con 120 cadetes y 600 horas de formación, en articulación con el Instituto Universitario Juan Vucetich y la Universidad Nacional de Avellaneda.

La ordenanza no tuvo unanimidad. La Libertad Avanza, el PRO y Vamos votaron en contra y pusieron reparos sobre las facultades jurídicas del municipio y una eventual superposición de estructuras.

Pero la discusión no divide solamente a oficialismo y oposición. Uno de los principales reparos surgió dentro del propio bloque de Fuerza Patria. El senador Sergio Berni, exministro de Seguridad de Kicillof, presidente del bloque oficialista y titular de la Comisión de Seguridad de la Cámara alta, cuestionó la proliferación de policías municipales como respuesta central frente al delito.

Su pregunta resume la diferencia conceptual: “¿Hace falta más policía o hace falta profesionalizar la Bonaerense?”.  También cuestionó la fragmentación del sistema y advirtió sobre los riesgos derivados de multiplicar estructuras con diferentes recursos, equipamientos y cadenas de mando.

Recorrimos la nueva base de la UTOI en San Isidro que cuenta con 100 efectivos y el equipamiento necesario para fortalecer la prevención y la presencia policial en los barrios de La Cava, Santa Rita, Uruguay y San Cayetano. Es fruto de un trabajo que seguimos realizando con mucho esfuerzo junto a todos los intendentes, más allá de las diferencias partidarias y a pesar de que el Gobierno Nacional le quitó a los bonaerenses recursos específicos para seguridad.

— Axel Kicillof (@Kicillofok) October 14, 2026

Kicillof defiende la inversión provincial

Mientras define el envío de la reforma, el Gobierno provincial busca sostener que el sistema actual no está paralizado. En marzo, Kicillof informó ante la Legislatura que desde el inicio de su gestión se habían incorporado 9.592 patrulleros y 2.491 motos. También señaló que la Fuerza Barrial de Aproximación contaba con 4.937 efectivos y que la UTOI había pasado de 636 agentes en 2019 a más de 2.800. Son cifras oficiales del Ejecutivo bonaerense.

El gobernador aseguró además que los 135 municipios presentan un Plan Integral de Seguridad Local y que cada distrito cuenta con un jefe policial encargado de concentrar el mando de las áreas preventivas. Este miércoles, en San Isidro, la Provincia volvió a mostrar esa estrategia mediante la instalación de los 100 agentes de la UTOI y los cinco nuevos patrulleros.

El Presupuesto bonaerense vigente asignó, según los datos consignados en el debate público, alrededor de $1,6 billones al área de Seguridad y Servicio Penitenciario para 2026.