Policías municipales, en debate: distrito peronista crea su propia fuerza y reabre la discusión por autonomía, recursos y mando

La discusión por las policías municipales volvió a ganar terreno en la provincia de Buenos Aires. Mientras el Gobierno bonaerense mantiene abierta una reforma del sistema de seguridad y en la Legislatura conviven iniciativas con diferentes grados de autonomía local, algunos distritos avanzan con estructuras propias de prevención.

El último movimiento se produjo en Lanús. El Concejo Deliberante aprobó la creación de una Policía de Prevención Municipal, un cuerpo civil que dependerá de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y Ordenamiento Urbano y tendrá como funciones centrales el patrullaje disuasivo, la prevención de proximidad y la primera asistencia ante situaciones de riesgo.

La ordenanza establece un máximo de 100 agentes y fija también un límite: el nuevo cuerpo no reemplazará a la Policía de la Provincia ni asumirá investigaciones penales. 

El caso vuelve así sobre una discusión que GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo desde comienzos de año: los municipios ya destinan dinero a patrulleros, cámaras, centros de monitoreo, combustible y agentes preventivos, pero reclaman que ese esfuerzo económico tenga una traducción institucional en la toma de decisiones.

👮‍♂️ ESCUELA DE POLICÍA MUNICIPAL DE LANÚS 👮‍♂️ Así se capacitan los futuros agentes de la Escuela de Policía Municipal de Lanús. En esta oportunidad, te mostramos parte del trabajo realizado en la materia “Procedimientos y Operaciones”. Este primer ciclo de formación cuenta con 600 horas cátedra y brinda las herramientas necesarias para desempeñarse como primeros interventores en nuestros barrios, en articulación con las fuerzas de seguridad. Seguimos sumando recursos y profesionalizando a nuestros equipos para construir #LaCiudadQueNosMerecemos

— Lanús Gobierno (@lanusmunicipio) September 8, 2026

Qué aprobó Lanús

La nueva Policía de Prevención Municipal fue sancionada durante la 14ª sesión ordinaria del Concejo Deliberante. Según la normativa difundida después de la sesión, sus integrantes estarán orientados principalmente a recorridas preventivas, presencia barrial y asistencia inicial, con articulación con las fuerzas provinciales cuando una situación requiera intervención policial.

El oficialismo defendió el esquema como parte del sistema local que el municipio viene construyendo durante 2026. El concejal Mariano García sostuvo durante el debate que el distrito continuará avanzando con las herramientas locales y afirmó: “Vamos a seguir trabajando para que los vecinos de Lanús se sientan seguros”.

La propuesta no tuvo consenso político. La Libertad Avanza, el PRO y Vamos votaron en contra. Entre las críticas apareció la discusión sobre las facultades jurídicas del municipio para crear una estructura denominada policía y la posible superposición con los agentes de Seguridad Ciudadana que ya funcionan en el distrito. 

La aprobación de la ordenanza no fue el primer paso. En agosto, el intendente Julián Álvarez había inaugurado la Escuela de Policía Municipal de Lanús con una primera cohorte integrada por 120 cadetes. La formación se desarrolla en el Centro de Entrenamiento de Prieto 1000 y fue articulada con la Universidad Nacional de Avellaneda y el Instituto Universitario Vucetich.

“Este es un paso histórico en la conformación de una policía de prevención”, sostuvo entonces Álvarez, quien señaló que el esquema debía funcionar en coordinación con la fuerza bonaerense.

La administración municipal ya venía ampliando otros componentes de su sistema preventivo. En agosto incorporó 20 camionetas blindadas para conformar una Patrulla de Ordenamiento Urbano. Según los datos difundidos por el municipio, su estructura de seguridad cuenta además con 147 vehículos, 38 motos y más de 450 agentes, mientras el distrito afirma haber triplicado el patrullaje respecto del inicio de la gestión.

A comienzos de septiembre se agregaron otras 50 cámaras de videovigilancia, que se sumaron a más de 1.000 dispositivos instalados en el distrito. El municipio también informó la existencia de un Anillo Digital con 40 lectores de patentes y diez pórticos y más de 470 alarmas vecinales vinculadas con la aplicación Lanús Segura. 

El límite de la legislación vigente

La discusión sobre el nombre y las atribuciones de estas estructuras no es solamente política. La Ley 12.154 de Seguridad Pública establece en su artículo 2 que la seguridad pública es materia de “competencia exclusiva del Estado” y que su mantenimiento corresponde al Gobierno de la Provincia de Buenos Aires.

A la vez, la legislación bonaerense ya contempla mecanismos descentralizados. La Ley 13.482, que organiza las policías provinciales, reconoce las Policías de Seguridad Comunal y establece esquemas de actuación distribuidos territorialmente. Sin embargo, sus integrantes siguen formando parte de las Policías de la Provincia y están comprendidos dentro del sistema provincial.

Para las Policías de Seguridad Comunal, la ley vigente establece además un esquema destinado a municipios del interior con hasta 70.000 habitantes que adhieran mediante convenio ratificado por ordenanza.

Lanús, por sus características poblacionales y metropolitanas, no encuadra en ese régimen. Por eso la estructura aprobada localmente está presentada como un cuerpo civil preventivo, sin facultades para realizar investigaciones penales y con obligación de coordinar su actuación con la Policía Bonaerense.

Kicillof ya pidió una nueva ley

El Gobierno provincial reconoció durante este año que el marco legal debe actualizarse. El 3 de marzo, durante el inicio del ciclo lectivo para aspirantes a una policía municipal en Avellaneda, Axel Kicillof confirmó que buscaba llevar la discusión a la Legislatura.

El gobernador diferenció entonces el esquema que pretende impulsar de una municipalización completa de la seguridad. Según explicó, su planteo es que cada distrito pueda contar con una fuerza propia, pero integrada al sistema provincial y coordinada con la Bonaerense.

“Necesitamos también un respaldo legal para darle todas sus funciones y su entidad a las policías municipales”, afirmó.

Kicillof rechazó, en cambio, un modelo de 135 sistemas policiales totalmente independientes. En su exposición sostuvo que la alternativa buscada consiste en combinar participación municipal con coordinación provincial para evitar estructuras aisladas entre sí.

La discusión no comenzó en Lanús. Avellaneda, Escobar y otros municipios ya habían desarrollado experiencias propias de formación, patrullaje o agentes preventivos. La diferencia es que el avance de nuevos esquemas locales vuelve a plantear la necesidad de definir por ley cuáles serán sus competencias.

En mayo, el ministro de Seguridad bonaerense, Javier Alonso, se reunió en Escobar con intendentes de diferentes fuerzas. Participaron, entre otros, Ariel Sujarchuk, Ramón Lanús, Federico Achával, Leonardo Boto, Federico Otermín, Pablo Descalzo, Lucas Ghi, Jorge Ferraresi, Nicolás Mantegazza, Gastón Granados, Federico Susbielles y Juan José Fabiani.

El Ministerio distribuyó entonces un documento base para iniciar una discusión técnica sobre el nuevo sistema. Los intendentes llevaron un planteo común: sus gobiernos ya financian móviles, cámaras, centros de monitoreo, agentes, combustible, mantenimiento e infraestructura, pero tienen capacidades limitadas para decidir sobre la fuerza policial que opera dentro de sus límites.

Alonso reconoció esa situación. “Estamos reconociendo, escuchando y valorando el rol de los municipios, algo que hoy la ley no contempla”, afirmó el ministro.

Sujarchuk sintetizó el reclamo de varios jefes comunales: una norma que otorgue facultades, financiamiento y un marco común para los distritos que ya desarrollan políticas preventivas.

El reclamo atraviesa al oficialismo y a la oposición

La demanda municipal no tiene un solo color político. El intendente del PRO de San Isidro, Ramón Lanús, participó de aquella reunión y reclamó una norma para que los municipios grandes puedan disponer de una fuerza local con mayor autonomía.

“Hace tiempo que desde San Isidro venimos impulsando el tratamiento de una ley”, afirmó entonces, al reclamar responsabilidades claramente definidas.

Federico Achával, desde Pilar, planteó fortalecer la coordinación, la tecnología y la capacitación; Sujarchuk convirtió a Escobar en una de las experiencias utilizadas como referencia; y distintos intendentes del interior llevaron a las reuniones provinciales pedidos vinculados con recursos y conducción.

Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, esa coincidencia no significa que exista un modelo único. Algunos intendentes reclaman control operativo directo. Otros aceptan una estructura integrada con la Bonaerense siempre que tengan participación en la planificación, la selección de autoridades y la evaluación de resultados.

Promulgaron la ley de Zonas Frías: quiénes podrán conservar el subsidio al gas

Dos proyectos de Fuerza Patria y dos modelos diferentes

Las diferencias también están expresadas dentro de la Legislatura. El diputado de Fuerza Patria Leonardo Moreno volvió a presentar este año el proyecto de Policía Municipal de Proximidad. El expediente D-359/26-27 ingresó formalmente en marzo y fue girado en junio a la Comisión de Seguridad y Asuntos Penitenciarios.

El esquema de Moreno contempla municipios de más de 70.000 habitantes, con una fuerza que mantendría una fuerte relación orgánica y financiera con la Provincia pero otorgaría participación al intendente en la planificación y conducción local.

Por otro lado, el massista Carlos Puglelli impulsa un proyecto de Policías Comunales que propone otro reparto de responsabilidades y crea un Fondo para el Fortalecimiento de las Policías Comunales dentro del presupuesto provincial. Su expediente también permanece en trámite parlamentario.

Las dos propuestas expresan una de las principales preguntas del debate: si el futuro cuerpo debe depender fundamentalmente de la Provincia con conducción local o si la estructura debe quedar bajo un control municipal más amplio.

Dentro de Fuerza Patria tampoco existe unanimidad sobre el camino. El exministro de Seguridad y actual senador Sergio Berni viene cuestionando la creación de múltiples policías locales como respuesta central frente al delito y propone concentrar los cambios en una reforma de la Policía Bonaerense.

Su posición introduce uno de los argumentos que aparecen en contra de una descentralización amplia: las diferencias presupuestarias entre municipios. Una fuerza financiada principalmente por recursos locales puede generar capacidades muy diferentes entre distritos con distinta recaudación. Esa discusión aparece también en los proyectos legislativos, que intentan definir qué porcentaje de recursos deberá aportar la Provincia y qué gastos quedarían en manos de las comunas.

Otro problema es la coordinación territorial. La actividad delictiva no termina en los límites municipales y las investigaciones penales requieren intercambio de información y actuación conjunta entre diferentes jurisdicciones. Ese es uno de los motivos por los cuales el Gobierno bonaerense sostiene que cualquier nueva estructura debe continuar articulada con el sistema provincial.

De las policías locales de Scioli al nuevo intento

La discusión tiene más de una década de antecedentes. En 2014, durante la gestión de Daniel Scioli, la Provincia creó las Unidades de Policía de Prevención Local después de que no prosperara una ley específica en la Legislatura.

La resolución establecía que esas unidades serían financiadas y equipadas por la Provincia y funcionarían en municipios que adhirieran mediante convenio. Su coordinación quedaba dentro de la estructura del Ministerio de Seguridad bonaerense.

Con el cambio de gobierno, el esquema fue modificándose. Durante la gestión de María Eugenia Vidal, los integrantes de las policías locales comenzaron a ser absorbidos dentro de la estructura general de la Bonaerense. Más adelante, con Sergio Berni al frente de Seguridad, avanzó nuevamente una organización centralizada y tomó mayor protagonismo la UTOI.

El debate de 2026 parte de otro escenario: muchos municipios ya desarrollaron, por cuenta propia, guardias urbanas, patrullas preventivas, anillos digitales, centros de monitoreo y cuerpos de agentes municipales.

La discusión legislativa consiste ahora en determinar hasta dónde pueden avanzar esas estructuras y cuáles de sus funciones requieren una reforma provincial.