Policías desafectados por protestas: el caos que sacude a la Provincia
En la provincia de Buenos Aires, el clima de tensión entre los efectivos de la Policía Bonaerense y el gobierno provincial ha alcanzado niveles preocupantes. Desde hace días, los uniformados se han rebelado contra las condiciones laborales que consideran insuficientes. El epicentro de las protestas es el Ministerio de Seguridad, con base en Puente 12, en el partido de La Matanza, y las demandas van desde mejoras salariales hasta un trato más digno para los efectivos. La respuesta del gobierno fue dura: sumarios administrativos, desafectación de personal y hasta imputaciones penales.
La protesta y sus causas
Todo comenzó con un fuerte reclamo por mejores condiciones salariales. El petitorio presentado por los uniformados contiene 14 puntos clave que incluyen no solo un aumento salarial del 100% sobre el sueldo básico, sino también mejoras en la obra social IOMA, que actualmente enfrenta dificultades debido a la falta de pagos a los prestadores. La solicitud abarca desde la readecuación de horarios hasta la incorporación de medidas de seguridad y asistencia psicológica para el personal afectado por el estrés laboral.
Uno de los puntos más polémicos del petitorio es la reincorporación de los policías separados tras las protestas previas, en 2020. Los uniformados piden una revisión de las sanciones impuestas y un trato más justo por parte de las autoridades, especialmente para aquellos que han sufrido las consecuencias de involucrarse en las manifestaciones. La situación es aún más grave porque, según los propios agentes, el aumento salarial otorgado por el gobierno de Axel Kicillof fue insuficiente.
Las sanciones y el descontento
La respuesta del Ministerio de Seguridad no se hizo esperar. En las últimas horas, se confirmaron al menos 40 separaciones de efectivos que participaron en las protestas. En los casos más recientes, 14 policías fueron desafectados tras realizar un “sirenazo” en Ituzaingó. Esta forma de protesta, que consistió en hacer sonar las sirenas de los patrulleros en pleno servicio, fue calificada por las autoridades como una “violación a los deberes de funcionario público” y los imputaron de los delitos de sedición, intimidación pública e incumplimiento de deberes.
El descontento en las filas policiales es creciente. Según las declaraciones de los manifestantes, los salarios de los efectivos no se corresponden con el nivel de riesgo al que se enfrentan a diario. Mientras tanto, los familiares de los policías también han alzado la voz. A través de redes sociales, se hizo viral una publicación de Rafael Rodrigo Villanueva, dirigente libertario, quien no dudó en señalar a los funcionarios provinciales y kirchneristas como responsables de la crisis: "Los verdaderos delincuentes son @Kicillofok @JaviAlonsook y los Intendentes kirchneristas que son cómplices y avalan la corrupción", dijo.
Un conflicto sin solución a la vista
El panorama parece no tener solución a corto plazo. Los policías no solo exigen un aumento salarial del 100%, sino también que se reconozcan sus derechos laborales y sociales, como un acceso adecuado a servicios médicos y psicológicos. Además, piden una mesa de diálogo en la que se discutan soluciones reales a los problemas estructurales de la fuerza.
Uno de los puntos que más preocupa a los uniformados es la posibilidad de que el conflicto termine en un acuartelamiento general, lo que podría poner en peligro la seguridad en toda la provincia. En este contexto, las demandas se hacen cada vez más urgentes, mientras el gobierno intenta mantener la calma y continuar con la agenda de seguridad.
El panorama actual y la falta de respuesta
El gobierno provincial ha manifestado en reiteradas ocasiones que no está dispuesto a ceder ante las presiones de los policías. Sin embargo, las protestas siguen multiplicándose, y las voces dentro de la fuerza de seguridad no dejan de crecer. Los efectivos han expresado que si no obtienen una respuesta concreta y favorable, están dispuestos a intensificar las medidas de protesta, lo que podría derivar en una paralización de los servicios de seguridad en la provincia.
A lo largo de los últimos días, la situación se ha agravado, y las protestas se han hecho más visibles, no solo con los "sirenazos", sino también con manifestaciones frente a la sede del Ministerio de Seguridad en Puente 12. Los familiares de los policías han mostrado su apoyo a las demandas y exigido que se atiendan las necesidades de los uniformados, cuya situación económica se ha vuelto insostenible.