Rutas en emergencia y fuertes críticas al Gobierno
La Federación del Personal de Vialidad Nacional encendió una señal de alarma sobre el deterioro de la red vial del país, en plena política de “obra pública cero” del gobierno de Javier Milei. Según datos del organismo, 30.000 de los 40.000 kilómetros de rutas nacionales necesitan mantenimiento urgente, con un 65-70% en condición “entre regular y malo”, un cuadro que compromete la seguridad vial y la transitabilidad en todo el territorio.
El secretario gremial de la entidad, Fabián Catanzaro, sostuvo que el organismo atraviesa una situación de “parálisis y vaciamiento”, a pesar de que finalmente se evitó su disolución. “El proceso de vaciamiento continúa”, advirtió, y habló de una “emergencia” que no solo afecta a las rutas, sino también a los salarios y condiciones laborales del personal.
“Negocio financiero” y cuestionamientos a las concesiones
Uno de los puntos más críticos señalados por Catanzaro es el avance del sistema de concesiones impulsado por el Gobierno en esta segunda etapa de privatización de rutas. El gremio se declara “bastante crítico” de este esquema, que —según sus palabras— vuelve a cerrar un “negocio financiero” para las empresas adjudicatarias.
En la entrevista, Catanzaro apuntó directamente contra la naturaleza del financiamiento otorgado: “En estas concesiones fueron licitadas como inversión privada y hoy tienen financiamiento subvencionado del Estado a través del Banco BICE con una tasa preferencial del 2%”, explicó.
Afirmó que el esquema prácticamente elimina el riesgo empresario: “Las inversiones que serían durante el primer año se cubrirían con este subsidio… con una gracia de 2 años para empezar a devolver”.
Según el dirigente, empresas que operan corredores estratégicos como la Ruta 14 y la 12 —conocidas como la “ruta del Mercosur”— no harán “más que salir a bachear o a hacer dos repavimentaciones en 20 años”, un nivel de intervención que, advirtió, “no colaboraría a mejorar las condiciones de la infraestructura”.
Personal en retroceso y riesgo de un costo mayor a futuro
El impacto interno también es profundo. Catanzaro denunció un cuadro de congelación salarial total durante un año, junto a un protocolo disciplinario que elimina el derecho de defensa y que, en su visión, opera como una “forma expulsiva”. El resultado: la baja de casi el 20% del personal entre renuncias, jubilaciones y despidos. “Estamos perdiendo a los recursos más calificados”, alertó.
La “decisión política de paralizar” la actividad también golpea la capacidad operativa del organismo. Catanzaro planteó que, al impedir que Vialidad trabaje, se evita la posibilidad de demostrar que la obra pública puede ejecutarse a costos más bajos. “Atacar al organismo es atacar a un organismo espejo que puede demostrar que los costos… se podrían hacer más baratos”, remarcó.
La falta de mantenimiento, señaló, abre un riesgo financiero a futuro difícil de revertir: “Estamos cayendo en un cuello de botella del cual nos va a costar mucho volver, porque cuando no se mantiene esa inversión luego para rehabilitar lo mismo te sale entre tres y cinco veces más caro.”
Reclamos en todo el país y rutas cada vez más críticas
La preocupación por el estado de las rutas ya traspasó la interna del organismo. Catanzaro confirmó que mantienen “bastante contacto con gobernadores, con intendentes” que reclaman la reactivación de obras paralizadas y advierten por la necesidad de garantizar la transitabilidad.
Recordó que existe una obligación legal de mantener la infraestructura vigente, lo que está derivando en una creciente cantidad de amparos judiciales donde, según explicó, “el demandante suele ganar”.
Aunque el deterioro es generalizado, el dirigente identificó algunos corredores en estado más crítico: la Ruta 151 en La Pampa, la 3 al sur de Bahía Blanca, la 23, la 9 y la 34 en el NOA, y la 7 y la 8 fuera del conurbano bonaerense.