Tras la presión social y política, el Gobierno firmó el DNU por la Emergencia Ígnea
El Gobierno nacional avanzó finalmente con la firma de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) para declarar la Emergencia Ígnea en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa.
La decisión llegó cuando el fuego ya había provocado daños irreversibles en amplias zonas de la Patagonia, con pérdidas ambientales millonarias, parques nacionales arrasados y poblaciones enteras en riesgo. Hasta último momento, en la Casa Rosada se hablaba de una posibilidad. Finalmente, el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, confirmó que el decreto estaba listo y fue oficializado en la madrugada de este viernes.
Desde los primeros días de enero, los incendios forestales avanzan sobre el sur del país. Las llamas ya consumieron decenas de miles de hectáreas, afectando bosques nativos, áreas rurales y zonas protegidas consideradas patrimonio natural.
Mientras el fuego seguía activo, crecían las críticas al Gobierno de Javier Milei por la demora en declarar la emergencia y por la falta de presencia presidencial en las zonas afectadas. En Balcarce 50 admiten que el desgaste político influyó en la decisión de acelerar el DNU, ante el temor de un mayor costo en la imagen presidencial.
En paralelo al decreto, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial una resolución del Ministerio de Seguridad que dispone el envío de más de $100.000 millones a las Asociaciones de Bomberos Voluntarios de todo el país. Según el texto oficial, los fondos se repartirán entre 1.062 asociaciones, con una asignación cercana a los $95 millones por entidad, mientras que las federaciones provinciales recibirán más de $7.700 millones.
Sin embargo, desde organizaciones ambientales y comunidades afectadas advierten que los recursos llegan tarde y resultan insuficientes frente a un daño que ya consideran irreparable. En el territorio, la lucha contra el fuego sigue recayendo sobre brigadistas y bomberos con salarios bajos, escaso equipamiento y condiciones precarias.
La decisión de avanzar por decreto se tomó durante una reunión de la Mesa Política en la Casa Rosada, encabezada por Adorni y con la participación de Karina Milei, Santiago Caputo, Luis Caputo, Diego Santilli, Patricia Bullrich, Ignacio Devitt y Martín Menem, este último de manera remota.
Según trascendió, el Ejecutivo descartó enviar el tema al Congreso al considerar que el trámite legislativo demoraría la asistencia. “La velocidad amerita esta vía”, deslizaron desde el entorno oficial.
El martes previo a la firma del DNU, los gobernadores de las provincias afectadas —Ignacio Torres, Alberto Weretilneck, Rolando Figueroa, Claudio Vidal y Sergio Ziliotto— se reunieron por primera vez desde el inicio de los incendios y acordaron reclamar formalmente la declaración de emergencia y zona de desastre.
Si bien el Gobierno aseguró que el pedido de los mandatarios no fue el detonante exclusivo, puertas adentro reconocen que el reclamo provincial y la presión opositora terminaron de inclinar la balanza.
Recortes, ajuste y alerta ambiental
Distintos informes advirtieron que la situación actual se agrava por los recortes presupuestarios en áreas clave. La Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) cuestionó la disolución del Fondo Nacional de Manejo del Fuego, una herramienta que permitía financiamiento automático para prevención y combate de incendios.
Además, el Presupuesto prevé para 2026 una caída real del 71,6% en el Servicio Nacional de Manejo del Fuego, profundizando las alertas sobre la capacidad del Estado para enfrentar emergencias cada vez más frecuentes.