El acuerdo que destrabó la baja de imputabilidad en Diputados
El Gobierno nacional avanzó en un acuerdo político con bloques opositores dialoguistas para tratar y aprobar la baja de la edad de imputabilidad a los 14 años. Tras semanas de negociaciones, La Libertad Avanza aceptó modificar el texto original impulsado por Javier Milei —que proponía llevar el piso a los 13— y selló un entendimiento que habilita el debate durante el período de sesiones extraordinarias.
La hoja de ruta ya está definida: el martes próximo se conformarán las comisiones correspondientes, el miércoles se ratificará el dictamen y el jueves 12 se realizará la sesión especial en la Cámara de Diputados. El expediente había perdido estado parlamentario en diciembre y debía reactivarse formalmente.
Desde el oficialismo admitieron que el cambio de postura fue clave para destrabar el trámite. “Teníamos previsto insistir con la iniciativa original, pero no tenemos los votos. Esta es la ley posible”, reconocieron desde las filas libertarias, luego de que el PRO y la UCR condicionaran su respaldo al texto consensuado el año pasado.
Según deslizaron en el bloque de La Libertad Avanza, el oficialismo ya tendría garantizados al menos 136 votos para habilitar la sesión, pese al rechazo anticipado de sectores de Fuerza Patria y el Frente de Izquierda.
El nuevo régimen y el reclamo de las provincias
El proyecto fija la edad mínima de punibilidad en 14 años y establece un régimen penal juvenil diferenciado. Para los delitos considerados graves —como homicidio, abuso sexual o secuestro— se prevé una condena máxima de 15 años, mientras que la privación de la libertad quedará reservada como último recurso.
La iniciativa prioriza sanciones alternativas, entre ellas tareas comunitarias, medidas de reparación del daño, restricciones de contacto con las víctimas y monitoreo electrónico. También contempla programas educativos, capacitación laboral, asistencia psicológica y seguimiento especializado por parte de supervisores con formación en infancia y adolescencia.
Durante las negociaciones, los bloques provinciales pusieron sobre la mesa un reclamo central: quién absorberá los costos del nuevo sistema. Ante ese planteo, el Gobierno aceptó incorporar una cláusula que habilita la firma de convenios entre la Nación y las provincias que adhieran, para financiar la implementación del régimen penal juvenil en cada jurisdicción.
Monteoliva defendió el proyecto y cruzó a Kicillof
En la previa del acuerdo parlamentario, la ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, salió a respaldar públicamente la iniciativa y marcó diferencias con el gobierno bonaerense. La funcionaria sostuvo que el diálogo institucional con la gestión de Axel Kicillof es complejo por las diferencias ideológicas en torno al Régimen Penal Juvenil.
Monteoliva aclaró que no mantiene conversaciones directas con el gobernador, aunque confirmó que existe articulación operativa con el ministro de Seguridad provincial, Javier Alonso, en operativos vinculados al delito complejo.
Al justificar la baja de la edad de imputabilidad, la ministra vinculó la criminalidad juvenil con el avance del crimen organizado y cuestionó la vigencia de la normativa actual. “La bajada de la edad de imputabilidad es clave y ojalá logremos que sea de 13 o 14 años, como se viene planteando”, afirmó. Y agregó que el escenario actual exige una reforma integral que combine sanción penal, prevención y políticas de reintegración social.