Nueva convocatoria a paritarias: qué esperan los gremios tras el rechazo a la oferta del 2%
Con la inflación en 2,9% y el calendario encima, docentes y estatales reclaman mejoras. El Gobierno busca cerrar un acuerdo urgente en Buenos Aires.
El gobierno de Axel Kicillof convocó para este jueves a una nueva audiencia de la Comisión Paritaria Docente en un intento por destrabar la negociación salarial tras el rechazo unánime a la última oferta del 2%. La reunión, prevista para las 10.30, se da en un escenario de fuerte presión gremial y con el calendario como factor determinante de cara al inicio del ciclo lectivo del 2 de marzo.
La Unión de Docentes de la Provincia de Buenos Aires (UDOCBA), integrante del Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB) junto a AMET, FEB, SADOP y SUTEBA, confirmó la convocatoria. En paralelo, SUTEBA llamó a asambleas en toda la provincia para la tarde de este jueves, con el objetivo de analizar la nueva propuesta oficial y definir su postura.
Inflación y tiempo, las variables que condicionan la negociación
La discusión salarial se da bajo el impacto del último dato del INDEC, que ubicó la inflación de enero en 2,9%. Los gremios pretenden que el aumento de febrero al menos iguale ese porcentaje y se le sume un 1,5% adicional correspondiente a un retroactivo de diciembre que dejará de percibirse con los sueldos del próximo mes. El planteo sindical eleva la expectativa a un 4,4%.
La propuesta oficial rechazada consistía en un incremento del 2%, que, según las organizaciones, implicaba en términos reales una mejora de apenas el 0,5% en el salario de bolsillo al absorber parte de ese retroactivo.
El margen de negociación es acotado. La liquidación de haberes comienza alrededor del día 15 de cada mes, por lo que un eventual acuerdo debe cerrarse en los próximos días para impactar en los sueldos de febrero. El Ejecutivo, además, busca garantizar el inicio de clases sin medidas de fuerza.
Fuentes del sector señalaron que la Provincia analiza reformular la oferta, aunque advierten que el contexto fiscal es complejo por la caída de recursos nacionales y la desaceleración de la actividad económica, que afecta la recaudación propia.
Reclamos salariales y demandas estructurales
Además del porcentaje de aumento, los gremios estatales y docentes plantearon una agenda de reclamos que excede la discusión salarial. Entre ellos figuran recategorizaciones, pases a planta permanente, regularización de situaciones laborales y la apertura de mesas técnicas sectoriales.
La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), UPCN y la Federación de Gremios Estatales y Particulares (FEGEPPBA) coincidieron en calificar como “insuficiente” la oferta oficial y reclamaron una mejora urgente para recuperar el poder adquisitivo.
Desde UPCN bonaerense, el secretario adjunto Juan Pablo Oyarzabal señaló que “lo ofrecido no ameritaba demasiado análisis ni consultas” y sostuvo que el incremento “ni siquiera iguala la inflación actual”.
En el caso del sector educativo, el FUDB insistió en la necesidad de un aumento “genuino” que permita recomponer el salario real y advirtió que, sin una mejora sustancial, el conflicto podría profundizarse en los próximos días.
Escenario abierto y alternativas en análisis
El Gobierno provincial evalúa que el acuerdo que se alcance tenga carácter mensual y se limite a febrero, con la idea de reabrir la negociación en marzo ante la incertidumbre inflacionaria.
También se analizan alternativas complementarias para mejorar los ingresos, como bonificaciones no remunerativas para auxiliares de educación —uno de los sectores con salarios más bajos—, ascensos por recategorización y la instrumentación de concursos para promociones.
Entre los reclamos de larga data que podrían formar parte de una negociación más amplia figuran el pase a planta permanente de trabajadores precarizados, incluidos alrededor de 1.000 becarios del área de Salud incorporados durante la pandemia.
Si no se alcanza un entendimiento en los próximos días, una de las opciones en evaluación es liquidar el aumento por decreto, aunque en el Ejecutivo reconocen que esa medida no garantizaría la ausencia de conflicto al inicio del ciclo lectivo.
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