Fate: Kicillof se involucra en el conflicto mientras crece la presión por una salida provincial
La crisis en la planta de Fate en San Fernando sumó en las últimas horas un giro político decisivo. En medio del cierre de la fábrica, la conciliación obligatoria sin resultados y la permanencia de los trabajadores dentro del predio, el gobernador Axel Kicillof recibió el reclamo del sindicato y se comprometió a involucrarse personalmente para buscar una salida que garantice la continuidad productiva y los puestos de trabajo.
El conflicto se consolidó como uno de los casos más emblemáticos del deterioro industrial en el inicio de 2026. El 18 de febrero, el grupo empresario encabezado por la familia Madanes Quintanilla anunció el cierre definitivo de la planta con una decisión tajante: “Se liquida todo y se baja la persiana”. La medida implica 920 despidos directos y, según estimaciones gremiales y de analistas del sector, el impacto total superaría los 1.500 empleos si se consideran proveedores y actividades vinculadas.
Desde la empresa argumentaron que el avance de neumáticos importados —con precios hasta 40% más bajos—, la caída del consumo interno y los costos productivos dejaron a la planta operando al 25% de su capacidad, en un escenario que calificaron como inviable.
El Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA), en cambio, rechaza ese diagnóstico y sostiene que el cierre forma parte de un proceso más amplio de deterioro laboral. En un comunicado, los trabajadores señalaron que la decisión empresaria “es un adelanto de los planes del gobierno nacional de Milei, de dejar centenares de miles de trabajadores en la calle y precarizar las condiciones laborales”.
Planta cerrada y conciliaciones sin efecto
La Secretaría de Trabajo de la Nación dictó una conciliación obligatoria por 15 días que mantiene formalmente en suspenso los despidos. Sin embargo, en los hechos, la situación no se modificó.
Trabajadores que intentaron retomar tareas se encontraron con la planta cerrada con candados. La empresa sostiene que el predio se encuentra ocupado y que no están dadas las condiciones técnicas y de seguridad para reiniciar la producción. Mientras tanto, el gremio mantiene la permanencia dentro del establecimiento.
Las negociaciones continúan estancadas. La última audiencia realizada el 23 de febrero terminó sin acuerdo y se fijó un nuevo encuentro para el 4 de marzo. Desde Fate ratificaron que mantienen la decisión de no reabrir y recordaron que parte del predio ya fue transferido a Aluar, otra firma del grupo, por unos 25 millones de dólares que serían destinados al pago de indemnizaciones.
El conflicto también derivó en un escenario inusual: el Ministerio de Trabajo bonaerense, conducido por Walter Correa, dictó su propia conciliación obligatoria minutos después de la resolución nacional, con el objetivo de intervenir directamente en el conflicto y buscar herramientas que permitan sostener la actividad en territorio provincial.
La Provincia entra en escena y crece el debate por la “provincialización”
En este contexto, una delegación del SUTNA se presentó ante el gobernador Axel Kicillof y le entregó una nota formal solicitando que la Provincia utilice “todas las herramientas disponibles” para avanzar en la reapertura y defender los 920 puestos de trabajo.
Según informó el gremio, el mandatario bonaerense manifestó que está al tanto de la situación, confirmó que la intervención de funcionarios provinciales respondió a instrucciones directas suyas y aseguró que el reclamo será incorporado a un expediente. Además, se comprometió a involucrarse personalmente en la búsqueda de una solución.
El planteo sindical se combina con otra propuesta que gana volumen político: que el Estado bonaerense evalúe la “provincialización” de la empresa en caso de que el grupo empresario no revierta su decisión. La iniciativa, impulsada por sectores gremiales y de izquierda, propone declarar a Fate como una actividad esencial y ponerla a producir bajo control de sus trabajadores.
“El gobierno de la provincia tiene que provincializar la fábrica y ponerla a trabajar con control de sus trabajadores”, reclamaron referentes del Frente de Izquierda Unidad, Alejandro Bodart y Celeste Fierro, al advertir que “casi mil familias” podrían quedar sin ingresos.
El avance del conflicto se da en un marco de fuertes críticas del gobernador al rumbo económico nacional. Kicillof advirtió recientemente que el país atraviesa “ya no un industricidio, sino un plan de exterminio de la industria nacional” y señaló que, de las 22.000 empresas que habrían cerrado en los últimos meses, unas 6.000 estaban radicadas en la provincia de Buenos Aires.
En referencia al caso, el mandatario sostuvo: “Hay un conflicto, que va a cerrar Fate, o va a cerrar una empresa de 900 y pico de empleados. Eso debería despertar en el Gobierno nacional una reacción para evitarlo”.