Estalla la tensión con el campo por un pedido sindical para subir impuestos y destrabar la paritaria
La paritaria bonaerense sumó un condimento explosivo. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) planteó que la Provincia evalúe aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural y crear nuevos tributos para mejorar la oferta salarial a los estatales, y la reacción no tardó en llegar: desde la oposición y el sector agropecuario denunciaron un nuevo intento de “impuestazo”.
El gremio, que conduce Claudio Arévalo, formalizó el pedido ante el Ministerio de Trabajo bonaerense que encabeza Walter Correa. En el documento reclamó una convocatoria urgente a paritarias y sostuvo que, frente a la “asfixia” financiera que atribuyen al gobierno nacional de Javier Milei, deben pensarse medidas para “la apropiación de mayores niveles de renta de los que más tienen en nuestro territorio provincial”.
Entre las alternativas enumeradas mencionaron “aumentar el impuesto inmobiliario rural, cobro adicional para inmuebles dentro de barrios cerrados, impuesto adicional al inmueble urbano ocioso, fortalecimiento del impuesto a la herencia, entre otros”.
Reacción inmediata y acusaciones cruzadas
El planteo desató una fuerte controversia política. El diputado bonaerense de la Coalición Cívica, Luciano Bugallo, salió al cruce con un mensaje incendiario en redes sociales. “Los muchachos de ATE le piden a Kicillof que aumente impuestos a ‘los ricos’, para que pueda pagar mejores sueldos públicos… y, de paso, llevarse su tajada en el medio”, escribió.
Y redobló la apuesta: “¿A ninguno le funciona al menos una sola neurona, para que, por ejemplo, proponer bajar el gasto en pelotudeces, como Pauta Oficial? Ahora quieren aumentar el Impuesto Inmobiliario Rural, a la Herencia, además de crear uno nuevo para inmuebles ociosos, entre otras ‘brillantes iniciativas’ de mentes apagadas. ¡Están en pedo!”.
Bugallo, quien además es agrónomo general, recordó además que presentó proyectos para eliminar el Inmobiliario Complementario y el impuesto a la herencia, junto con una reforma integral de la Ley Fiscal.
El cruce no es aislado. Tiempo atrás, en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM, el legislador ya había cargado contra la política tributaria de la administración de Axel Kicillof, al calificarla como “calamitosa” en materia agropecuaria. En esa entrevista denunció que los aumentos del Inmobiliario Rural superaban el tope del 200% fijado por la Legislatura y que estaban llegando partidas con subas de “400, 500 y hasta 700 por ciento”.
“El gobernador y el director de ARBA están mintiendo y están cobrando un ‘impuestazo’ por encima de lo que la Legislatura aprobó”, había afirmado entonces, al acompañar el reclamo de entidades rurales.
El Inmobiliario Rural, otra vez en el centro
El Impuesto Inmobiliario Rural es uno de los tributos más sensibles dentro de la estructura fiscal bonaerense. Cada discusión sobre su actualización suele abrir un frente de conflicto con el agro, que denuncia una presión impositiva creciente a nivel provincial y municipal.
Un antecedente reciente expone con claridad esa tensión: en noviembre, la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa (Carbap) salió con dureza contra la Provincia por la aplicación de un adicional del 25% en el Inmobiliario Rural —que el sector bautizó como “quinta cuota”— y advirtió que “cuando el agua ahoga, el Estado tira un salvavidas de plomo”, denunciando una “asfixia fiscal en plena emergencia”, mientras que desde la Agencia de Recaudación de la Provincia de Buenos Aires aclararon que “no se trata de una quinta cuota” sino de un monto previsto por ley y focalizado en las partidas de mayor valuación.
En este contexto, la sola mención de un posible incremento volvió a encender alarmas en el sector. Productores vienen señalando que, tras años de sequía y con altos costos de insumos, el margen de rentabilidad es ajustado, y que cualquier modificación tributaria impacta de lleno en la actividad.
En la misma línea, la diputada provincial Silvina Vaccarezza, del bloque UCR+Cambio Federal, advirtió en diálogo con GRUPOLAPROVINCIA.COM que “el potencial del campo es enorme, pero es muy difícil producir sin reglas claras”, y remarcó que la provincia atraviesa “una parálisis en la infraestructura rural, con caminos intransitables”, al sostener que no se puede hablar de mayor productividad si no se garantizan condiciones básicas para el desarrollo del sector.
Desde ATE defendieron su postura al señalar que “la prioridad debe ser garantizar el salario de las y los estatales bonaerenses que con su trabajo sostienen todas las políticas públicas de los más de 17 millones bonaerenses”. También advirtieron que, desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026, la canasta de servicios públicos en el AMBA aumentó 593%, mientras que el nivel general de precios lo hizo en 200%, y que la devaluación posterior a la salida del cepo implicó una pérdida del 13,5% del poder adquisitivo en un mes.
La Provincia, por su parte, sostiene que dejó de percibir $22,2 billones desde diciembre de 2023 por recortes y paralización de fondos nacionales, según detalló el ministro de Economía bonaerense, Pablo López.
Con la paritaria todavía sin acuerdo y medidas de fuerza en el horizonte, el foco político ya no está sólo en el porcentaje de aumento, sino en el impacto que podría tener una eventual suba de impuestos en uno de los sectores productivos más fuertes del territorio bonaerense.