Paritarias empantanadas y paros en puerta: marzo arranca con fuego en la Provincia
Docentes, judiciales y estatales endurecen su postura tras rechazar la última oferta salarial y presionan al Ejecutivo bonaerense para reabrir la negociación en un escenario fiscal cada vez más ajustado.
PolíticaEl miércoles
Mariana Portilla
La pulseada salarial volvió a tensar la relación entre el gobierno bonaerense y los gremios estatales en la antesala de un marzo cargado de definiciones políticas. Con paros anunciados y una oferta salarial rechazada de plano, la gestión de Axel Kicillof enfrenta un escenario complejo.
GRUPOLAPROVINCIA.COM viene siguiendo de cerca la situación. La última propuesta del Ejecutivo —un incremento del 3% para febrero— no logró destrabar la negociación y terminó unificando el rechazo de docentes, judiciales y estatales administrativos. A casi tres semanas de aquella oferta, la falta de una nueva convocatoria paritaria encendió las alarmas en el arco sindical, que ahora acelera medidas de fuerza y endurece el discurso frente a la Casa de Gobierno.
En las últimas horas, la Federación de Gremios Estatales y Particulares de la Provincia de Buenos Aires (FEGEPPBA), conducida por Julio Castro, fue una de las últimas en formalizar el reclamo. A través de una nota dirigida al ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, exigió la reapertura “urgente” de la negociación colectiva para discutir una recomposición salarial que impacte en los haberes de marzo.
El planteo no es aislado. La Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) bonaerense, encabezada por Claudio Arévalo, también reclamó una nueva convocatoria y fue más allá: propuso avanzar en medidas fiscales que permitan captar mayor renta de los sectores de mayor poder económico para sostener los salarios estatales.

En paralelo, la Asociación Judicial Bonaerense (AJB) realizó asambleas en todas sus departamentales y dejó a su conducción con mandato para avanzar hacia un paro total de actividades. Su secretario general, Hugo Russo, reclamó una oferta que contemple la inflación real, la pérdida salarial acumulada y el cumplimiento de compromisos pendientes con jubilados y pensionados del sector.
El conflicto docente, en tanto, ya tiene fecha: el 2 de marzo no habrá inicio normal de clases en la Provincia. Los sindicatos del Frente de Unidad Docente Bonaerense rechazaron la propuesta oficial y confirmaron su adhesión al paro nacional convocado por CTERA, con impacto directo en territorio bonaerense.
#Paritaria
— Asociación Judicial Bonaerense (@AJBOficial) January 21, 2026
La reunión extraordinaria de la Comisión Directiva Provincial aceptó en #disconformidad el aumento salarial ofrecido.
❗️4,5% con el cobro con el salario de enero (1% diciembre 2025 + proporcional aguinaldo + retroactivo diciembre + 2% enero) pic.twitter.com/7XYFE4BDxF
Ajuste, fondos nacionales y la estrategia del Ejecutivo
Desde el entorno de Kicillof insisten en que la negociación “sigue abierta”, aunque reconocen las dificultades para mejorar la oferta salarial en el corto plazo. El Gobierno otorgó un aumento a cuenta del 1,5% para evitar que los salarios queden por debajo de los niveles de diciembre, tras la desaparición de pagos retroactivos que se habían liquidado en enero. Sin embargo, los gremios consideran que esa decisión unilateral no resuelve el atraso estructural de los ingresos.
En la explicación oficial, el factor central es el financiero. La Provincia sostiene que el recorte de recursos nacionales dispuesto por la administración de Javier Milei —que estima en unos 22 billones de pesos— condiciona severamente cualquier margen de maniobra. A eso se suma la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que representaba cerca del 10% del salario docente y cuya restitución fue judicializada ante la Corte Suprema, sin resolución hasta el momento.
Mientras tanto, ATE y otros gremios plantean que, además de reclamar los fondos nacionales, el Ejecutivo provincial debería discutir herramientas propias: desde aumentos en el impuesto inmobiliario rural hasta gravámenes sobre countries, inmuebles urbanos ociosos y herencias. La discusión, así, empieza a correrse del terreno estrictamente salarial hacia un debate más amplio sobre el esquema de recaudación y la distribución del esfuerzo fiscal.
Con la apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura prevista también para el 2 de marzo, Kicillof llegará a ese acto institucional atravesado por paros, protestas y una negociación clave aún sin resolver. La cuenta regresiva ya empezó: si no hay una propuesta superadora en los próximos días, el conflicto estatal amenaza con convertirse en uno de los principales focos de desgaste político del inicio del año bonaerense.

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