La paritaria bonaerense como termómetro del ajuste nacional y la estrategia provincial

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, abrirá el próximo 2 de marzo las sesiones ordinarias de la Legislatura en un escenario atravesado por la tensión salarial con los gremios docentes y estatales. Ese mismo día, la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (CTERA) convocó a un paro nacional que tendrá impacto directo en territorio bonaerense, donde SUTEBA ya confirmó su adhesión.

La medida de fuerza se produce en paralelo a la negociación paritaria provincial. El último ofrecimiento del Ejecutivo bonaerense fue de un 3% de aumento para febrero, propuesta que fue rechazada por los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB), entre ellos la FEB, Udocba, Sadop y AMET. Argumentan que el incremento resulta insuficiente frente a la inflación en curso y no recompone la pérdida acumulada durante 2025.

El impacto del recorte del FONID

Uno de los ejes centrales del conflicto es la eliminación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), dispuesto por el gobierno de Javier Milei a través del Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, publicado el 27 de marzo de 2024. El fondo, vigente durante más de 25 años, representaba alrededor del 10% del salario total docente en la provincia.

En Buenos Aires, la interrupción de esa transferencia implicó la pérdida de aproximadamente 14.500 millones de pesos mensuales. Inicialmente, la Provincia absorbió el impacto con recursos propios, pero la actual situación fiscal limita esa posibilidad. Ante la falta de respuesta del Ejecutivo nacional, Kicillof instruyó a la Fiscalía de Estado para demandar ante la Corte Suprema la restitución de los fondos. El máximo tribunal aún no se expidió.

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Mientras tanto, fuentes provinciales aseguran que la negociación “sigue abierta” y que existe diálogo informal con los sindicatos. El Gobierno otorgó una suba a cuenta del 1,5% y tiene margen hasta el 13 de marzo, cuando comienza la liquidación de haberes, para intentar cerrar un acuerdo.

Judiciales y estatales profundizan la presión

El conflicto no se limita al sector docente. La Asociación Judicial Bonaerense (AJB) ratificó en sus 20 departamentales el rechazo unánime a la oferta del 3% y mandató a su conducción a convocar un paro total de actividades en conjunto con otros gremios estatales durante la próxima semana.

El secretario general del gremio, Hugo Russo, sostuvo: “Tomamos el mandato expresado y nos encontramos trabajando en estos días en la búsqueda de que el Ejecutivo nos convoque para realizar una propuesta superadora que contemple la inflación y la pérdida de poder adquisitivo de los salarios, así como también el cobro del Ac. 4093 para nuestros jubilados y pensionados”.

En paralelo, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) pidió formalmente la reapertura urgente de paritarias y un aumento de emergencia para los sectores más postergados, como auxiliares de la educación. El gremio advirtió que desde diciembre de 2023 hasta febrero de 2026 la canasta de servicios públicos en el AMBA subió 593%, mientras que el nivel general de precios aumentó 200%, lo que —según expresaron— generó una fuerte pérdida del poder adquisitivo.

Además, ATE cuestionó el recorte de recursos nacionales hacia la Provincia y planteó la necesidad de discutir herramientas fiscales para fortalecer la recaudación, entre ellas cambios en el impuesto inmobiliario rural y gravámenes sobre inmuebles ociosos.

En un distrito con más de 7.000 escuelas públicas y cerca de 6.000 privadas —donde el 70% de los estudiantes asiste a establecimientos estatales— el funcionamiento regular del ciclo lectivo depende de una definición salarial que, por ahora, sigue en negociación y con paro confirmado para el inicio de clases.