Represión a jubilados: la causa contra Bullrich seguirá en la Justicia federal
La Corte Suprema resolvió que la Justicia federal deberá investigar la denuncia presentada contra la exministra de Seguridad y actual senadora nacional Patricia Bullrich por la represión ocurrida el 4 de septiembre de 2024 frente al Congreso, durante una protesta contra el veto del presidente Javier Milei al aumento de jubilaciones aprobado por el Parlamento.
El expediente había quedado trabado durante más de un año y medio por un conflicto de competencias entre tribunales. Finalmente, el máximo tribunal del país determinó que el caso quede en manos del juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, quien deberá analizar si hubo delitos de abuso de autoridad y apremios ilegales en el operativo de seguridad desplegado aquella jornada.
La denuncia fue presentada por el diputado nacional de Unión por la Patria y exsecretario de Derechos Humanos Horacio Pietragalla, quien responsabilizó a Bullrich por haber ordenado el operativo policial que terminó con decenas de personas heridas durante la movilización.
La resolución de la Corte siguió el dictamen del procurador interino de la Nación, Eduardo Casal, y fue firmada por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Un operativo con más de 800 efectivos y decenas de heridos
La protesta del 4 de septiembre de 2024 se desarrolló en los alrededores del Congreso mientras el entonces jefe de Gabinete, Guillermo Francos, presentaba su primer informe de gestión ante la Cámara de Diputados. Afuera, organizaciones de jubilados y distintos sectores sociales se movilizaban contra el veto presidencial al aumento de haberes aprobado por el Congreso.
Ese día, el Ministerio de Seguridad desplegó un operativo con alrededor de 800 agentes de las cuatro fuerzas federales, motos, camionetas y camiones hidrantes para controlar la manifestación.
El saldo fue de más de treinta personas heridas, entre ellas ocho trabajadores de prensa, y dos detenidos. Durante el operativo se utilizaron gases lacrimógenos y golpes con bastones para dispersar la protesta.
Tras los incidentes, Bullrich defendió el accionar policial y celebró el despliegue de seguridad desde el centro de monitoreo. “Pese a que los violentos de siempre quisieron imponerse por la fuerza y el caos para seguir destruyendo la Argentina, hicimos que prevalezca la ley y el orden. ¡Vamos a fondo contra los violentos!”, afirmó en aquel momento.
El conflicto judicial que demoró la investigación
La denuncia de Pietragalla recayó inicialmente en el juzgado federal de Martínez de Giorgi. Sin embargo, el magistrado consideró que el caso estaba vinculado “en última instancia” con la validez de la resolución 943/2023 del Ministerio de Seguridad, norma que instauró el llamado protocolo antipiquetes.
Con ese argumento, el juez intentó trasladar la causa a la Justicia ordinaria de la Ciudad de Buenos Aires, donde ya se tramitaba un hábeas corpus preventivo contra ese protocolo.
El Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°28 rechazó la competencia al sostener que se trataba de cuestiones jurídicas distintas. Según ese tribunal, la causa vinculada al protocolo era una acción declarativa de certeza, mientras que la denuncia contra Bullrich investigaba presuntos delitos de acción pública.
En su resolución, el juez nacional remarcó además que “la investigación de la conducta de quien se desempeña como ministra de la Nación por un acto propio de su función es de indudable competencia federal”.
El procurador interino Eduardo Casal coincidió con esa interpretación y elevó un dictamen al máximo tribunal señalando que las causas tenían “diferencias categóricas en cuanto a la pretensión y el trámite”, por lo que no correspondía unificarlas.
Con ese antecedente, la Corte Suprema resolvió el conflicto de competencias y determinó que el expediente vuelva al juzgado federal de Martínez de Giorgi para avanzar con la investigación.
Pietragalla insiste en investigar responsabilidades políticas
Tras conocerse la decisión del máximo tribunal, Pietragalla confirmó que volverá a presentarse ante el juzgado federal para impulsar el expediente.
“Después de un año y medio de los hechos, la Corte Suprema definió que la Justicia Federal tiene que investigar la denuncia que hice contra Patricia Bullrich por abuso de autoridad y apremios ilegales en la represión a los jubilados en septiembre del 2024”, sostuvo el legislador.
El exsecretario de Derechos Humanos cuestionó además el accionar de las fuerzas federales durante las protestas sociales en el actual contexto político.
“Mientras definían eso, las fuerzas federales siguieron (y siguen) reprimiendo en cada manifestación, coartando la libertad de expresión de los argentinos y las argentinas”, afirmó.
“Nos vamos a presentar nuevamente ante el juez Martínez de Giorgi para que se haga cargo de sus obligaciones e investigue a los responsables políticos que envían a las fuerzas federales a detener gente por protestar, lesionar con gases y palos, y actuar en jurisdicción de la Ciudad de Buenos Aires, sin competencia”.