La UCR bonaerense, atrapada en un laberinto
El radicalismo bonaerense volvió a sumar un nuevo capítulo a su prolongada crisis interna. La Justicia federal con competencia electoral rechazó la medida cautelar presentada por el dirigente Miguel Fernández para frenar el adelantamiento de las elecciones partidarias, lo que mantiene en pie, al menos por ahora, el cronograma que fija los comicios para el 7 de junio.
La decisión fue tomada por el juez federal Alejo Ramos Padilla, quien entendió que las cautelares en materia electoral son medidas excepcionales y que, por el momento, no cuenta con todos los elementos necesarios para evaluar la validez de la reunión que modificó el calendario.
De esta manera, el magistrado resolvió que el conflicto debe analizarse cuando se discuta el fondo del caso, lo que abre una nueva etapa judicial dentro de una disputa política que ya lleva meses y que, como viene anticipando GRUPOLAPROVINCIA.COM, refleja las dificultades de la Unión Cívica Radical para ordenar su conducción en la provincia más importante del país.
En contacto con este medio, desde el entorno de Fernández, presidente del Comité de Contingencia de la UCR bonaerense, aclararon que el rechazo judicial no implica una validación de la decisión que adelantó las elecciones.
Según explicaron, el juez consideró que aún no cuenta con todos los elementos de juicio necesarios para determinar si la reunión del 6 de marzo se realizó de acuerdo con lo establecido por la Carta Orgánica del partido.
En ese sentido, la decisión judicial se limitó a rechazar la medida cautelar solicitada para suspender los efectos de esa resolución, pero dejó abierta la discusión principal. “La democracia interna no consiste solamente en votar, sino también en respetar las reglas bajo las cuales se vota”, señalaron desde el sector del dirigente radical.
El expediente avanza y se abre la discusión de fondo
Tras resolver la cautelar, el juez Ramos Padilla dispuso correr traslado de la demanda por cinco días al partido, a través de sus apoderados, para que respondan el planteo judicial.
En esa instancia deberán responder sobre varios puntos clave del conflicto interno: la validez de la autoconvocatoria del 6 de marzo, la interpretación del artículo 74 de la Carta Orgánica respecto de quién puede convocar a las reuniones, la legalidad de la resolución que adelantó las elecciones internas al 7 de junio, y si el cronograma electoral aprobado el 30 de octubre de 2025 podía ser modificado.
Es decir, la discusión ahora entra en una fase más profunda: determinar si el acto partidario que cambió la fecha de las elecciones fue legal o no.
La disputa se originó el 6 de marzo, cuando un grupo de integrantes del Comité de Contingencia del radicalismo bonaerense se autoconvocó en La Plata y decidió modificar el calendario electoral interno.
En esa reunión se resolvió adelantar la elección de autoridades partidarias al 7 de junio, cuando el cronograma vigente fijaba los comicios para el 6 de septiembre de 2026. El cambio fue impulsado por dirigentes cercanos al senador nacional Maximiliano Abad, al intendente de San Isidro Gustavo Posse y al espacio Evolución Radical, vinculado a Martín Lousteau.
Entre quienes votaron a favor del adelantamiento estuvieron Walter Carusso, Sofía Gambier, Ariel Martínez Bordaisco, Miguel Ángel Bazze y Josefina Mendoza.
Se abstuvieron el intendente de Tandil Miguel Lunghi y la dirigente Josefina Ignacio, vinculada al histórico dirigente radical Federico Storani. Posteriormente, la Convención de Contingencia ratificó la decisión con nueve votos a favor y uno en contra.
La postura de Fernández: “Es una decisión nula”
Desde el sector que encabeza Miguel Fernández sostienen que la reunión del 6 de marzo carece de sustento reglamentario.
El dirigente recordó que la presidencia del Comité de Contingencia ya había convocado formalmente a una reunión para el 12 de marzo, respetando los plazos previstos por la normativa partidaria.
“Corresponde aclarar que la Presidencia ya había convocado formalmente a reunión para el día 12 de marzo. Por lo tanto, la autoconvocatoria realizada carece de sustento reglamentario y las decisiones adoptadas en ese ámbito resultan nulas”, planteó.
En ese marco, presentó la demanda ante la Justicia electoral solicitando que se declare la nulidad de las resoluciones adoptadas en ese encuentro.
Detrás de la discusión jurídica aparece un reordenamiento político dentro del radicalismo bonaerense. Fernández ya había manifestado su malestar con el nuevo esquema de alianzas internas que comenzó a consolidarse en el partido.
“Lo paradójico es que el año pasado la discusión era Abad–Lousteau enfrentados, y hoy Abad y Lousteau han hecho una alianza”, señaló el dirigente. También rechazó las versiones que lo ubican subordinado a otros sectores del partido.
“Algunos suponen que el otro es el empleado. Yo no soy empleado de nadie”, lanzó. Sus declaraciones reflejan una ruptura política con el abadismo con quien hasta hace poco compartía espacio dentro de la estructura partidaria.
Una crisis que el radicalismo arrastra desde 2024
La actual disputa no puede entenderse sin mirar el origen del conflicto. La UCR bonaerense atraviesa una crisis institucional desde octubre de 2024, cuando las elecciones internas dejaron un escenario de empate entre la lista Adelante, encabezada por Miguel Fernández, y Futuro, liderada por Pablo Domenichini.
Las diferencias en la interpretación de los resultados terminaron judicializando el proceso y bloquearon la asunción de nuevas autoridades.
Para intentar resolver el conflicto se creó una conducción provisoria integrada por un Comité de Contingencia y una Convención de Contingencia, una estructura transitoria que debía ordenar la transición.
Sin embargo, el nuevo enfrentamiento por el calendario electoral demuestra que el radicalismo bonaerense sigue atrapado en un laberinto político del que, por ahora, no logra salir.