La oferta del 9% no ordena el tablero y expone la interna del Poder Judicial bonaerense
La negociación salarial de los judiciales bonaerenses volvió a exponer una trama más profunda que un simple tira y afloje paritario. La última oferta del gobierno de Axel Kicillof —un incremento del 9% en tres tramos hasta abril— reactivó el diálogo con la Asociación Judicial Bonaerense (AJB), pero dejó al descubierto un problema estructural: la ausencia de la Suprema Corte en la mesa que define buena parte del futuro del sistema.
Mientras la Provincia intenta cerrar acuerdos con todos los sectores estatales en un contexto económico condicionado por la caída de recursos, el conflicto judicial suma capas de tensión que exceden lo salarial y se proyectan sobre el funcionamiento mismo de la Justicia.
Una oferta que busca cerrar, pero no alcanza
El Ejecutivo bonaerense puso sobre la mesa un esquema de aumento del 9% para el período febrero-marzo-abril, calculado sobre los haberes de enero de 2026. La propuesta incluye la consolidación del 1,5% ya otorgado en febrero, un 5% en marzo y un 2,5% en abril, además de una cláusula de monitoreo en mayo y la reapertura de la negociación en junio en función de variables como inflación y recaudación.
El movimiento oficial apunta a alinear la paritaria judicial con los acuerdos ya alcanzados con docentes, estatales y personal de salud, en un intento por ordenar el frente salarial en medio de restricciones fiscales. Sin embargo, el ofrecimiento no logra despejar las tensiones internas del sector.
La AJB no solo debe evaluar si el porcentaje satisface la recomposición del poder adquisitivo, sino también cómo impacta en una estructura atravesada por reclamos pendientes. Por eso convocó a asambleas en las 20 departamentales para el viernes 20 de marzo, donde se definirá la aceptación o rechazo de la oferta y eventuales medidas.
La silla vacía que bloquea la negociación
El dato político más relevante de la reunión no estuvo en los números sino en una ausencia: la de la Suprema Corte bonaerense. La decisión de no participar en la paritaria generó un fuerte rechazo del gremio y, sobre todo, dejó sin tratamiento dos reclamos centrales.
Por un lado, la implementación de la subcategoría E del Acuerdo 4093/4191, que busca incorporar a trabajadores que hoy quedan fuera de ese esquema. Por otro, la institucionalización de una Mesa Técnica de Carrera Judicial que permita discutir una jerarquización integral del sistema.
Desde la AJB fueron explícitos: “se exige a los dos poderes del Estado, con la máxima premura, el establecimiento de un diálogo conducente para concretar este reclamo”.
La respuesta del Ejecutivo también marcó límites. Según se planteó en la reunión, sin la presencia de la Corte no es posible avanzar en definiciones sobre esos puntos, lo que deja la negociación parcialmente trabada.
Este cortocircuito expone una dinámica cada vez más evidente: la política salarial del Poder Judicial no depende únicamente del gobierno provincial, sino de un esquema institucional donde la Corte tiene un rol determinante.
Un conflicto que desborda lo salarial
La paritaria judicial se da en un contexto de fuerte malestar dentro de todo el sistema. En las últimas semanas, jueces, fiscales, trabajadores y hasta jubilados multiplicaron reclamos que apuntan tanto al Ejecutivo como a la Suprema Corte y la Procuración.
El trasfondo incluye desde problemas edilicios y falta de recursos hasta episodios de violencia en tribunales que encendieron alarmas sobre la seguridad judicial.
A eso se suman las demandas salariales de fiscales, que advierten sobre la pérdida de poder adquisitivo y el impacto en el funcionamiento del sistema penal, y el pedido de magistrados para participar directamente en las discusiones paritarias.
En paralelo, trabajadores de defensorías públicas denunciaron condiciones laborales precarias, mientras que sectores de jubilados judiciales alertaron sobre recortes significativos en sus haberes vinculados a la aplicación de acordadas vigentes.
Este escenario condiciona cualquier negociación salarial. La oferta del 9% aparece, así, como un intento de ordenar una parte del conflicto, pero no resuelve las tensiones estructurales que atraviesan al Poder Judicial bonaerense.
En ese marco, la definición que adopten las asambleas del viernes no solo impactará en los salarios, sino también en la dinámica de un conflicto que involucra a múltiples actores y que, por ahora, sigue abierto.