Con AUBASA en carrera, la Provincia denuncia cambios en la licitación de rutas y busca blindar el proceso con veedores
La decisión de la Provincia de Buenos Aires de meterse de lleno en la licitación de rutas nacionales abrió un nuevo frente político con la Casa Rosada. Con la empresa estatal AUBASA como oferente, el gobierno de Axel Kicillof no sólo salió a disputar la concesión de más de 1.300 kilómetros estratégicos, sino que activó un pedido formal para que organismos de control intervengan como veedores ante lo que considera un proceso “con arbitrariedades” y reglas cambiantes.
Licitación bajo sospecha: cambios de último momento y denuncias
El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, encabezó la ofensiva con una presentación ante el Ministerio de Economía que conduce Luis Caputo. El planteo fue directo: pidió la intervención previa —y no posterior— de las Defensorías del Pueblo de la Nación y de la provincia para garantizar “legalidad, objetividad y transparencia” en la licitación de la Red Federal de Concesiones.
El trasfondo del reclamo es una serie de modificaciones introducidas por el Gobierno nacional durante el proceso. Según detalló Katopodis, entre diciembre y febrero se emitieron al menos cuatro circulares que alteraron condiciones clave del pliego original. La más cuestionada fue una circular “sin consulta” publicada apenas días antes del cierre, que incorporó nuevas exigencias técnicas y económico-financieras.
“Modificaron 33 de 34 artículos y cambiaron una contratación cuando ya estaba iniciada”, afirmó el funcionario, quien además advirtió que estas decisiones “afectan la igualdad entre oferentes y la previsibilidad del proceso”.
En la misma línea, sostuvo que “a una semana de cumplido el plazo de la presentación de las ofertas modificaron toda la estructura de la licitación”, lo que —según interpretó— podría haber tenido como objetivo “orientar que otras empresas puedan obtener la adjudicación”.
La Provincia sostiene que AUBASA cumplió con todos los requisitos desde el inicio, sin observaciones formales en materia técnica o contable. Sin embargo, la Comisión Evaluadora solicitó aclaraciones sobre aspectos que no figuraban en los pliegos, como la validación de su experiencia en obras ejecutadas a través de terceros, un punto que fue rechazado por el gobierno bonaerense por considerarlo inconsistente con el funcionamiento habitual de concesionarias viales.
La disputa por el modelo de rutas y peajes
Detrás de la discusión técnica aparece una diferencia de fondo sobre el modelo de gestión vial. Katopodis defendió el perfil de AUBASA como empresa pública “superavitaria” que reinvierte sus ingresos en obras y mantiene tarifas accesibles. “Nuestro único objetivo es mantener las rutas en las mejores condiciones, con una tarifa adecuada y competitiva”, aseguró.
En contraposición, cuestionó el esquema impulsado por la administración de Javier Milei, al advertir que podría derivar en “peajes más caros y dolarizados, sin obras”. También apuntó contra la paralización de la inversión nacional en infraestructura: “El Gobierno no construyó un solo kilómetro de rutas y dejó de ejecutar $6,1 billones destinados por ley”.
El ministro fue más allá al enmarcar la licitación en un contexto de “hostilidad política y financiera” hacia la Provincia. Según sostuvo, existe el riesgo de una “desviación de poder” que derive en la exclusión arbitraria de la empresa estatal bonaerense. “Exigimos la intervención de un tercero que garantice una adjudicación objetiva, verificable y sin discrecionalidad”, planteó.
Infraestructura paralizada y alerta por seguridad vial
El conflicto por la licitación se da en paralelo a un escenario crítico en materia de infraestructura vial. Desde el Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires advirtieron que la falta de inversión ya tiene consecuencias concretas en la seguridad.
El presidente de la entidad, Jorge Castellano, fue contundente: “No se pueden dejar de mantener las rutas y caminos como no se pueden dejar de limpiar los cursos de agua”. La advertencia se apoya en casos puntuales, como el cruce entre la Ruta Nacional 3 y la Ruta 3 vieja, en el corredor Bahía Blanca–Monte Hermoso, donde se registraron accidentes fatales durante 2025.
Según el informe técnico, las condiciones del trazado —curvas, baja visibilidad y maniobras forzadas— no cumplen con estándares básicos de seguridad vial. La entidad solicitó medidas urgentes y la inclusión de la obra como prioridad en el futuro esquema de concesión.
El diagnóstico del sector profesional coincide con el planteo de la Provincia: la ausencia de una política nacional activa en infraestructura genera respuestas fragmentadas y limita la capacidad de encarar obras estructurales. Incluso las intervenciones más básicas quedan condicionadas por la falta de financiamiento y la paralización de proyectos en curso.
En ese contexto, desde el Colegio también alertaron sobre la situación jurídica de obras detenidas sin respaldo legal claro, con riesgos que recaen sobre empresas y profesionales. “La financiación es mucho más compleja y su alcance mucho más reducido”, advirtió Castellano.
La disputa por la licitación de rutas, entonces, no sólo pone en juego un negocio millonario, sino también el control de corredores clave para la producción, el transporte y la seguridad vial en la provincia de Buenos Aires. “Estamos hablando de rutas clave para la producción, el transporte y la seguridad vial. No podemos permitir que sigan deteriorándose”, señaló Katopodis.