Condena por el caso Massa: la maniobra judicial para desacreditar la investigación y sus derivaciones políticas
El fallo del Juzgado en lo Correccional N°6 de San Isidro cerró un capítulo que llevaba más de una década latente en los tribunales bonaerenses: la condena al exfiscal Carlos Washington Palacios, dos abogados y un testigo por haber montado una maniobra con pruebas falsas para beneficiar al autor del robo a la casa de Sergio Massa en 2013.
Pero lejos de tratarse de un expediente aislado, la sentencia reconstruye un entramado que cruzó intereses judiciales, vínculos políticos y operaciones destinadas a alterar el curso de una causa penal ya resuelta.
El juez consideró probado que Palacios utilizó su rol como fiscal para intervenir activamente en un esquema de encubrimiento agravado, falsedad ideológica e instigación al falso testimonio. La pena: seis años de prisión y doce de inhabilitación para ejercer cargos públicos.
Los abogados Tomás Pérez Bodria y Esteban Mauricio Español recibieron cinco años de cárcel e inhabilitación profesional, mientras que el testigo César Emiliano Jaunarena fue condenado a cuatro años de prisión.
La sentencia no solo apunta a las responsabilidades individuales sino que subraya la “gravedad institucional” de los hechos: un fiscal que, lejos de investigar, habría direccionado una causa para beneficiar a un condenado y erosionar la credibilidad del sistema judicial.
El engranaje de la maniobra
El punto de partida fue el robo ocurrido el 21 de julio de 2013 en la casa de la familia Massa-Galmarini, en Tigre. Por ese hecho fue condenado a 13 años de prisión el ex prefecto Alcides Gorgonio Díaz, cuya responsabilidad quedó firme tras la intervención del Tribunal de Casación.
Sin embargo, entre fines de 2014 y marzo de 2015 comenzó a gestarse una operación paralela. Según la reconstrucción judicial, Jaunarena —testigo de los allanamientos originales— fue instigado por los abogados Pérez Bodria y Español para presentar una denuncia por amenazas. Ese expediente, que debía investigar un hecho puntual, se convirtió en la puerta de entrada para reabrir indirectamente el caso principal.
A partir de allí, la fiscalía a cargo de Palacios desvió el eje de la investigación. En lugar de profundizar sobre las supuestas amenazas, se impulsó una línea destinada a desacreditar los allanamientos que habían permitido condenar a Díaz. El relato incluía afirmaciones que luego fueron desmentidas: que se había secuestrado más dinero del registrado y que un hombre desconocido había retirado un bolso con efectivo del lugar.
El tribunal dio por acreditado que esas versiones no fueron errores ni interpretaciones divergentes, sino parte de una construcción deliberada. La coordinación entre los implicados quedó respaldada por comunicaciones telefónicas y testimonios, además de intentos concretos de influir sobre otros actores del proceso.
Uno de los episodios más sensibles fue la presión denunciada por el comisario Gabriel Natiello, quien aseguró que fue citado a un estudio jurídico para que modificara su declaración y la ajustara al relato impulsado por la maniobra.
Operación, política y justicia
El fallo también expone cómo la maniobra buscó impactar en el juicio oral contra Díaz. En marzo de 2015, Palacios envió de manera irregular un sobre al tribunal con material de la investigación paralela para intentar declarar la nulidad de la causa principal. La jugada fue rechazada por los jueces, que descartaron la prueba por considerarla espuria.
Para evitar que el circuito quedara expuesto, el exfiscal mantuvo el expediente en reserva, omitió cargar datos clave en el sistema informático del Ministerio Público y llegó a coordinar acciones con el entorno del condenado. La investigación acreditó incluso contactos con la esposa de Díaz, a quien le facilitaba información sensible.
El trasfondo no quedó al margen del análisis judicial. En aquel momento, Massa era candidato a diputado nacional por el Frente Renovador, con la agenda de seguridad como eje de campaña para enfrentar al gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. Desde su entorno siempre se sostuvo que el robo tuvo características de amedrentamiento político o de operación de inteligencia.
Esa hipótesis reaparece en las reacciones posteriores al fallo. Malena Galmarini lo sintetizó en redes sociales: “Se metieron con mi familia. Intentaron ensuciar la verdad y terminaron CONDENADOS. La justicia tarda pero llega. 13 años de mentiras, operaciones, ventajas políticas y corrupción llegaron a su fin”.
En paralelo, el caso reavivó tensiones políticas. Pérez Bodria, uno de los abogados condenados, tiene trayectoria en Pilar y vínculos históricos con la Coalición Cívica. Elisa Carrió, de hecho, había respaldado a Palacios durante el jury que terminó con su destitución en 2019.
Desde el entorno de Massa y Galmarini anticiparon que evalúan avanzar con presentaciones judiciales contra la dirigente, tanto en el fuero penal como civil, al señalar presuntas conexiones en el entramado.
El expediente también se cruza con otra interna del sistema judicial de San Isidro. Palacios había argumentado que no remitió la causa a la unidad correspondiente por desconfianza en el fiscal Claudio Scapolán, posteriormente destituido y condenado por narcotráfico.
Esa disputa, que ya había estallado años antes con denuncias cruzadas dentro del Ministerio Público, aparece como telón de fondo de una causa que terminó exhibiendo un uso irregular de la función judicial para fines ajenos al proceso.
La sentencia sostiene que el objetivo de la asociación fue claro: favorecer a Díaz, intentar anular el allanamiento y generar condiciones para que el condenado pudiera eludir la acción de la justicia, utilizando para ello el propio aparato judicial.