Jaque en la Corte: Kicillof busca dejar a Milei sin margen por los fondos
La disputa entre la provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional sumará este martes un capítulo decisivo. Axel Kicillof se sentará frente a representantes de la administración de Javier Milei en la Corte Suprema de Justicia para reclamar la devolución de $2,2 billones que la ANSES dejó de transferir al sistema jubilatorio bonaerense. No se trata solo de una audiencia más: en La Plata la leen como una instancia bisagra que podría forzar una definición, ya sea por la vía de un acuerdo o mediante una resolución judicial que obligue a la Nación a pagar.
El gobernador llegará acompañado por su equipo jurídico, en una señal política que refuerza la centralidad del reclamo dentro de una estrategia más amplia. La causa previsional es la más avanzada de las ocho demandas que la Provincia inició contra el Estado nacional desde la asunción de Milei, y la única que, por ahora, muestra un horizonte concreto.
El conflicto se remonta a marzo de 2024, cuando el Gobierno nacional suspendió por decreto las transferencias que la ANSES debía girar a las provincias que no transfirieron sus cajas jubilatorias. Buenos Aires, que mantiene su sistema previsional propio, dejó de recibir esos recursos de un día para otro.
Desde entonces, el monto adeudado se acumuló hasta alcanzar los $2,2 billones a valores actualizados. El mecanismo en discusión no es nuevo: implica que la Nación cubra la diferencia entre lo que paga la provincia y lo que correspondería bajo el régimen nacional. Para la administración bonaerense, la interrupción de esos giros carece de sustento legal.
En la audiencia previa, la Corte ya dejó una señal que en La Plata interpretan como favorable. Cuando la ANSES argumentó que no contaba con información suficiente para calcular la deuda, el tribunal rechazó esa justificación y trasladó la carga de la prueba a la Nación, otorgándole 30 días para revisar la documentación.
Ese movimiento, sumado al posterior cambio en la conducción del organismo previsional, alimentó la expectativa de que el máximo tribunal avance con una definición más contundente.
La presión judicial y los acuerdos con otras provincias
El caso bonaerense no se desarrolla en aislamiento. En las últimas semanas, el Gobierno nacional cerró acuerdos con Santa Fe, gobernada por Maximiliano Pullaro, y con Chubut, a cargo de Ignacio Torres, tras reclamos similares. En ambos casos, la negociación se activó luego de la judicialización.
En la gobernación bonaerense leen esos antecedentes como una señal clara: la presión en los tribunales puede convertirse en la llave para destrabar fondos. Sin embargo, advierten una diferencia central en términos de magnitud política y económica. Buenos Aires concentra cerca del 40% de la población del país, y cualquier desbalance financiero en su estructura impacta de lleno en el sistema nacional.
En paralelo a la disputa con la Nación, Kicillof avanzó con el envío de $13.010 millones a los 135 municipios bonaerenses en el marco del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM), creado por la Ley N° 15.561. Se trata de recursos no reintegrables que buscan amortiguar el impacto de la crisis fiscal en los distritos.
El esquema prevé que el 70% de los fondos sea de libre disponibilidad, mientras que el 30% restante debe destinarse a proyectos específicos. Este punto generó tensión con intendentes de la UCR y el PRO, que reclaman mayor flexibilidad para cubrir gastos corrientes, especialmente salarios y aguinaldos.
Desde el Ejecutivo provincial respondieron que cualquier modificación requiere un cambio legislativo, en un contexto donde la caída de la recaudación y el recorte de transferencias nacionales reducen el margen de maniobra.
El conflicto por los fondos tiene una traducción directa en la gestión diaria. Municipios de distintos signos políticos advierten sobre dificultades crecientes para sostener servicios básicos, mientras se multiplican los reclamos por obras paralizadas y programas desfinanciados.
En ese marco, la reunión que Kicillof encabezó con intendentes de todo el país en la sede de la Federación Argentina de Municipios (FAM) buscó mostrar volumen político y federalizar el reclamo. Junto a dirigentes como Ricardo Quintela, Carlos Bianco, Gabriel Katopodis y Fernando Espinoza, el gobernador apuntó contra lo que definió como una “deserción” del Estado nacional.
La estrategia política detrás de la disputa
Más allá del expediente judicial, la pelea por los fondos forma parte de una construcción política más amplia. Kicillof busca instalar el conflicto en clave social, asociándolo al deterioro económico y al impacto en los territorios. Al mismo tiempo, articula con gobernadores e intendentes para consolidar un espacio que trascienda las fronteras bonaerenses.
Del lado de la Casa Rosada, la estrategia combina señales de apertura —como la habilitación de endeudamiento o adelantos de coparticipación a otras provincias— con una fuerte selectividad política. Buenos Aires, hasta ahora, quedó fuera de esos alivios.
El desenlace de la audiencia de este martes puede derivar en distintos caminos. Uno de ellos es un acuerdo negociado que establezca un cronograma de pagos. El otro, más probable según estiman en La Plata, es una medida cautelar que obligue a la Nación a retomar las transferencias mientras se resuelve el fondo de la cuestión.
En cualquiera de los casos, la decisión tendrá impacto inmediato en la dinámica política y fiscal. No solo por el volumen de recursos en juego, sino porque puede sentar un precedente para el resto de los reclamos provinciales.
El litigio por los $2,2 billones es apenas una pieza de un conflicto estructural: la histórica tensión por la distribución de recursos entre Nación y provincias. Buenos Aires sostiene desde hace décadas que recibe menos de lo que aporta, una discusión que atraviesa gobiernos y modelos económicos.
En un contexto de crisis fiscal, caída de la actividad y presión social creciente, esa discusión vuelve al centro de la escena. La audiencia en la Corte no solo pondrá a prueba la solidez jurídica de las partes, sino también la capacidad del sistema político para gestionar un conflicto que ya desborda los expedientes.