Pelea por los fondos: intendentes se reagrupan, suman firmas y vuelven a la carga por la libre disponibilidad

La caída de la coparticipación, el deterioro en la cobrabilidad de tasas y el aumento sostenido de la demanda social empujaron a intendentes bonaerenses a una estrategia poco habitual: unificar posiciones y avanzar con el reclamo sobre el manejo de los fondos provinciales.

Según pudo reconstruir GRUPOLAPROVINCIA.COM, ya son cerca de 70 los jefes comunales que respaldan la iniciativa para que el 100% del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal (FEFIM) sea de libre disponibilidad. La movida, que nació en el interior a partir del Foro Regional de Intendentes para el Crecimiento y el Desarrollo, empieza a sumar adhesiones del Conurbano y se traduce en un pedido formal a la Legislatura bonaerense.

El eje de la disputa está en la letra chica de la ley 15.561, aprobada en diciembre en el marco del endeudamiento impulsado por el gobernador Axel Kicillof. La norma establece que el 70% del fondo se distribuye automáticamente entre los municipios mediante el Coeficiente Único de Distribución (CUD), mientras que el 30% restante queda atado a proyectos específicos que deben ser validados por áreas como Infraestructura, Transporte y Cultura.

Ese porcentaje, además, está bajo la órbita de una Comisión Bicameral de Seguimiento, Fiscalización y Control, cuya puesta en marcha aún no se concretó. En la práctica, esto implica que una parte clave de los recursos no solo tiene destino condicionado, sino también ejecución demorada.

Ahí aparece el reclamo de los intendentes: eliminar esa restricción y contar con liquidez inmediata. No se trata únicamente de un debate técnico. Detrás del pedido hay una discusión sobre autonomía y tiempos en un contexto donde los municipios funcionan como primera línea de contención social.

Legislatura paralizada y presión política en aumento

El reclamo municipal se da en paralelo a una Legislatura que todavía no logra ordenar su funcionamiento. A casi dos meses del inicio del período ordinario, el Senado bonaerense sigue sin conformar comisiones, lo que bloquea la designación de los cinco miembros que le corresponden en la bicameral.

En Diputados, en cambio, el esquema ya fue definido. El oficialismo designó a Mariano Cascallares, Juan Pablo De Jesús, Rubén Eslaiman, Carlos Puglelli y Mayra Mendoza, mientras que la oposición quedó representada por Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal) y Alejandro Rabinovich (PRO).

Fueron justamente Garciarena y Rabinovich quienes presentaron un pedido formal ante el presidente de la Cámara baja, Alejandro Dichiara, para exigir la activación inmediata de la comisión. El planteo no solo apunta a destrabar un mecanismo institucional, sino también a ordenar la ejecución de recursos en un escenario donde cada decisión tiene impacto directo en la gobernabilidad local.

La Comisión Bicameral no es un detalle menor dentro del esquema. Su creación fue parte de la negociación política que permitió aprobar el endeudamiento por USD 3.685 millones. A cambio del respaldo opositor, el oficialismo aceptó incorporar este órgano con facultades para supervisar el destino de los fondos, requerir informes al Ejecutivo y evaluar proyectos municipales.

Ese diseño le otorga a la comisión un rol estratégico: no solo controla, también incide. En un contexto de recursos limitados, la capacidad de validar proyectos puede transformarse en una herramienta clave en la relación entre la Provincia y los municipios.

Sin embargo, la demora en su conformación empieza a tensionar ese equilibrio. Para la oposición, la falta de funcionamiento alimenta sospechas sobre la discrecionalidad en el manejo de los recursos. Para los intendentes, en cambio, el problema es más inmediato: sin esa estructura operativa, una parte del dinero queda virtualmente inmovilizada.

Desde el entorno de Axel Kicillof sostienen que el esquema actual ya garantiza un alto nivel de autonomía, con un 70% de libre disponibilidad. La definición marca un límite político en un momento donde el Ejecutivo busca sostener capacidad de ordenamiento en medio de restricciones fiscales.

Pero el dato que incomoda en La Plata es otro: la transversalidad del reclamo. El listado de intendentes que acompañan la iniciativa incluye nombres de la UCR, el PRO y el peronismo, desde Emilio Cordonnier (Ayacucho) y Ricardo Moccero (Coronel Suárez) hasta Miguel Lunghi (Tandil), Guillermo Britos (Chivilcoy) o Javier Gastón (Chascomús), entre muchos otros.

Esa heterogeneidad le da volumen político al planteo, pero también expone tensiones internas. Incluso dentro del oficialismo hay matices, con sectores del Frente Renovador acompañando el pedido.

Más que fondos: la disputa por la gestión local

El trasfondo del conflicto excede la discusión sobre porcentajes. Lo que está en juego es la capacidad de los municipios para sostener su funcionamiento en un contexto adverso. Salarios, servicios básicos y atención sanitaria dependen de recursos que llegan con cuentagotas o con condicionamientos que no siempre dialogan con las urgencias territoriales.

“Lo más práctico sería que manden la plata de una sola vez y podamos usarla para lo que necesitamos todos los días”, resumió un intendente involucrado en la negociación, dejando en evidencia una lógica que se repite en los distritos: la prioridad dejó de ser la obra para pasar a ser la supervivencia administrativa.

La resolución del planteo queda en manos de la Legislatura. Pero el tiempo corre con otra velocidad en los municipios. Con la amenaza concreta de dificultades para afrontar aguinaldos y una dinámica política que podría ralentizar la actividad parlamentaria en los próximos meses, la presión de los intendentes no parece destinada a bajar.