Asfixia municipal: la UCR y el PRO presionan para activar la bicameral de emergencia económica

En una provincia atravesada por la caída de ingresos y la presión constante sobre los intendentes, la discusión por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Emergencia se transforma en un capítulo clave de la disputa política. 

El pedido formal ingresado en la Cámara de Diputados bonaerense, firmado por los jefes de bloque Diego Garciarena (UCR + Cambio Federal) y Alejandro Rabinovich (PRO), apunta directamente al presidente del cuerpo, Alejandro Dichiara. La exigencia es concreta: activar de inmediato la comisión prevista en la Ley Nº 15.561, en un contexto donde los municipios denuncian crecientes dificultades para sostener servicios básicos y cumplir con obligaciones salariales.

La presión opositora no surge en el vacío. Los intendentes, sin distinción partidaria, vienen alertando sobre un combo crítico: menos transferencias, caída de la recaudación y una demanda social en aumento. En ese escenario, la comisión bicameral aparece como una herramienta institucional para monitorear el destino de los fondos y, al mismo tiempo, como un espacio de disputa política sobre su administración.

Garciarena y Rabinovich advierten que el funcionamiento de este ámbito resulta imprescindible para ordenar la ejecución de recursos y evitar discrecionalidades. El foco está puesto en garantizar que los fondos lleguen a los distritos con criterios claros, en medio de un clima donde cada peso cuenta y la tensión financiera escala.

Deuda, negociación y control

La creación de la Comisión Bicameral fue el resultado de una negociación política compleja, en el marco del tratamiento del endeudamiento por USD 3.685 millones impulsado por el gobernador Axel Kicillof. Para alcanzar los dos tercios necesarios, el oficialismo debió aceptar condiciones de la oposición, entre ellas la incorporación de este mecanismo de control.

El diseño acordado le otorga a la bicameral un rol estratégico: supervisar el uso de los fondos vinculados a la deuda, que incluyen unos USD 3.035 millones, con un 8% destinado a los municipios. Traducido a números concretos, implica alrededor de $350.000 millones, con un piso garantizado de $250.000 millones a ejecutarse entre abril de 2026 y junio de 2027.

Durante el debate, el senador oficialista Marcelo Feliú defendió la incorporación de la comisión como una garantía de transparencia en la ejecución del Fondo de Emergencia y Fortalecimiento de la Inversión Municipal. Sin embargo, la demora en su puesta en marcha empieza a erosionar ese compromiso inicial.

Aunque la Cámara de Diputados avanzó con la designación de sus siete representantes, la falta de definición en el Senado mantiene el esquema incompleto. Esa demora no es menor: sin la totalidad de sus integrantes, la comisión no puede funcionar plenamente, lo que alimenta las sospechas de la oposición.

En Diputados, el oficialismo designó a Rubén Eslaiman, Carlos Puglelli, Mayra Mendoza, Juan Pablo De Jesús y Mariano Cascallares. Por la oposición, ingresaron Rabinovich y Garciarena. El Senado, en tanto, aún debe definir a sus cinco miembros, en una distribución que se anticipa con mayoría oficialista pero con presencia de sectores dialoguistas.

La composición final no es un detalle técnico: de ella dependerá el equilibrio interno y la capacidad real de control sobre los recursos.

Más que control: la disputa por la agenda municipal

Detrás de la discusión institucional, la bicameral también concentra funciones que exceden el monitoreo. Tendrá la facultad de requerir informes al Ejecutivo, convocar a ministros, analizar la ejecución presupuestaria y, especialmente, intervenir en la evaluación de proyectos municipales financiados con el Fondo de Fortalecimiento.

Esto último introduce un elemento político sensible: la comisión no solo controlará, sino que también incidirá en la priorización de obras e iniciativas en los 135 municipios. En un contexto de recursos limitados, esa capacidad de validación puede transformarse en una herramienta de peso en la relación entre la Provincia y los intendentes.

El reclamo opositor por la activación inmediata de la bicameral no solo apunta a acelerar un mecanismo institucional, sino que también funciona como un mensaje político en medio de una interna latente. La demora del Senado genera un terreno fértil para cuestionamientos sobre la gestión de los fondos. Mientras tanto, en los distritos la preocupación es más concreta: sostener la administración cotidiana en un escenario de ajuste.