Expedientes frenados y escrituras en riesgo: ¿Cómo impacta el conflicto de ARBA en el mercado inmobiliario?
La Dirección Provincial de Catastro Territorial, dependiente de la Agencia de Recaudación bonaerense (ARBA), atraviesa desde hace más de dos meses un conflicto gremial que mantiene su funcionamiento reducido y con efectos directos sobre el circuito inmobiliario en la provincia de Buenos Aires.
La medida de fuerza impulsada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) se traduce en retención de tareas, asambleas prolongadas y una operatividad parcial que impacta en la aprobación de estados parcelarios, un paso técnico indispensable para avanzar con escrituras, subdivisiones y mensuras.
En la práctica, el organismo que valida la base documental de miles de operaciones inmobiliarias quedó trabajando a un ritmo sensiblemente menor, generando un efecto acumulativo que todavía no logra resolverse.
El freno administrativo se trasladó rápidamente al mercado. Sin estados parcelarios actualizados ni certificaciones emitidas en tiempo y forma, las operaciones de compraventa quedaron condicionadas o directamente suspendidas.
Desde el sector inmobiliario describen un escenario de fuerte tensión operativa. “Los planos no salen y las escrituras no se pueden cerrar”, repiten fuentes del mercado, que advierten que el problema dejó de ser puntual para convertirse en estructural mientras dure la medida de fuerza.
El impacto alcanza múltiples segmentos: compraventas tradicionales, donaciones, créditos hipotecarios, subdivisiones, regularizaciones dominiales y desarrollos inmobiliarios, todos atravesados por la misma traba administrativa.
Operaciones encadenadas y un efecto dominó en el sistema
Uno de los puntos más sensibles del conflicto aparece en las operaciones encadenadas, donde una misma familia depende de la venta de un inmueble para concretar la compra de otro. En ese esquema, cualquier demora en Catastro genera un efecto dominó.
En paralelo, desde el sector advierten que muchos compradores comienzan a retirarse de las operaciones ante la falta de certezas. El director de LJ Ramos, Diego Cazes, advirtió a LaNación.com que el mercado “se enfría” cuando los plazos se estiran sin previsibilidad.
La situación también modificó los tiempos habituales de trabajo. Operaciones que suelen resolverse en 30 a 45 días pueden extenderse a varios meses cuando intervienen trámites catastrales demorados.
Máximo D’Aria, de D’Aria Propiedades, describió al mismo medio que la acumulación de expedientes podría extender los tiempos de normalización incluso después de que el organismo retome su ritmo habitual. Según su estimación, la regularización completa del sistema podría demandar al menos cuatro meses.
Tensión institucional y reclamos cruzados
El conflicto también escaló en el plano institucional. El Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires (Colegio de Ingenieros de la Provincia de Buenos Aires) emitió cuestionamientos duros hacia el funcionamiento del organismo y la falta de resolución del conflicto.
Desde la entidad sostienen que la parálisis afecta directamente el trabajo profesional de ingenieros y agrimensores, además de generar un bloqueo en la circulación de capitales vinculados al sector inmobiliario.
“Los ingenieros no pueden seguir pagando el costo de la ineficiencia”, remarcaron en sus declaraciones públicas, donde también apuntaron a la necesidad de una intervención política más activa.
El impacto del conflicto llegó a la Legislatura bonaerense. El diputado Andrés de Leo, titular del bloque de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para que el gobierno de Axel Kicillof detalle el estado del organismo, la cantidad de trámites demorados y las medidas adoptadas frente a la crisis operativa.
En su presentación, advirtió que la parálisis de Catastro no solo afecta al mercado inmobiliario, sino también a la inversión privada y a la administración fiscal de la provincia.
Desde el organismo informaron que se avanzó en instancias de diálogo con el Ministerio de Economía bonaerense y que se trabaja en la reactivación progresiva de las tareas. Sin embargo, el volumen de expedientes acumulados sigue siendo uno de los principales desafíos.
En paralelo, distintos actores del sector inmobiliario coinciden en que el impacto no se revertirá de manera inmediata, incluso si el conflicto gremial se encamina a una resolución definitiva.
El funcionamiento de Catastro se mantiene así en el centro de una disputa que combina reclamos laborales, tensiones administrativas y un efecto directo sobre el mercado inmobiliario bonaerense, que depende de cada validación técnica para sostener su dinámica habitual.