Política Por: Mariana Portilla13 de mayo de 2026

Tras presionar por vacantes judiciales, la Corte vuelve a tender puentes con Kicillof y activa una agenda de convenios

El presidente de la Suprema Corte, Sergio Torres, reactivó el vínculo institucional con la Gobernación mediante acuerdos de trabajo conjunto con áreas clave de la gestión provincial. El movimiento se da en un contexto de tensión por la integración incompleta del tribunal, que condiciona su funcionamiento, y abre una nueva etapa de interacción entre ambos poderes en la provincia de Buenos Aires.
 
 
 
 

En la Suprema Corte de Justicia bonaerense, el clima interno empezó a mostrar un cambio de tono en las últimas semanas. El presidente del tribunal, Sergio Torres, viene profundizando una agenda de diálogo con la Gobernación de Axel Kicillof en un contexto marcado por la falta de cobertura de vacantes y el funcionamiento al límite del máximo tribunal provincial.

Ese movimiento, que combina reclamos institucionales con acuerdos sectoriales, se expresó en una serie de reuniones y convenios que, en los hechos, fueron reactivando canales de comunicación entre la Corte y el Poder Ejecutivo. 

El último encuentro encabezado por Torres reunió a los ministros Nicolás Kreplak y Andrés Larroque, con la firma de un convenio orientado a la implementación de un programa de salud integral para adolescentes y jóvenes en contextos de encierro o restricción de libertad.

El acuerdo se inscribe en una línea de trabajo que ya había tenido una primera expresión días atrás, cuando el tribunal avanzó en otra iniciativa vinculada al sistema de salud y la Ley Justina, en coordinación con áreas del Ejecutivo. En ambos casos, la lógica fue similar: cooperación técnica entre poderes que históricamente mantuvieron vínculos más distantes.

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La discusión de fondo por las vacantes judiciales

Detrás de estos gestos institucionales aparece el núcleo del conflicto: la integración incompleta de la Corte. El tribunal atraviesa una situación de funcionamiento crítico por la falta de designaciones en cargos clave, un problema que arrastra demoras prolongadas y que impacta en la capacidad de dictar fallos sin recurrir a conjueces.

Torres viene insistiendo en la necesidad de acelerar el envío de pliegos a la Legislatura por parte del Ejecutivo provincial. En el entorno de la Gobernación, sin embargo, la respuesta se mantiene en clave política, con el ministro de Gobierno Carlos Bianco evitando comprometer definiciones y dejando la decisión final en manos del gobernador Axel Kicillof.

En ese marco, el conflicto dejó de circular únicamente por la vía del reclamo formal y empezó a traducirse en una serie de encuentros de alto nivel entre ambas partes. Uno de ellos fue la reunión entre los jueces Sergio Torres y Daniel Soria con la vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires, Verónica Magario, y el presidente de la Cámara de Diputados bonaerense, Alejandro Dichiara, donde los magistrados entregaron en mano la iniciativa que apunta a otorgarle al Poder Judicial mayor control sobre sus recursos y su esquema presupuestario.

La reunión, de la que también participó Carlos Safadi Márquez —titular del área electoral de la Dirección de Asesoramiento Técnico en relación a los Órganos de la Constitución—, combinó también la discusión de temas estructurales.

A la presión institucional se suma el reclamo sindical. Desde la Asociación Judicial Bonaerense, su titular Hugo Russo volvió a insistir en la necesidad de una ley de negociación colectiva, lo que amplía el frente de tensión y agrega un componente laboral a la discusión.

La semana pasada, los magistrados Torres y Soria se reunieron con Dichiara y Magario.

La Corte, entre la presión institucional y el acercamiento

Con un tribunal que funciona con tres de sus siete miembros y más de dos mil días de demoras acumuladas en algunas vacantes, el propio Torres fue endureciendo el diagnóstico sobre la situación institucional. El planteo incluye no solo la necesidad de cubrir cargos, sino también una discusión más estructural sobre el funcionamiento del Poder Judicial y su relación con el Ejecutivo.

En paralelo, los acuerdos firmados con distintas áreas del gobierno provincial empezaron a delinear un vínculo más fluido con la gestión de Kicillof. Sin anuncios formales ni definiciones políticas explícitas, el acercamiento se expresa en la agenda cotidiana de trabajo conjunto.

En ese marco, la tensión entre reclamo y cooperación convive en un equilibrio inestable. Mientras la Corte insiste con la urgencia de las designaciones, el Ejecutivo administra los tiempos en una negociación que todavía no muestra una salida concreta.

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