Olivos, Casa Rosada y $700 millones: la licitación de Karina Milei que revisa la Justicia
La Justicia federal pidió el expediente completo de una licitación pública vinculada a la Secretaría General de la Presidencia, a cargo de Karina Milei, para contratar el mantenimiento preventivo, correctivo y riego de los espacios verdes de la Quinta de Olivos y la Casa Rosada.
El trámite quedó bajo análisis a partir de una denuncia presentada por la diputada nacional Marcela Pagano, que cuestionó la participación de dos empresas oferentes que, según su planteo, integrarían un mismo grupo económico.
El contrato, identificado como licitación pública N° 23-0005-LPU26, fue informado por un monto cercano a los $700 millones. El objeto del llamado es el mantenimiento de los jardines y espacios verdes de la Residencia Presidencial de Olivos y de la Casa de Gobierno, dos dependencias bajo la órbita de la Presidencia de la Nación.
El pedido del fiscal
El fiscal federal Ramiro González le solicitó al juez Sebastián Ramos que requiera al Gobierno toda la documentación vinculada al procedimiento licitatorio. La medida busca conocer el estado administrativo del trámite antes de resolver si corresponde impulsar una investigación penal.
En su dictamen, el fiscal sostuvo que primero es necesario contar con información completa sobre el expediente y determinar en qué instancia se encuentra la contratación. Ese punto será clave para establecer si hubo adjudicación, si existieron pagos o si el proceso todavía no generó efectos patrimoniales para el Estado.
Por ahora, no hay una imputación formal informada contra Karina Milei. La intervención judicial se encuentra en una etapa preliminar, centrada en la recolección de documentación.
La denuncia de Marcela Pagano
La presentación fue realizada por Marcela Pagano, diputada nacional del bloque Coherencia y exintegrante de La Libertad Avanza. En su denuncia apuntó contra Karina Milei y contra quienes pudieran tener responsabilidad en el trámite por presunto fraude en perjuicio de la administración pública, negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública e incumplimiento de los deberes de funcionario público.
El eje del planteo está puesto en las empresas que se presentaron a la licitación: La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A. Según la denuncia, ambas firmas tendrían vínculos dentro de un mismo grupo empresario, lo que pondría en duda la existencia de competencia real entre oferentes.
Pagano sostuvo que la Secretaría General de la Presidencia, como autoridad convocante, debía verificar la independencia económica de las firmas admitidas al proceso. Para la legisladora, si dos empresas vinculadas compiten entre sí en una licitación pública, podría configurarse una apariencia de competencia que afecte el precio final y el patrimonio estatal.
Las empresas bajo la lupa
La Mantovana de Servicios Generales S.A. y Grub S.A. no son nombres nuevos en contrataciones estatales. Ambas compañías fueron mencionadas en distintos expedientes, denuncias y actuaciones administrativas vinculadas a servicios tercerizados, limpieza, mantenimiento y tareas de apoyo en organismos públicos.
La denuncia cita además un antecedente de la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. Ese organismo registró una actuación vinculada a Grub S.A. y La Mantovana de Servicios Generales S.A. por una posible infracción a la Ley 27.442, que regula la defensa de la competencia.
Ese antecedente no implica, por sí solo, que en esta licitación haya existido delito. Pero sí forma parte del argumento presentado por Pagano para pedir que la Justicia revise si hubo competencia efectiva en el proceso convocado por la Secretaría General de la Presidencia.
Un caso sensible para el Gobierno
El expediente abre un frente incómodo para el Gobierno porque involucra una contratación bajo el área conducida por Karina Milei, una de las funcionarias con mayor peso político dentro de la administración nacional. También porque el objeto del contrato —el mantenimiento de espacios verdes en Olivos y Casa Rosada— aparece en medio del discurso oficial de ajuste y reducción del gasto público.
La causa también se inscribe en el distanciamiento político de Pagano respecto de La Libertad Avanza. La diputada ya había impulsado otras denuncias contra funcionarios del Gobierno, entre ellas presentaciones vinculadas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y a su hermano Francisco.
En este caso, la discusión judicial todavía está en una instancia inicial. La clave será el contenido del expediente administrativo que el fiscal pidió incorporar. Con esa documentación, González deberá definir si hay elementos suficientes para promover una investigación penal o si corresponde desestimar el planteo.
Qué puede pasar ahora
El próximo paso es que el Gobierno remita la documentación solicitada. Una vez incorporado el expediente, la Justicia podrá analizar el procedimiento completo: el llamado, las ofertas, los antecedentes de las empresas, las evaluaciones administrativas y el estado actual de la contratación.
Si el fiscal encuentra indicios suficientes, podrá impulsar la acción penal y pedir nuevas medidas de prueba. Si no los encuentra, el expediente podría quedar sin avance penal.