Explota Morón: la exfuncionaria investigada por narcotráfico sigue prófuga, Ghi faltó a la interpelación y crece la crisis política
A dos semanas del allanamiento que derivó en el hallazgo de más de medio kilo de cocaína en la vivienda de la exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad, Luna Suyai Ortigoza, el intendente Lucas Ghi decidió no concurrir personalmente a la interpelación impulsada por el Concejo Deliberante y envió en su lugar al secretario de Seguridad, Damián Cardoso.
La decisión lejos estuvo de descomprimir el escenario. Por el contrario, alimentó los cuestionamientos de la oposición y del sector interno que responde a Martín Sabbatella, en una disputa que ya excede largamente el expediente judicial y se transformó en una batalla por el liderazgo político del distrito.
Ortigoza permanece prófuga desde la noche del 21 de mayo, cuando la Justicia ordenó un operativo en su domicilio de Castelar Sur. La investigación, que tramita en la Fiscalía N°9 del Departamento Judicial de Morón, derivó en el secuestro de más de 500 gramos de cocaína y abrió un escándalo que impactó de lleno en la estructura municipal.
La interpelación se extendió durante más de cuatro horas y estuvo atravesada por reproches constantes hacia el Ejecutivo municipal. Cardoso defendió la ausencia del jefe comunal apoyándose en la Ley Orgánica de las Municipalidades, que habilita al intendente a concurrir personalmente o a través de uno de sus secretarios. Sin embargo, la explicación no alcanzó para convencer a buena parte de los concejales.
Durante la jornada, insistió en que no existían antecedentes que permitieran sospechar de la actividad que presuntamente desarrollaba Ortigoza. "Desarrollaba su actividad normalmente, no había una alerta temprana y nada hacía presuponer que tenía una actividad delictiva", afirmó.
No obstante, la ausencia de Ghi se convirtió en uno de los ejes centrales de la discusión. La concejal de La Libertad Avanza Adriana Zappulla sostuvo que la comparecencia dejó "sabor a poco", mientras que dirigentes de distintos espacios reclamaron explicaciones directas del intendente y de las autoridades políticas del área de Género donde se desempeñaba la funcionaria investigada.
El dato que complicó la defensa del municipio
Uno de los momentos más incómodos de la interpelación surgió cuando se abordaron declaraciones previas de Lucas Ghi sobre la trayectoria de Ortigoza.
Consultado sobre afirmaciones públicas del intendente que sugerían que la exfuncionaria provenía de una gestión anterior, Cardoso confirmó que había ingresado al municipio el 1 de febrero de 2020, cuando Ghi ya se encontraba al frente del Ejecutivo local.
La aclaración adquirió relevancia política porque contradijo uno de los argumentos que habían circulado desde sectores cercanos al gobierno municipal para intentar despegar al intendente de la designación.
Además, durante el debate volvió a aparecer el Decreto N°1236-2025, firmado por el propio Ghi, mediante el cual Ortigoza fue designada directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad.
Ese antecedente reforzó los planteos de quienes sostienen que el jefe comunal no puede desligarse completamente de las responsabilidades políticas derivadas del caso.
El Decreto Nº 1236-2025, firmado por el propio Ghi, designa a Ortigoza como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad.
Detrás del escándalo judicial se desarrolla una disputa política que atraviesa desde hace meses al oficialismo de Morón. La interpelación fue aprobada gracias a una mayoría integrada por La Libertad Avanza, bloques opositores y concejales alineados con Martín Sabbatella.
La votación dejó una fotografía impensada años atrás: dirigentes de Nuevo Encuentro acompañando una ofensiva política contra quien fuera uno de los principales aliados del exintendente.
La fractura entre ambos sectores se profundizó durante 2024 y terminó de consolidarse con desplazamientos de funcionarios, rupturas legislativas y la conformación de nuevos bloques dentro del Concejo Deliberante.
En ese contexto, la situación de Ortigoza adquirió una dimensión mucho mayor que la estrictamente judicial. La exfuncionaria mantenía cercanía con el sector de Ghi, mientras que buena parte de su entorno político y familiar conserva vínculos con el sabbatellismo.
Durante la sesión, el concejal Diego Spina recordó que las autoridades vinculadas históricamente al área de Género habían sido desplazadas en medio de la interna y volvió a marcar diferencias con la conducción municipal.
Un segundo antecedente que agrava el cuadro
La oposición también puso sobre la mesa otro episodio reciente que golpeó a la administración local. El decreto de interpelación incluyó referencias al caso de Karen Yael Cufré, una empleada del centro de monitoreo municipal detenida meses atrás por su presunta participación en una organización dedicada a realizar extorsiones virtuales.
Para los concejales que impulsaron la convocatoria, la sucesión de ambos casos obliga a revisar los mecanismos de selección, control y seguimiento del personal que ocupa funciones dentro de la estructura municipal.
Ese argumento fue utilizado para sostener que el problema ya no puede analizarse únicamente como una responsabilidad individual de las personas involucradas, sino también como una cuestión vinculada a los sistemas internos de supervisión.