Mariana Portilla
El escándalo por Luna Suyai Ortigoza ya tiene consecuencias políticas para Lucas Ghi. Con 16 votos a favor y 8 en contra, el Concejo Deliberante de Morón aprobó la interpelación del intendente para que dé explicaciones sobre el caso de la exdirectora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género, investigada por tenencia de estupefacientes con fines de comercialización y tenencia ilegal de arma de fuego. La exfuncionaria permanece prófuga desde el operativo realizado en una vivienda de Castelar Sur, donde fueron secuestrados más de 500 gramos de cocaína.
La votación representó mucho más que una derrota parlamentaria para el oficialismo. La iniciativa avanzó gracias a una mayoría integrada por La Libertad Avanza, sectores opositores y concejales de Unión por la Patria alineados con el exintendente Martín Sabbatella, histórico referente político de Ghi y hoy principal adversario dentro del peronismo local.
Hasta minutos antes del inicio del debate hubo intensas negociaciones para evitar que el expediente llegara al recinto con los votos necesarios. Sin embargo, la estrategia no prosperó y el oficialismo sufrió una derrota que reflejó el deterioro de los acuerdos políticos que durante años sostuvieron la gobernabilidad municipal.
El proyecto impulsado por la concejal de La Libertad Avanza Analía Zappulla exige que el intendente, o el funcionario que designe, brinde explicaciones sobre los mecanismos utilizados para la contratación de Ortigoza, los controles internos aplicados para el ingreso de personal y las medidas adoptadas por el Ejecutivo una vez conocida la investigación judicial.
Además, la iniciativa incorpora uno de los aspectos políticamente más sensibles del expediente: determinar si existieron advertencias previas sobre las actividades de la exfuncionaria y si el gobierno municipal asume alguna responsabilidad política por lo ocurrido.
Los fundamentos aprobados por el Concejo sostienen que el intendente es el máximo responsable de garantizar la integridad institucional del Municipio y remarcan que los funcionarios designados deben cumplir requisitos de idoneidad moral acordes a la responsabilidad de administrar recursos públicos.
Con 2/3 de los votos, los 11 concejales de la oposición y los 5 concejales que responden al sabbatellismo votaron la interpelación del intendente Lucas Ghi (PJ-MDF) por la funcionaria municipal Luna Ortigoza, a la que le encontraron 1/2 kilo de cocaína en su casa, y está… pic.twitter.com/aBurxAd4yS
— Mariel Fitz Patrick (@marielfitz) May 28, 2026
La sesión también dejó una postal que hasta hace pocos años parecía impensada: concejales identificados con Martín Sabbatella acompañando una ofensiva política contra el jefe comunal.
Entre quienes respaldaron la interpelación estuvieron Diego Spina, Mariano Spina, Florencia De Luca, Sol Steimberg y Marcelo Notario, todos vinculados al espacio político del fundador de Nuevo Encuentro.
La ruptura entre Ghi y Sabbatella se consolidó durante 2024 y desde entonces la disputa no dejó de escalar. Renuncias, desplazamientos de funcionarios, enfrentamientos internos y bloques divididos fueron algunas de las consecuencias de un conflicto que terminó fragmentando al oficialismo local.
El quiebre quedó formalizado en marzo de este año cuando los sectores alineados con el intendente conformaron el bloque PJ-Movimiento Derecho al Futuro. Del otro lado permanecieron los dirigentes referenciados en Sabbatella y La Cámpora.
La votación de este jueves mostró hasta qué punto aquella ruptura sigue condicionando la política de Morón.
El Decreto Nº 1236-2025, firmado por el propio Ghi, designa a Ortigoza como directora del Centro Territorial Integral de Políticas de Género y Diversidad.
Durante el debate, varios concejales insistieron en que el propio intendente debe concurrir al recinto y no delegar la responsabilidad en otro funcionario.
Uno de los más enfáticos fue Spina, exsecretario de Gobierno municipal, quien reclamó que sea Ghi quien responda las preguntas de los concejales. El planteo se repitió desde distintos bloques, que consideran insuficientes las explicaciones públicas brindadas hasta ahora por el jefe comunal.
En paralelo, desde La Libertad Avanza advirtieron que una eventual ausencia podría profundizar el conflicto político y abrir nuevas discusiones institucionales dentro del Concejo.
La situación de Ortigoza no es el único episodio reciente que generó cuestionamientos sobre los controles internos del Municipio.
El expediente de interpelación también incorpora referencias al caso de Karen Cufré, una empleada de la Secretaría de Seguridad detenida meses atrás por su presunta participación en una organización dedicada a extorsiones virtuales.
A partir de ese antecedente, los concejales exigen conocer si el Ejecutivo implementó mecanismos adicionales de auditoría, control patrimonial o evaluación de antecedentes para evitar que personas vinculadas a actividades delictivas accedan a funciones dentro de la administración pública.
La acumulación de ambos casos alimentó las críticas opositoras y fortaleció los argumentos de quienes sostienen que el problema excede responsabilidades individuales y alcanza a los mecanismos de supervisión del gobierno local.
Antes de que prosperara la interpelación, Lucas Ghi aseguró sentirse "defraudado" por la situación de Ortigoza y afirmó que tomó conocimiento de la investigación a través de las fuerzas de seguridad.
El intendente explicó que decidió desvincular inmediatamente a la funcionaria apenas trascendió la causa judicial para evitar cualquier interferencia institucional en el avance de la investigación.
También sostuvo que durante su desempeño en el Municipio la exdirectora no había presentado conductas que permitieran advertir irregularidades en el ámbito laboral.
Sin embargo, esas explicaciones no alcanzaron para desactivar el avance opositor ni para contener el impacto político que generó el caso.
La aprobación de la interpelación abre ahora una nueva etapa. Una vez formalmente notificado, el Ejecutivo municipal tendrá cinco días hábiles para responder la convocatoria del Concejo Deliberante.
Más allá de las explicaciones que pueda brindar Ghi, el episodio ya produjo un daño político difícil de ignorar. La causa judicial por la exfuncionaria prófuga se transformó en el catalizador de una crisis más amplia, donde convergen cuestionamientos a los controles internos, disputas por el liderazgo del peronismo local y una oposición que encontró una oportunidad para poner contra las cuerdas a la conducción municipal.
