ANSES, IPS y colegios privados: la pelea por los aportes abre otro frente entre Nación y Provincia
La modificación previsional incluida en el Presupuesto bonaerense 2026 abrió una nueva disputa judicial y política entre la Provincia y la Nación. En el centro aparece el artículo 59, que estableció que docentes extraprogramáticos, personal administrativo, auxiliares y trabajadores no docentes de colegios privados pasen a realizar sus aportes jubilatorios al Instituto de Previsión Social bonaerense, y no a la ANSES, como venía ocurriendo hasta ahora.
El movimiento encendió las alarmas en el sector empleador. La Asociación de Institutos de Enseñanza Privada Argentina (AIEPA) presentó una acción ante la Suprema Corte de Justicia bonaerense para pedir la declaración de inconstitucionalidad de la norma y medidas que suspendan su aplicación hasta que haya una definición de fondo. Según las estimaciones de la entidad, el cambio podría alcanzar a entre 50.000 y 55.000 trabajadores.
Dos cajas y una misma boleta
La Provincia sostiene que ese universo laboral debe quedar incorporado al régimen previsional bonaerense. Del otro lado, los colegios privados advierten que siguen alcanzados por normas nacionales y que no existe, por ahora, una disposición que los libere expresamente de aportar al sistema administrado por ANSES.
Martín Zurita, secretario ejecutivo de AIEPA, lo planteó en esos términos: “El problema no es la voluntad de cumplir con las obligaciones previsionales, sino la falta de certeza respecto de dónde corresponde ingresar los aportes y contribuciones. Las instituciones siguen alcanzadas por normas nacionales vigentes y no existe, hasta el momento, una norma nacional que las libere expresamente de aportar al régimen administrado por ANSES”.
La entidad advierte que el eventual pase al IPS podría incrementar los costos laborales, por la posible pérdida de beneficios previstos en el régimen nacional de contribuciones patronales para colegios privados incorporados a la enseñanza oficial, y también impactar en el salario de bolsillo de los trabajadores, porque el aporte personal del sistema bonaerense sería superior al del régimen nacional.
En una entrevista reciente, Zurita precisó además que las contribuciones patronales pasarían del 11% al 16%, en un sector que ya viene señalando caída de matrícula y aumento de la morosidad.
También aparece una preocupación previsional para los trabajadores alcanzados. AIEPA sostiene que muchos tienen trayectorias laborales vinculadas al régimen nacional y podrían no reunir, en el futuro, los años necesarios para jubilarse por el sistema bonaerense. Por eso, las escuelas pidieron que no se les exija implementar el cambio hasta que exista una resolución que brinde seguridad jurídica.
La Justicia ya tiene dos expedientes
La presentación de AIEPA no es la única. El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Capital Humano, también promovió una acción ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación para que se declare la inconstitucionalidad del artículo 59 y se suspenda su aplicación mediante una medida cautelar.
En los hechos, el conflicto dejó a los colegios entre dos cajas. Si dejan de pagar a ANSES sin una exención nacional, podrían exponerse a reclamos de organismos federales. Pero si no cumplen con el IPS, también podrían enfrentar cuestionamientos desde la Provincia. Por eso, mientras avanza la discusión judicial, los empleadores mantienen los pagos donde los venían realizando.
“Nosotros seguimos donde se pagó siempre, hasta que esto se resuelva”, sostuvo Zurita. Y agregó: “Esto está judicializado, el tema del aporte de los empleados es algo que está bajo reclamo”.
Del lado sindical, el Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP), conducido por Adriana Donzelli, respaldó el pase al IPS y lo presentó como parte de una equiparación de derechos largamente reclamada por la docencia extraprogramática: salario, régimen previsional, licencias y estabilidad laboral acordes al resto de la docencia bonaerense.
Nación, Provincia y una deuda de fondo
La pulseada por los aportes aparece, además, cruzada por otro expediente sensible: el reclamo bonaerense contra ANSES por más de $2,3 billones correspondientes al financiamiento de la caja jubilatoria provincial. El 10 de junio, Axel Kicillof dio por agotada la instancia de conciliación en la Corte Suprema después de que Nación no llevara una propuesta de pago, y pidió avanzar por la vía cautelar.
Kicillof vinculó el reclamo con el modo en que el Gobierno nacional exhibe sus números fiscales y apuntó contra la administración de Javier Milei: “Así es como construyen el superávit: no pagándoles a los jubilados, a las universidades y a las provincias”.