La crisis del IOMA se profundiza: deudas, pagos parciales y un conflicto que ya impacta en las prestaciones
La crisis del Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) sumó un nuevo capítulo y dejó al descubierto un escenario cada vez más complejo. Mientras algunos prestadores recibieron pagos parciales que permitieron desactivar movilizaciones previstas para esta semana, otros continúan sin respuestas y ya comenzaron a suspender actividades por falta de recursos.
El conflicto, que desde hace meses involucra a profesionales de la salud, prestadores de discapacidad, afiliados y dirigentes políticos, empieza a mostrar consecuencias concretas sobre la continuidad de las prestaciones.
La situación volvió a instalarse con fuerza en la agenda bonaerense luego de que varias instituciones denunciaran atrasos en los pagos y advirtieran que ya no cuentan con margen financiero para sostener salarios, transporte y funcionamiento cotidiano. Al mismo tiempo, la oposición redobló la presión en la Legislatura con nuevos pedidos de informes y proyectos para que el Gobierno de Axel Kicillof explique el estado financiero de la obra social que preside Homero Giles.
Los pagos llegaron, pero el conflicto sigue abierto
En las últimas horas algunas instituciones lograron destrabar parte de la deuda que mantenían con IOMA. Sin embargo, lejos de cerrar el conflicto, los desembolsos fueron interpretados como un alivio transitorio.
El Centro de Día Cántaros, de Villa Elisa, confirmó que tras una reunión con autoridades de la obra social logró regularizar entre el 70% y el 80% de la deuda acumulada. Desde la institución señalaron que existe un compromiso para normalizar los pagos y, por ese motivo, decidieron mantener las actividades habituales.
Una situación similar atravesó el Centro de Día Ensueño, de Ensenada. Tras recibir el pago correspondiente a uno de los meses adeudados, resolvió suspender momentáneamente la movilización que tenía prevista frente a la sede central de IOMA. No obstante, sus autoridades aclararon que el reclamo continúa porque aún resta cancelar una parte importante de la deuda.
En cambio, otros establecimientos permanecen en una situación crítica. El caso más delicado es el del Centro de Día Siluva. Si bien recibió el pago correspondiente a un mes de deuda, sus autoridades remarcaron que el problema financiero persiste.
Además de los atrasos generales, la institución enfrenta una dificultad adicional vinculada al servicio de transporte. Tras reempadronar esa prestación para acceder a un nomenclador actualizado, dejó de percibir esos fondos desde marzo.
A ello se suma otro reclamo: aseguran que continúan cobrando con valores correspondientes al año pasado pese al incremento sostenido de los costos operativos.
El frente político también sumó un nuevo episodio en Bahía Blanca. El diputado provincial Andrés De Leo, presidente del bloque de la Coalición Cívica, presentó un pedido de informes para que el Ejecutivo explique la deuda que IOMA mantiene con el Instituto de Rehabilitación Integral IREL.
Según denunció el legislador, el establecimiento dejó de admitir afiliados de la obra social debido a una deuda que se arrastraría desde octubre de 2025 y que rondaría los 300 millones de pesos.
De Leo pidió precisiones sobre el monto actualizado de la deuda, la cantidad de afiliados afectados, el alcance de la suspensión de prestaciones y las alternativas que tiene la Provincia para garantizar la atención en la Región Sanitaria I.
"La discontinuidad de las prestaciones transforma una crisis financiera en un problema sanitario concreto", sostuvo al fundamentar la iniciativa.
La Legislatura convirtió a IOMA en uno de los principales focos de disputa
Mientras continúan apareciendo nuevos reclamos, la obra social volvió a convertirse en uno de los temas centrales dentro de la Legislatura bonaerense. El último capítulo de esa avanzada llegó de la mano del Frente de Izquierda de los Trabajadores-Unidad (FIT-U). Los diputados bonaerenses Mónica Schlotthauer y Christian "Chipi" Castillo presentaron un proyecto de ley para declarar la emergencia prestacional, económica y financiera del IOMA durante 180 días, con posibilidad de prórroga, y propusieron una profunda reforma del organismo que preside Homero Giles.
La iniciativa amplía una discusión que ya venían impulsando otros sectores de la oposición y que en las últimas semanas se fortaleció con proyectos del radicalismo, pedidos de informes, reclamos para convocar a una sesión especial en la Cámara de Diputados y duras críticas formuladas por dirigentes de la UCR, entre ellos el senador nacional Maximiliano Abad.
El proyecto impulsado por Schlotthauer y Castillo sostiene que el Instituto atraviesa una situación crítica marcada por la "caída y ausencia de cobertura prestacional en distintos distritos, el desfinanciamiento, el vaciamiento estructural, la deuda acumulada con prestadores individuales e institucionales y la vulneración del principio de autarquía económica y financiera".
En ese marco, los legisladores proponen declarar la emergencia por seis meses para garantizar la continuidad de tratamientos esenciales, prohibir cobros indebidos y copagos no autorizados e implementar medidas urgentes en los municipios donde la oferta de prestaciones resulta insuficiente.
Sin embargo, la propuesta no se limita a una respuesta coyuntural. También incorpora modificaciones de fondo que apuntan a cambiar la administración y el esquema de financiamiento de la obra social de los trabajadores estatales bonaerenses.
En el Senado, la radical Nerina Neumann presentó un proyecto para declarar la emergencia de IOMA y otro para exigir información sobre la situación presupuestaria y financiera del organismo. La legisladora sostuvo que las denuncias por dificultades en la atención, cortes de servicios, problemas con convenios y deudas con prestadores justifican la adopción de medidas excepcionales. "Hoy IOMA se encuentra en crisis, con deudas millonarias, cortes en la atención y un conflicto que no cede, mientras que su titular, Homero Giles, no da la cara", afirmó al presentar la iniciativa.
Desde La Libertad Avanza, Carlos Curestis impulsó una iniciativa para intervenir la obra social y declarar la emergencia sanitaria, económica, financiera y operativa.
Por su parte, los radicales Alejandra Lordén, Priscila Minnaard y Valentín Miranda propusieron la creación de una comisión bicameral destinada a monitorear el funcionamiento del instituto.
En Diputados, la oposición avanzó con pedidos para interpelar al presidente de IOMA, Homero Giles, y promovió una sesión especial exclusivamente dedicada a debatir la situación del organismo. La convocatoria reunió el respaldo de 47 legisladores de distintos bloques, aunque finalmente no prosperó al no reunir la mayoría especial requerida.
En los fundamentos de la solicitud, los legisladores advirtieron que las denuncias por dificultades para acceder a medicamentos, demoras en las autorizaciones, conflictos con prestadores y problemas para garantizar tratamientos justifican un tratamiento específico por parte de la Legislatura.
"No puede resultar indiferente para esta Honorable Cámara que millones de bonaerenses manifiesten sentirse abandonados por una obra social cuya finalidad esencial es garantizar el acceso efectivo a la salud", señalaron.
Un conflicto que dejó de ser aislado
Lo ocurrido durante esta semana expone un cambio de escenario. Ya no se trata únicamente de reclamos administrativos por atrasos en los pagos. Mientras algunas instituciones consiguen oxígeno con desembolsos parciales, otras comenzaron a reducir prestaciones, suspender actividades o advertir que peligra su continuidad.
El mapa de conflictos también se amplía territorialmente: La Plata, Ensenada, Villa Elisa y Bahía Blanca aparecen entre los casos más visibles, aunque colegios profesionales, acompañantes terapéuticos, prestadores de discapacidad y asociaciones médicas vienen denunciando situaciones similares desde hace meses.
Con ese cuadro, IOMA quedó nuevamente en el centro de la discusión política. La oposición exige explicaciones sobre el estado financiero del organismo y reclama un cronograma de pagos que brinde previsibilidad, mientras el Gobierno provincial sostiene que las prestaciones se liquidan dentro de los tiempos administrativos previstos y rechaza que exista una crisis estructural.