Industria bonaerense: cierres, impuestos y la pelea política por las causas de la crisis
La discusión por la industria bonaerense dejó de pasar solamente por las estadísticas. Mientras empresarios de distintos rubros llevaron al gobierno de Axel Kicillof una lista de problemas que va desde la caída del consumo hasta las importaciones, el contrabando y la presión tributaria, nuevos despidos volvieron a mostrar el costado laboral del deterioro fabril. En paralelo, oficialismo y oposición trasladaron esa discusión al terreno político: quién tiene mayor responsabilidad y qué herramientas pueden frenar la pérdida de empresas y puestos de trabajo.
El caso más reciente es Granja Tres Arroyos. La compañía avícola anunció entre 40 y 50 despidos en su planta Pinazo, ubicada en La Lonja, partido de Pilar, luego de un período de suspensión. Al mismo tiempo, permanece paralizado hasta nuevo aviso el establecimiento de Capitán Sarmiento, donde trabajadores denunciaron deudas salariales.
La firma atraviesa una situación financiera propia, con un pasivo cercano a los USD 350 millones, dificultades operativas y pedidos de quiebra, y atribuyó parte de sus problemas a circunstancias extraordinarias como la gripe aviar y el cierre de mercados internacionales. Por eso, su situación no puede explicarse únicamente por el cuadro macroeconómico.
El episodio, sin embargo, se inserta en un escenario más amplio. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM en los últimos días, la industria manufacturera bonaerense se ubicó entre enero y julio un 11,6% por debajo de igual período de 2023 y perdió peso junto con el comercio y la construcción, mientras otras actividades mostraron una evolución diferente.
La Provincia concentra además alrededor de la mitad de la producción fabril argentina y casi seis de cada diez empleos industriales registrados del país, de modo que cualquier retroceso del sector tiene un impacto especialmente fuerte sobre territorio bonaerense.
Los industriales llevaron su propia agenda
Ese cuadro atravesó el encuentro por el Día de la Industria realizado en el Parque Industrial Tecnológico Aeronáutico de Morón. Kicillof escuchó allí a representantes de sectores textiles, metalúrgicos, cerveceros, navales, plásticos, del calzado, juguetes y fundición. El denominador común fue la falta de consumo, aunque también aparecieron advertencias por el avance de las importaciones, el contrabando, las dificultades de competitividad, la informalidad y el costo tributario.
Las exposiciones mostraron que el empresariado comparte buena parte del diagnóstico sobre el deterioro de la actividad, pero no necesariamente la misma receta. Luciano Galfione, presidente de la Fundación Pro Tejer, advirtió por la pérdida de 25.000 puestos textiles y el cierre de 500 empresas.
Desde el sector metalúrgico se informó una caída interanual del 4,2% y una utilización de capacidad instalada del 39%. Representantes del calzado y del juguete pusieron el foco en las importaciones y el contrabando, mientras la industria cervecera sumó entre sus dificultades la presión tributaria nacional, provincial y municipal.
El reclamo más concreto hacia la Provincia volvió a llegar desde la Unión Industrial de la Provincia de Buenos Aires (UIPBA). Su presidente, Alejandro Gentile, insistió con una propuesta para reducir progresivamente el peso de Ingresos Brutos sobre la producción.
El esquema plantea elevar de $1.800 millones a $3.200 millones anuales el límite de facturación para que micro y pequeñas industrias queden exentas, además de reducciones escalonadas para empresas medianas y grandes. La entidad sostiene que el planteo fue diseñado para evitar una pérdida de recursos para el Tesoro bonaerense.
Kicillof recogió el planteo sin aceptar que la cuestión tributaria explique el cuadro general. Admitió que la estructura impositiva provincial es perfectible y puede discutirse, pero sostuvo que las mismas reglas regían cuando al sector le iba mejor.
Su diagnóstico apuntó directamente hacia la administración de Javier Milei: “La macro de Milei es lo que los está fundiendo”, afirmó ante los empresarios, y caracterizó la orientación nacional como un proceso deliberado de desindustrialización.
La vicegobernadora Verónica Magario reforzó esa interpretación. Después de escuchar a las cámaras empresarias, mencionó la retracción de los salarios y del consumo, la apertura importadora y el aumento de las tarifas entre los factores que afectan la rentabilidad. “Este gobierno vino a destruir el trabajo y la industria”, sostuvo al cuestionar la política nacional.
La oposición devuelve la discusión a La Plata
El diagnóstico del Ejecutivo bonaerense encontró respuesta en sectores opositores que, aun con diferencias respecto de Milei, reclamaron que la Provincia revise sus propias políticas. El senador provincial del PRO Pablo Petrecca pidió reglas estables, simplificación administrativa, infraestructura, menor presión fiscal, mejoras logísticas y acceso al financiamiento. El legislador sostuvo que esos factores condicionan las decisiones de inversión, ampliación de plantas y generación de empleo.
Una posición todavía más equidistante planteó el intendente de San Nicolás, Santiago Passaglia. Cuestionó la idea de que ordenar las variables macroeconómicas alcance por sí solo para recuperar la producción y advirtió que ese proceso no debería arrastrar empresas y trabajadores. Pero también le reclamó a Kicillof respuestas sobre rutas, infraestructura, burocracia y carga impositiva, y rechazó que la discusión industrial quede reducida a un cruce de responsabilidades entre ambos gobiernos.
La disputa ocurre mientras el peso del sector sobre la economía provincial sigue siendo determinante: la industria explica el 20,8% del Producto Bruto Geográfico bonaerense, el 24,5% del empleo asalariado formal y más de la mitad de la actividad manufacturera argentina.
En ese contexto, empresarios, oficialismo y oposición empiezan a coincidir en la gravedad del deterioro, aunque no en sus causas ni en la distribución de responsabilidades. Passaglia lo sintetizó desde San Nicolás: “No podemos acostumbrarnos a ver empresas cerrando y argentinos perdiendo su trabajo”.