Legislativas Por: Mariana Portilla11 de septiembre de 2026

Ludopatía en la Provincia: Diputados reactiva el debate y busca saldar una deuda que acumula proyectos

La comisión especializada convocó a los autores de las iniciativas para discutir una regulación común. Publicidad, controles de acceso y prevención en clubes y escuelas forman parte de una agenda que todavía espera traducirse en nuevas herramientas legales.
 
Será el segundo encuentro del año de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, que comenzó a funcionar en julio y hasta ahora no emitió dictamen sobre ninguna reforma de fondo.

La Cámara de Diputados bonaerense intentará sacar del letargo el debate por la ludopatía. La comisión creada específicamente para abordar el problema volverá a reunirse el próximo miércoles 16 de septiembre, con una agenda que incluye 22 proyectos de ley y el objetivo político de comenzar a construir una regulación común sobre las apuestas y el juego problemático.

La convocatoria representa un movimiento concreto después de meses de escasa actividad. Será apenas el segundo encuentro del año de la Comisión de Juegos de Azar, Lotería y Prevención de la Ludopatía, que comenzó a funcionar en julio y hasta ahora no emitió dictamen sobre ninguna reforma de fondo.

Los autores de las distintas iniciativas fueron invitados a presentar sus propuestas y discutir posibles puntos de acuerdo. El desafío será condensar en un mismo texto medidas que abarcan desde la publicidad de las casas de apuestas y los controles biométricos hasta el funcionamiento de las billeteras virtuales, la prevención en escuelas y clubes y la atención de quienes desarrollan una relación compulsiva con el juego.

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La comisión es presidida por Micaela Olivetto, diputada de Fuerza Patria vinculada a La Cámpora. La vicepresidencia está en manos de Fernando Rovello, del PRO y expresidente del Instituto Provincial de Lotería y Casinos durante la gestión de María Eugenia Vidal, mientras que el radical Diego Garciarena ocupa la secretaría. También integran el cuerpo los diputados de Fuerza Patria Juan Pablo de Jesús, Marcela Basualdo, Roberto Vázquez y Lucía Iañez; la libertaria Jazmín Carrizo y Fabián Luayza, de Nuevos Aires.

La composición expresa la diversidad política que deberá alcanzar un acuerdo. Actualmente hay 27 expedientes bajo análisis: 22 proyectos de ley, tres iniciativas de declaración y dos pedidos de informes. Fuerza Patria concentra diez propuestas; la UCR reúne seis; UCR + Cambio Federal, cuatro; Unión y Libertad, tres; la Coalición Cívica, dos; y La Libertad Avanza y Derecha Popular cuentan con una cada uno.

La comisión es presidida por Micaela Olivetto, diputada de Fuerza Patria vinculada a La Cámpora.

De más de 50 propuestas a una posible ley común

Durante los últimos dos años ingresaron a la Cámara baja más de 50 iniciativas vinculadas directa o indirectamente con la ludopatía. Una parte perdió estado parlamentario y otras fueron reemplazadas o reformuladas. El universo vigente quedó reducido a los 27 expedientes que ahora deberá ordenar la comisión.

El antecedente más cercano no resulta alentador. En 2024, la Comisión de Prevención de las Adicciones había avanzado en la elaboración de una propuesta conjunta a partir de una docena de proyectos. El texto no completó el recorrido por Legislación General y Presupuesto y nunca llegó al recinto.

La creación de un cuerpo dedicado exclusivamente a los juegos de azar fue presentada a comienzos de 2026 como una salida para concentrar la discusión. La comisión obtuvo competencia sobre la regulación, autorización y fiscalización del juego presencial y digital, junto con las políticas de prevención, asistencia y tratamiento.

Sin embargo, tal como detalló GRUPOLAPROVINCIA.COM, el cambio de estructura todavía no se tradujo en una respuesta legislativa concreta. La reunión del 16 de septiembre deberá empezar a resolver esa deuda.

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Los proyectos presentan diferencias, aunque también contienen puntos que podrían facilitar la redacción de una iniciativa unificada. Uno de los consensos más extendidos es la necesidad de impedir que niños y adolescentes ingresen a las plataformas mediante identidades falsas o cuentas pertenecientes a personas adultas.

Entre las medidas bajo análisis aparecen: la incorporación de sistemas biométricos para verificar la identidad y la edad de los apostadores; la prohibición o limitación de publicidades dirigidas a menores; nuevas reglas para influencers, clubes, deportistas y figuras públicas que promocionen plataformas; el bloqueo de sitios de apuestas desde las redes de internet de las escuelas; y la restricciones sobre el uso de billeteras virtuales pertenecientes a menores.

También las campañas obligatorias de prevención y líneas de asistencia; capacitación para docentes, profesionales de la salud y referentes comunitarios; mayores sanciones contra quienes faciliten el acceso de adolescentes; garantías de atención y cobertura para los tratamientos; y controles sobre diseños y contenidos que utilizan una estética infantil para atraer usuarios.

La discusión, además, deberá diferenciar las plataformas autorizadas de los sitios clandestinos. Las empresas legales operan bajo la órbita del Instituto Provincial de Lotería y Casinos y deben cumplir requisitos regulatorios. El mercado ilegal funciona por fuera de esos controles, admite mecanismos informales de pago y presenta mayores dificultades para identificar la edad de quienes participan.

Uno de los consensos más extendidos es la necesidad de impedir que niños y adolescentes ingresen a las plataformas mediante identidades falsas o cuentas pertenecientes a personas adultas.

Los clubes, la última pieza incorporada al debate

Uno de los expedientes más recientes pertenece al diputado de Fuerza Patria Carlos Puglelli. Su iniciativa propone modificar la Ley 12.108 de Promoción y Fiscalización del Deporte para sumar a los clubes y entidades deportivas a la estrategia provincial contra la ludopatía infantil.

El proyecto parte de la relación cada vez más estrecha entre las competencias deportivas y las plataformas digitales. Las apuestas en tiempo real, la publicidad durante las transmisiones, los patrocinios y la utilización de referentes del fútbol contribuyen a presentar el juego con dinero como una extensión del espectáculo.

La propuesta busca que entrenadores, profesores, coordinadores y dirigentes reciban herramientas para reconocer señales de alerta, informar a las familias y facilitar la derivación hacia los dispositivos especializados.

Puglelli aclaró que la intención no es convertir a los referentes de los clubes en profesionales de la salud ni transferirles responsabilidades terapéuticas. Las instituciones cumplirían una tarea preventiva y el Estado provincial debería entregar gratuitamente los materiales y las capacitaciones.

“El deporte no debe convertirse en una puerta de entrada al juego problemático”, sostuvo el legislador al fundamentar la iniciativa. El planteo intenta aprovechar el vínculo cotidiano que los clubes mantienen con miles de chicos y adolescentes, sin agregarles costos a entidades que muchas veces funcionan gracias a las cuotas sociales y al trabajo voluntario.

El estudio Kids Online Argentina, desarrollado por UNICEF Argentina y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, indicó que el 24% de los consultados de entre 12 y 17 años había apostado dinero por internet al menos una vez.

Los datos que empujan el debate

La facilidad para apostar desde un teléfono alteró las barreras tradicionales de acceso al juego. Ya no hace falta ingresar a un casino o a una sala de apuestas: alcanza con contar con conexión a internet, una cuenta disponible y un mecanismo para transferir dinero.

El estudio Kids Online Argentina, desarrollado por UNICEF Argentina y UNESCO sobre más de 5.900 niños, niñas y adolescentes, indicó que el 24% de los consultados de entre 12 y 17 años había apostado dinero por internet al menos una vez. Además, más del 60% de la población relevada entre 9 y 17 años conocía a alguien que había realizado apuestas digitales.

La Provincia también difundió diferentes relevamientos. Una primera consulta sobre 434 estudiantes secundarios registró que el 34% había apostado alguna vez. Por las características y el tamaño de la muestra, ese porcentaje no puede extrapolarse automáticamente al conjunto del sistema educativo, aunque funcionó como una advertencia sobre el alcance del fenómeno.

Otro estudio desarrollado posteriormente en escuelas bonaerenses señaló que alrededor del 4% de los alumnos consultados apostaba al menos una vez por mes. El dato resulta relevante porque permite diferenciar una experiencia aislada de una práctica sostenida, con mayores posibilidades de afectar la vida educativa, familiar y social.

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Las medidas provinciales y los pedidos de explicaciones

El Gobierno bonaerense presentó en 2024 un Plan Integral de Prevención y Tratamiento de la Ludopatía Adolescente, con participación de siete ministerios y organismos. El esquema incluyó campañas de concientización, capacitación docente, asistencia sanitaria, bloqueo de plataformas en las redes escolares y controles de identidad en los sitios autorizados.

La administración provincial también informó la recepción de más de 800 denuncias relacionadas con páginas ilegales y presentaciones contra más de un centenar de influencers que promocionaban apuestas. A eso sumó gestiones ante las empresas tecnológicas y entidades vinculadas al sector para retirar contenidos y cerrar accesos clandestinos.

En septiembre, además, comenzó a aplicarse un aporte del 2% sobre determinados premios de juegos online de resolución inmediata, destinado al Fondo Provincial de Inversión Social. La medida abrió otra discusión sobre el destino de los recursos generados por una actividad que el propio Estado regula y sobre cuánto debería invertirse específicamente en prevención y tratamiento.

La oposición, mientras tanto, presentó pedidos de informes para conocer el nivel de implementación de las políticas anunciadas. Los cuestionamientos alcanzan al Instituto Provincial de Lotería y Casinos, conducido por Gonzalo Atanasof, y apuntan particularmente a la eficacia de la identificación biométrica, el bloqueo de sitios y los controles sobre la publicidad.

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