Privatización de AySA: las claves del frente bonaerense que lleva el plan de Milei a la Justicia
La privatización de Agua y Saneamientos Argentinos (AySA) sumó un nuevo frente judicial cuando faltan pocos días para una instancia decisiva del proceso. El intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray, presentó otra acción de amparo para cuestionar las condiciones establecidas por el Gobierno de Javier Milei y reclamar garantías sobre la continuidad, calidad y expansión de los servicios.
La nueva presentación fue realizada ante los tribunales federales de La Plata después de que la Nación extendiera hasta el 15 de septiembre el plazo del proceso licitatorio. El expediente se suma a una primera acción promovida por Gray y a la causa iniciada por el defensor del Pueblo bonaerense, Guido Lorenzino, que ya obtuvo una medida cautelar favorable.
El reclamo del intendente incorpora un eje nuevo: la presunta desigualdad generada por el pliego al excluir a empresas públicas provinciales. Según su planteo, esa restricción impediría que Aguas Bonaerenses (ABSA) participe de la licitación en las mismas condiciones que los operadores privados.
El conflicto se concentra ahora en dos planos. Por un lado, la Nación conserva la posibilidad de continuar con la venta del 90% del paquete accionario. Por otro, la Justicia ya estableció que el cambio de operador no puede utilizarse para reducir las obligaciones vinculadas con el acceso al agua potable, el saneamiento, la salud pública y el cuidado ambiental.
“El acceso al agua potable y al saneamiento cloacal es un derecho humano y una responsabilidad que el Estado debe garantizar”, afirmó Gray. En ese sentido, advirtió que las dificultades económicas de las familias vuelven especialmente sensible cualquier modificación que habilite interrupciones por falta de pago.
El intendente sostuvo que una mora de 60 días no debería dejar a un hogar sin un servicio esencial. También pidió asegurar las inversiones necesarias para incorporar a los barrios que aún permanecen fuera del sistema. “Necesitamos inversiones para ampliar las redes y garantizar que todos los bonaerenses puedan acceder a estos servicios esenciales”, señaló.
Qué vende el Gobierno nacional
La privatización fue habilitada por la Ley Bases y reglamentada posteriormente mediante el Decreto 494/2025. En mayo de 2026, la Resolución 704 del Ministerio de Economía autorizó el llamado a una licitación pública nacional e internacional para transferir a un solo operador la totalidad de las acciones pertenecientes al Estado nacional.
Ese paquete representa el 90% del capital de AySA. El 10% restante continúa vinculado al Programa de Propiedad Participada de los trabajadores. La licitación no tiene precio base y forma parte del programa de privatizaciones impulsado por la administración de Milei. El Gobierno estima obtener alrededor de 450 millones de dólares, aunque el resultado dependerá de las ofertas y de las condiciones finales del procedimiento.
El cronograma fue prorrogado hasta el 15 de septiembre. La extensión provocó que Gray presentara una nueva acción en La Plata y abrió otra instancia de discusión sobre la participación de ABSA.
Uno de los cuestionamientos centrales de Gray es la imposibilidad de que ABSA participe como oferente. El intendente ya había pedido públicamente a Axel Kicillof que la Provincia analizara una intervención a través de su empresa estatal.
La nueva presentación sostiene que el pliego excluye a las compañías provinciales y, por esa vía, impide evaluar una alternativa pública dentro del procedimiento.
El planteo abre una discusión jurídica y política. Gray considera que Buenos Aires debe poder intervenir porque el servicio alcanza a millones de habitantes de su territorio y se relaciona con competencias provinciales en materia ambiental, sanitaria y de administración de los recursos naturales.
ABSA, sin embargo, opera actualmente en un territorio diferente al de AySA. La empresa provincial presta servicios en un centenar de municipios bonaerenses, mientras AySA concentra su actividad en la Ciudad de Buenos Aires y parte del Conurbano.
Gray también cuestionó el programa de inversiones incorporado al procedimiento. Según su análisis, las metas previstas para los primeros diez años resultarían insuficientes para cubrir las necesidades del área metropolitana.
El intendente señaló que las principales obras estructurales destinadas a ampliar las redes quedarían relegadas para etapas posteriores. Esa demora afectaría especialmente a municipios con crecimiento demográfico y barrios que todavía dependen de pozos particulares, perforaciones o sistemas alternativos de saneamiento.
Esteban Echeverría constituye uno de esos casos. El distrito mantiene demandas de expansión de las redes de agua potable y desagües cloacales. Para Gray, una privatización que no obligue a realizar las obras necesarias podría consolidar las desigualdades existentes dentro del área de concesión.
El punto resulta clave para el futuro modelo. Los operadores privados suelen priorizar inversiones con una recuperación económica previsible, mientras la extensión del servicio hacia barrios vulnerables o zonas menos densamente pobladas puede requerir financiamiento público.
La Justicia ya fijó un primer límite
El nuevo amparo aparece después de una resolución que condicionó el proceso privatizador. La Sala II de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de La Plata confirmó una cautelar promovida a partir del reclamo de Guido Lorenzino.
La medida establece que AySA no puede modificar, reducir, limitar, suspender ni alterar sus obligaciones relacionadas con el acceso al agua, la salud pública, la protección ambiental y la correcta prestación del servicio.
El fallo fue firmado por los jueces Pablo Muñoz, Gerónimo Arias y María Ventura Martínez. Los magistrados entendieron que una disminución de las garantías podría provocar daños de difícil o imposible reparación.
La Cámara utilizó como fundamentos el reconocimiento del agua como derecho humano, los principios preventivo y precautorio en materia ambiental y el criterio jurídico conocido como in dubio pro natura. Esa doctrina establece que, ante una duda, debe privilegiarse la alternativa que ofrezca mayor protección a la naturaleza y evite daños irreversibles.
Como explicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, la resolución no anuló la licitación ni impidió la venta de las acciones. Su alcance es preventivo: el proceso puede continuar, pero el futuro concesionario no debería prestar el servicio bajo estándares inferiores a los vigentes.
La Cámara también confirmó que el expediente iniciado por la Defensoría del Pueblo deberá continuar en la Justicia federal. La decisión se basó en que el litigio exige interpretar normas nacionales y alcanza a una empresa cuyo paquete mayoritario todavía pertenece al Estado nacional.
Lorenzino había pedido mantener la causa en el fuero provincial, mientras AySA apeló la medida cautelar. El tribunal rechazó el cuestionamiento de la compañía, preservó las restricciones y remitió la discusión de fondo a los tribunales federales de La Plata.
El proceso sigue, pero con condicionamientos
El Gobierno nacional mantiene el cronograma para recibir propuestas por el 90% de AySA. Hasta ahora, ninguna resolución judicial dejó sin efecto la licitación. La cautelar vigente tampoco impide el ingreso de un operador privado.
Lo que sí estableció la Justicia es que el cambio societario no habilita una reducción de las obligaciones sanitarias, ambientales y sociales. El nuevo amparo busca ampliar esos límites antes de que se cierre la recepción de ofertas.
En los próximos días deberá conocerse si el fuero federal admite la presentación de Gray y si dicta alguna medida que afecte el calendario oficial. También quedará por definir si acepta revisar la exclusión de las empresas públicas provinciales.
La privatización entra así en su etapa decisiva con varios interrogantes pendientes: cuánto deberá invertir el adjudicatario, qué protección tendrán las familias con deudas, cómo se garantizará la extensión de las redes y qué participación tendrá Buenos Aires sobre un servicio que atraviesa buena parte de su territorio.