Cuentas en rojo y obra pública en caída: la oposición alerta por el ajuste que atraviesa la Provincia

Las cuentas públicas de la provincia de Buenos Aires volvieron a quedar en el centro del debate político. Durante el primer semestre de 2026, la administración de Axel Kicillof acumuló un déficit financiero de $876.057 millones, equivalente al 4,2% de los ingresos totales, mientras la obra pública sufrió una contracción real superior al 30%.

Los números fueron difundidos por la diputada bonaerense Silvina Vaccarezza, integrante del bloque UCR+Cambio Federal y de la Comisión de Presupuesto e Impuestos, a partir de un informe de ejecución presupuestaria elaborado por la consultora Sigma Análisis Económico.

La legisladora puso el foco en la estrategia utilizada por el Gobierno provincial para moderar el desequilibrio fiscal. Si bien el rojo se redujo frente al primer semestre de 2025, cuando había representado el 5,4% de los recursos, esa mejora estuvo acompañada por una disminución real del gasto y, especialmente, por un fuerte freno en las partidas destinadas a infraestructura.

“Los números del primer semestre reflejan con claridad que la Provincia está transitando un proceso de contención del gasto para ordenar el balance fiscal”, sostuvo Vaccarezza. Sin embargo, advirtió que ese esfuerzo tiene consecuencias sobre “el desarrollo productivo y la obra pública” y termina afectando la calidad de vida de los bonaerenses.

Déficit menor, pero con ingresos y gastos en retroceso

De acuerdo con el comunicado difundido por Vaccarezza, los recursos totales de la Provincia alcanzaron los $20,74 billones entre enero y junio. En términos reales, esto representó una caída interanual del 1,4%. Frente a la reducción de los ingresos, el gasto total bajó un 2,6% real respecto del mismo período de 2025. Esa contracción, superior a la registrada en los recursos, permitió moderar parcialmente el déficit, aunque sin alcanzar el equilibrio financiero.

El gasto en personal retrocedió un 0,8% real, las erogaciones destinadas a jubilaciones disminuyeron un 0,3% y los gastos operativos —que comprenden bienes, servicios y funcionamiento del Estado— cayeron un 6,2%.

Para Vaccarezza, esa composición demuestra que el ordenamiento no se concentró exclusivamente en gastos administrativos secundarios, sino que alcanzó áreas vinculadas con los salarios, el funcionamiento de los organismos públicos y las prestaciones estatales.

En sentido contrario al resto de los componentes, el pago de intereses de la deuda pública aumentó un 19,2% por encima de la inflación. Fue el único rubro relevado que presentó una variación real positiva.

“El único rubro que creció por encima de la inflación fueron los compromisos financieros. Mientras tanto, la masa salarial y el funcionamiento operativo básico del Estado siguen siendo la variable de ajuste”, cuestionó la diputada radical.

El dato agrega tensión a la discusión presupuestaria porque la Provincia debe sostener simultáneamente el pago de sus compromisos financieros, los salarios estatales, el sistema previsional, la asistencia a los municipios y las inversiones en infraestructura.

Ese escenario se desarrolla, además, en medio de los pedidos de reapertura paritaria impulsados por estatales y judiciales, y de los reclamos de sectores docentes que denuncian una pérdida sostenida del poder adquisitivo.

La obra pública absorbió el recorte más profundo

El principal deterioro se produjo en el gasto de capital, la categoría que concentra la inversión y buena parte de la obra pública. Durante el semestre se ejecutaron $971.008 millones, con una caída real del 30,8% frente al mismo período del año anterior.

“La infraestructura es una variable de ajuste recurrente”, lamentó Vaccarezza, quien sostuvo que el crecimiento y el desarrollo de la Provincia requieren obras capaces de acompañar la producción y mejorar los servicios.

La reducción alcanza un área especialmente sensible para Buenos Aires. La Provincia enfrenta demandas por rutas, establecimientos educativos, viviendas, agua potable, cloacas y trabajos hidráulicos, mientras intenta finalizar proyectos abandonados o desfinanciados por la administración nacional.

Como publicó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Gobierno bonaerense viene atribuyendo parte de sus restricciones financieras al recorte de fondos dispuesto por la Casa Rosada. En mayo, el ministro de Gobierno, Carlos Bianco, estimó en $24,6 billones el impacto acumulado de las transferencias suspendidas, las obras paralizadas, las deudas directas y la pérdida de recaudación asociada con la caída de la actividad.

Dentro de ese cálculo, la Provincia incluyó $9,2 billones por proyectos nacionales interrumpidos, $5,3 billones por menor coparticipación y transferencias, $4,1 billones de deudas directas y $2,6 billones por el deterioro de los recursos propios. La metodología y la magnitud de ese reclamo forman parte de la disputa política y judicial entre ambas administraciones.

Menos recaudación y presión sobre los municipios

El informe también detectó una caída real del 1,6% en los ingresos tributarios provinciales. Ingresos Brutos, que representa el 75,1% de la recaudación propia, volvió a quedar condicionado por el bajo nivel de actividad y la debilidad del consumo.

La excepción fue el Impuesto Inmobiliario, que presentó un incremento real del 15,9%, explicado en el relevamiento por las modificaciones incorporadas en la Ley Impositiva 2026. A la disminución de los recursos propios se agregó un retroceso del 3,2% real en los fondos tributarios de origen nacional, categoría que comprende la Coparticipación Federal y diferentes leyes especiales. Vaccarezza vinculó ese resultado con el enfriamiento económico provocado por las políticas de Javier Milei.

“El camino del ajuste nacional ya tiene consecuencias gravísimas en la actividad económica de la provincia”, afirmó la legisladora. Su planteo distribuye responsabilidades: cuestiona al Ejecutivo bonaerense por el recorte de la inversión, pero reconoce que la caída de la recaudación y de los giros federales limita el margen presupuestario de Kicillof.

El deterioro también llegó a los gobiernos locales. Las transferencias corrientes directas hacia los 135 municipios disminuyeron un 2,3% real durante el período analizado.

Una discusión con responsabilidades cruzadas

Los datos abren una nueva disputa sobre las prioridades presupuestarias bonaerenses. Desde la oposición señalan que la Provincia redujo el déficit mediante una contracción que golpeó con especial intensidad a la infraestructura. El Gobierno de Kicillof, por su parte, sostiene que debe administrar con menos ingresos propios y nacionales mientras absorbe obligaciones abandonadas por la Nación.

La fotografía del semestre contiene elementos de ambas discusiones: el desequilibrio fiscal bajó en términos relativos, pero continuó siendo elevado; los recursos retrocedieron, aunque el gasto lo hizo a un ritmo mayor; y la inversión pública soportó la reducción más pronunciada.

Para Vaccarezza, el desafío consiste en ordenar las cuentas sin convertir a la obra pública, los salarios y el funcionamiento estatal en las principales variables de contención. La controversia ahora puede trasladarse a la Legislatura, donde el oficialismo necesitará negociar el próximo presupuesto, la Ley Impositiva y las herramientas de financiamiento para sostener la administración provincial.