El agua no espera: municipios reclaman fondos, la oposición exige obras y la prevención entra en tiempo de descuento

Mientras el gobierno de Axel Kicillof avanza con una mesa interministerial y articula acciones con los municipios frente a la llegada del Súper Niño, la oposición sumó proyectos para acelerar obras, liberar recursos y ampliar la capacidad de respuesta de los intendentes.

En las últimas horas aparecieron tres movimientos concretos. El senador Sergio Vargas, de Unión y Libertad, propuso permitir que las comunas redireccionen fondos vinculados con el Impuesto Inmobiliario Rural; su par Emilia Subiza, de Hechos-UCR Identidad, reclamó terminar intervenciones hidráulicas y establecer una coordinación interprovincial; y el municipio de La Plata creó una unidad específica para gestionar riesgos y emergencias.

Las iniciativas parten de una advertencia compartida: si las precipitaciones aumentan sobre territorios con napas elevadas y poca capacidad de absorción, los daños podrían alcanzar caminos rurales, zonas productivas, barrios urbanos y servicios esenciales. 

El proyecto de Vargas autoriza a los municipios, durante un plazo excepcional de 180 días, a reasignar hasta el 100% de determinados fondos derivados del Impuesto Inmobiliario Rural. Actualmente, esos recursos tienen como destino el mantenimiento de la red vial rural. La propuesta permitiría utilizarlos también para trabajos de drenaje pluvial, dragado y limpieza de canales, reparación de alcantarillas y adquisición de equipamiento destinado a infraestructura hídrica.

“Resulta un imperativo dotar a los intendentes de la flexibilidad técnica necesaria para reaccionar ante eventos climáticos severos. Es otorgar una herramienta de rápida ejecución en el territorio para mitigar los daños climáticos”, argumentó el legislador.

La iniciativa, acompañada por su par Silvana Ventura, busca evitar que los gobiernos locales deban esperar autorizaciones o partidas extraordinarias mientras se deterioran canales, desagües y caminos. Sin embargo, también abre una discusión sobre el costo de oportunidad: los recursos destinados a obras hidráulicas dejarían de utilizarse, al menos temporalmente, para conservar la red vial.

Los autores sostienen que la división no resulta tan tajante. Si los canales se desbordan o las alcantarillas colapsan, los caminos también terminan afectados. “Condenar a los municipios a la rigidez burocrática de solo poder perfilar caminos de tierra cuando la red de canales se desborda es gobernar de espaldas a la cruda realidad de nuestros productores”, advirtieron.

Según la distribución citada en los fundamentos, de los recursos recaudados mediante el Inmobiliario Rural, un 65% corresponde al Ejecutivo provincial, un 12% se dirige al Fondo Compensador de Mantenimiento y Obras Viales, un 3% al Fondo de Fortalecimiento de Programas Sociales y Saneamiento Ambiental y un 20% llega a los municipios como retribución por administrar el tributo.

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Obras inconclusas y una coordinación entre seis provincias

La senadora Emilia Subiza llevó el debate al Parlamento Federal del Clima. Allí presentó un proyecto para reclamar la realización y finalización de obras hidráulicas, la transferencia de recursos nacionales con afectación específica y la creación de una estrategia común entre Buenos Aires, Misiones, Corrientes, Chaco, Santa Fe y Entre Ríos.

“A diferencia de otras catástrofes, El Niño nos otorga algo invaluable: tiempo de anticipación. Nos da la oportunidad de prepararnos”, sostuvo la legisladora de Hechos-UCR Identidad.

El documento cita el Pronóstico Climático Trimestral del Servicio Meteorológico Nacional para septiembre, octubre y noviembre, que identifica probabilidades de precipitaciones superiores a los valores normales en sectores del Litoral, las cuencas de los ríos Paraná y Uruguay y el norte y noreste bonaerense.

Subiza concentró su planteo en San Nicolás, ubicado a orillas del Paraná, y en la necesidad de completar la Cuenca Teherán. Según expuso, esa intervención presenta un grado avanzado de ejecución, pero permanece inconclusa, lo que mantiene expuestos a barrios y corredores viales ante episodios de lluvias fuertes.

La legisladora también advirtió que una crecida del Paraná no afecta únicamente las viviendas. Puede alterar la actividad gastronómica de la costanera, limitar el funcionamiento del Ecoparque, generar problemas sanitarios y provocar el desplazamiento de especies del Delta hacia sectores urbanizados.

Su propuesta pide completar obras de saneamiento y desagües pluviales, mejorar los sistemas de alerta temprana y coordinar protocolos entre las provincias atravesadas por las mismas cuencas. La lógica es que una decisión adoptada aguas arriba puede modificar el caudal y los riesgos que deberán afrontar otras jurisdicciones.

“Acá no importa si es compañero, correligionario o si tiene peluca. Llegó el momento de aunar esfuerzos, superar los límites interprovinciales y dejar de lado las diferencias políticas”, afirmó Subiza al reclamar una respuesta federal.

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La Plata creó una unidad para gestionar emergencias

El tercer movimiento ocurrió en la capital bonaerense. El gobierno de Julio Alak oficializó la creación de la Unidad Municipal de Gestión del Riesgo, que funcionará vinculada con la Secretaría de Planeamiento, Obras y Servicios.

El equipo contará con la participación del concejal Sergio Resa, autor del Código de Ordenamiento Urbano y Territorial; Guillermo De Souza, quien dejará la Subsecretaría de Control Urbano para asumir como coordinador de Emergencias y Protección Civil; y el especialista Fernando Carlos.

La nueva estructura identificó 24 amenazas y vulnerabilidades sobre las que deberá mejorar la prevención y capacidad de respuesta. El listado contempla tormentas severas, granizo, tornados, olas de frío y calor, incendios, epidemias, derrumbes, explosiones, fugas de gas e incidentes de transporte, entre otras situaciones.

Aunque su alcance es más amplio, el riesgo hídrico ocupará un lugar central por el antecedente de la inundación del 2 de abril de 2013. La intención es vincular la respuesta ante tormentas con la planificación urbana, el control de las construcciones y la capacidad de los barrios para retener y conducir el agua.

“El riesgo de inundación no depende solamente de cuánto llueve. También es consecuencia de cómo ocupamos el territorio, dónde construimos y qué capacidad tiene la ciudad para retener y conducir el agua”, explicó Resa.

La unidad municipal también buscará celebrar convenios con clubes, asociaciones civiles, grupos scouts y otras organizaciones comunitarias. El propósito es conocer previamente qué instalaciones, vehículos, personal y elementos pueden ponerse a disposición ante una contingencia.

La decisión recibió el respaldo crítico del senador Marcelo “Chuby” Leguizamón. El legislador de Hechos-UCR Identidad celebró que La Plata incorpore una estructura permanente, pero cuestionó la demora del gobierno de Alak.

“Frente a los fenómenos naturales no alcanza con reaccionar cuando llegan. Hay que prepararse antes”, señaló. Luego recordó las inundaciones de 2002, 2008 y 2013 y remarcó que la gestión del riesgo requiere obras, mantenimiento, inversión y sistemas de advertencia temprana.

El plan provincial que moviliza $2,3 billones

Los nuevos reclamos se superponen con el operativo presentado por Kicillof. Como informó GRUPOLAPROVINCIA.COM, el Ejecutivo creó una mesa interministerial con comunicación directa con los 135 municipios.

El dispositivo contempla mapas locales de riesgo, inventarios de maquinaria, limpieza de arroyos, protocolos de evacuación, monitoreo meteorológico e hidrológico y coordinación entre los ministerios de Gobierno, Ambiente, Infraestructura, Seguridad, Desarrollo de la Comunidad, Desarrollo Agrario, Hábitat, Salud y Economía.

El Gobierno ubicó en $2,3 billones el conjunto de inversiones relacionadas con la prevención y respuesta frente a eventos climáticos. No se trata íntegramente de recursos nuevos: alrededor de $2,1 billones corresponden a un presupuesto plurianual de infraestructura que reúne obras en distintas etapas de ejecución.

El Ministerio de Infraestructura dividió el plan en tres niveles. El primero es el monitoreo mediante un visor provincial que deberá integrar lluvias acumuladas, niveles de arroyos, humedad de los suelos y condiciones de las cuencas.

La Provincia informó que existen 42 estaciones vinculadas actualmente con el sistema y otras 208 licitadas o planificadas. La red deberá complementarse con los dispositivos municipales, universitarios y de otros organismos.

El segundo nivel contempla las acciones preventivas y de respuesta inmediata. Durante 2026 se contrataron 33.850 horas de maquinaria, con una inversión de $5.700 millones, para tareas de limpieza, mantenimiento e intervención frente a emergencias.

El tercer componente comprende 139 obras y proyectos hidráulicos, entre defensas urbanas, drenajes, saneamientos y trabajos en cuencas. Allí aparecen el Canal Maldonado de Bahía Blanca, la adecuación del Río Areco, la futura presa de Pergamino y distintas etapas del Plan Maestro del Río Salado.

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La preocupación no depende únicamente de los pronósticos. El punto de partida es un territorio que ya presenta sectores con excedentes hídricos y napas elevadas, como advirtió la Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y La Pampa.

Su presidente, Pablo Ginestet, sostuvo que distintas regiones no estaban en condiciones de afrontar un episodio de lluvias extraordinarias. “Estamos recontra preocupados porque no estamos en condiciones de afrontar un evento de las características que se están anunciando”, afirmó.

Los relevamientos citados por la entidad indicaron excedentes hídricos del 75,4% en Benito Juárez, 67,9% en Coronel Pringles, 66,4% en Pehuajó, 65,4% en Olavarría y 65% en Tres Arroyos. También se registraron anegamientos y dificultades de transitabilidad en Henderson, Carlos Casares, 9 de Julio y Pehuajó.

El dato resulta determinante porque los suelos saturados pierden capacidad para absorber nuevas precipitaciones. En esas condiciones, incluso lluvias que no sean excepcionales pueden acumularse en caminos, canales, lotes productivos o zonas urbanas.

Por eso, el planteo de las entidades rurales excede a las inundaciones dentro de los establecimientos. Los caminos cortados pueden impedir la llegada de ambulancias, bloquear el traslado de leche y ganado, demorar la cosecha o aislar pequeñas localidades.

La disputa por los recursos nacionales

El financiamiento constituye el otro gran eje del conflicto. Kicillof reclamó a la Casa Rosada la ejecución del Fondo Fiduciario de Infraestructura Hídrica, alimentado por una porción del Impuesto a los Combustibles.

Al presentar el operativo bonaerense, el gobernador sostuvo que existían $293.000 millones sin ejecutar y exigió que la Provincia recibiera los recursos correspondientes. “¿Cuándo? Ya, mañana, porque lo necesitamos”, manifestó.

Los datos conocidos mediante pedidos de acceso a la información indicaron que entre 2024 y mayo de 2026 el fondo recaudó aproximadamente $375.400 millones, mientras se ejecutaron cerca de $116.000 millones en trabajos hidráulicos. La diferencia no constituye una transferencia íntegramente perteneciente a Buenos Aires, pero el Ejecutivo provincial sostiene que una parte debe aplicarse en obras localizadas dentro de su territorio.

La paralización de una etapa del Tramo IV del Plan Maestro del Río Salado, que contaba con financiamiento nacional, ocupa un lugar central en ese reclamo. La Provincia advierte que la interrupción puede generar un cuello de botella: aunque otros sectores avancen, el agua encontrará un tramo con menor capacidad de escurrimiento.