El reclamo estatal llega a la Legislatura: qué pide ATE y qué se juega en el Presupuesto 2027
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lleva este miércoles su reclamo hasta la Legislatura bonaerense. Con un paro provincial de 24 horas y una movilización en La Plata, el gremio busca que el Presupuesto 2027 incorpore partidas y cargos para avanzar con los pases a planta permanente, mientras mantiene abierta con el gobierno de Axel Kicillof una discusión que también incluye salarios, carrera administrativa y condiciones laborales.
La protesta tiene un destinatario doble. ATE se concentra frente al Palacio Legislativo porque Diputados y Senado deberán discutir la próxima ley de gastos, pero el pliego está dirigido al Ejecutivo provincial, responsable de elaborar el proyecto y definir los recursos que serán enviados para su tratamiento.
La organización sintetizó el objetivo en una definición: el Presupuesto debe servir para “garantizar derechos, fortalecer el Estado, mejorar las condiciones laborales y salariales”.
La medida llega además con la negociación salarial sin una nueva cifra. Provincia retomó la paritaria de los trabajadores de la Ley 10.430 el 24 de septiembre, pero aquella primera reunión terminó sin un porcentaje sobre la mesa.
El Presupuesto 2027, en el centro del reclamo
El principal pedido de ATE es que el proyecto para el año próximo contemple la creación de los cargos presupuestarios necesarios para incorporar a planta permanente a trabajadores que continúan bajo modalidades sin estabilidad, incluidos becarios y otras formas contractuales que el sindicato considera precarias.
El reclamo tiene detrás un proceso que ya comenzó. En julio, Provincia y los gremios acordaron avanzar con el pase a planta permanente de más de 8.000 trabajadores temporarios ingresados hasta diciembre de 2025. ATE plantea que esa regularización debe continuar y estima que, si se consideran distintas modalidades y situaciones administrativas, el universo pendiente alcanza aproximadamente a 14.000 personas. Esta última cifra corresponde al cálculo del sindicato y no a un registro oficial del Ejecutivo.
La conducción bonaerense pretende que esa discusión quede plasmada en la ley de gastos. Claudio Arévalo ya había anticipado en agosto la estrategia: ATE preparaba una propuesta específica para llevar a la Legislatura y garantizar mediante el Presupuesto la estabilidad de quienes todavía no cuentan con un vínculo permanente.
Pero la agenda que ATE lleva a la Legislatura es más amplia que la regularización laboral. El petitorio reclama recuperación del poder adquisitivo, continuidad de las recategorizaciones y fortalecimiento de la carrera administrativa. También pide avanzar en un Convenio Colectivo de Trabajo para la administración pública provincial y sumar personal en áreas que el sindicato considera críticas.
A esos puntos se agrega la implementación de un boleto gratuito para trabajadores estatales de Salud y Educación, fundamentado por la organización en el peso que tiene el transporte sobre los ingresos y en el carácter de las tareas que desarrollan esos sectores.
El gremio también reclama recursos para poner en marcha el Consejo del Salario Municipal y propone un esquema tributario de mayor progresividad, con una participación superior de los sectores de mayor capacidad contributiva en el financiamiento de salarios y políticas públicas. A la agenda se suman pedidos por recategorizaciones, un reglamento unificado para los concursos y licencias parentales.
Septiembre pasó sin aumento
La movilización se produce con otra discusión todavía sin cerrar: cuánto cobrarán los estatales durante el último tramo de 2026. El último acuerdo general había otorgado un 7% de incremento, distribuido en un 5% para julio y un 2% para agosto, ambos porcentajes calculados sobre los salarios de junio. Ese entendimiento estableció además que las partes volverían a reunirse en septiembre.
La Provincia cumplió con la convocatoria el 24 de septiembre, pero no presentó una nueva propuesta económica. Los funcionarios expusieron ante ATE, UPCN y FEGEPPBA la situación de las cuentas bonaerenses y la negociación pasó a un cuarto intermedio. Septiembre quedó así sin una actualización salarial, salvo que un acuerdo posterior contemple algún mecanismo retroactivo.
Arévalo había advertido durante esa reunión que “la situación se agrava cada vez más” y mencionó entre los principales componentes de los gastos familiares el transporte, los alquileres, los alimentos y los servicios. Meses antes también había resumido el reclamo salarial con otra definición: “El trabajador estatal no llega a fin de mes”.
Categorías, descuentos y acuerdos que ATE reclama cumplir
Los cuestionamientos laborales ya habían generado presentaciones antes de la marcha. Durante septiembre, ATE llevó reclamos ante la Dirección General de Cultura y Educación y el Ministerio de Trabajo por descuentos salariales, categorías pendientes y demoras en procesos acordados en las mesas paritarias.
Uno de los planteos estuvo vinculado con categorías que, según la organización, habían sido acordadas en marzo y todavía no se encontraban incorporadas de la manera prevista.
También reclamó que avanzara el proceso correspondiente al personal de Planta Temporaria Mensualizada designado hasta el 31 de diciembre de 2025. “No aceptamos que los compromisos asumidos en el ámbito paritario queden sin cumplimiento”, sostuvo entonces el sindicato.
La presentación incluyó además objeciones por descuentos aplicados a trabajadores que habían participado en medidas de fuerza.
La carrera administrativa, otro capítulo de la discusión
ATE busca que la regularización laboral no quede limitada al cambio de modalidad contractual. El gremio reclama fortalecer la carrera administrativa, continuar con las recategorizaciones y establecer reglas comunes para concursos y promociones. En paralelo, plantea avanzar hacia un convenio colectivo que regule derechos y condiciones para el conjunto de la administración pública provincial.
Ese punto forma parte de una agenda que el sindicato viene trasladando a las reuniones salariales desde comienzos de año. En junio, durante una negociación con los ministros Walter Correa y Pablo López, ATE ya había solicitado respuestas para temporarios, becarios y trabajadores contratados mediante módulos en Educación.
También había reclamado activar mesas técnicas sectoriales y discutir modificaciones sobre la jornada laboral. La movilización de este miércoles busca ahora que parte de esos compromisos tenga respaldo presupuestario durante 2027.
Otro de los pedidos es incorporar trabajadores en sectores que ATE considera con dotaciones insuficientes. La organización reclama que la futura ley de gastos reserve cargos y recursos para fortalecer las áreas críticas del Estado provincial. El planteo se vincula con servicios como Salud y Educación, dos sectores que también aparecen incluidos en el pedido de boleto gratuito.
La conducción sostiene que terminar con la precarización y cubrir vacantes requiere que las partidas estén previstas de antemano. Por eso, la marcha tiene como escenario la Legislatura aun cuando el reclamo laboral está dirigido al Ejecutivo: ATE busca intervenir sobre el debate antes de que el Presupuesto sea aprobado.
Además, pretende incorporar otra discusión que excede a la administración central. El gremio reclama que la Provincia destine recursos para poner en funcionamiento el Consejo del Salario Municipal, concebido como un ámbito para discutir condiciones laborales y salariales de trabajadores de los 135 distritos.
Un reclamo provincial con críticas a Nación
La convocatoria también incluye cuestionamientos al gobierno de Javier Milei. ATE encuadró la protesta en el impacto que, según el sindicato, tienen sobre las provincias el ajuste nacional y la reducción de transferencias. “El proyecto de presupuesto de la provincia debe contemplar recursos y políticas” que sostengan derechos y políticas públicas, planteó la organización al anunciar la medida.
El Ejecutivo bonaerense sostiene una posición similar respecto del origen de parte de sus restricciones financieras. El ministro de Gobierno, Carlos Bianco, volvió a señalar que la administración provincial calcula en $28,4 billones el impacto acumulado de recortes, deudas y pérdida de recursos atribuida a Nación.
Esa coincidencia frente a las políticas nacionales no elimina los reclamos directos de ATE a la Provincia. El sindicato reconoce medidas adoptadas durante la gestión de Kicillof, pero exige que los procesos de estabilidad, carrera y recomposición salarial continúen durante el último tramo del mandato.