Aumentos de luz en la Provincia: la disputa judicial se cruza con la interna peronista
La discusión por los aumentos de luz en la provincia de Buenos Aires sumó un capítulo político a un conflicto que ya estaba instalado en la Justicia. Mientras el gobierno de Axel Kicillof y las principales distribuidoras apelaron la medida cautelar que suspendió las actualizaciones tarifarias, un gesto del diputado camporista Facundo Tignanelli en respaldo a los argumentos del defensor del Pueblo, Guido Lorenzino, abrió un nuevo contrapunto dentro del peronismo bonaerense.
El conflicto involucra al Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, las empresas EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, las cooperativas eléctricas y el organismo encargado de defender los derechos de los usuarios. La discusión alcanza tanto a los valores que se trasladan a las facturas como a los procedimientos utilizados para autorizarlos.
La controversia también tiene una particularidad institucional: la Defensoría del Pueblo bonaerense consiguió una resolución judicial contra incrementos autorizados por el propio Ejecutivo provincial. La apelación presentada posteriormente por la Fiscalía de Estado dejó planteada una disputa sobre el alcance de las audiencias públicas y las condiciones para modificar las tarifas.
Qué aumentos frenó la Justicia y cuánto debían pagar los usuarios
El origen del expediente está en la Resolución 585/2026 del Ministerio de Infraestructura, conducido por Gabriel Katopodis, que aprobó nuevos valores para el servicio eléctrico con vigencia desde julio. Las actualizaciones implicaban incrementos de entre 1,5% y 3,5%, que comenzaron a reflejarse en las facturas posteriores.
El 18 de septiembre, el Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 1 de Bahía Blanca, a cargo de Agustín López Coppola, hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Defensoría del Pueblo y dispuso suspender los componentes provinciales alcanzados por la resolución.
La decisión también ordenó restablecer los valores anteriores e imputar como saldo a favor de los usuarios, en las facturas siguientes, los importes que ya hubieran sido cobrados por los aumentos cuestionados.
El alcance del fallo fue ampliado en términos operativos días después. Ante una consulta de la Defensoría, el magistrado aclaró que la suspensión también comprendía a las cooperativas eléctricas alcanzadas por la normativa, además de las cuatro principales distribuidoras provinciales.
Para evitar interpretaciones diferentes, ordenó al Organismo de Control de Energía Eléctrica bonaerense (OCEBA) comunicar formalmente la medida a las entidades correspondientes.
La disputa llegó después de otra actualización tarifaria. A fines de agosto, la Provincia había aprobado mediante la Resolución 682/2026 un nuevo cuadro aplicable desde septiembre, con un impacto estimado de entre 1,3% y 2,4% en la factura final.
Ese ajuste combinaba dos componentes: un incremento del 5,6% en el precio mayorista de la energía dispuesto por la Secretaría de Energía de la Nación y una actualización del 1,8% en el Valor Agregado de Distribución (VAD), correspondiente a los costos de las prestadoras.
Según los ejemplos oficiales difundidos al anunciar ese cuadro, un hogar sin subsidios que consumiera 150 kWh mensuales pasaría de pagar $55.550 a $56.900, mientras que uno con subsidios subiría de $37.500 a $38.000, impuestos incluidos. Esas proyecciones fueron anteriores a la suspensión judicial.
La cautelar no alcanza a los componentes tarifarios determinados por Nación, sino a los valores cuya definición corresponde a la Provincia. Por lo tanto, el freno dispuesto por el juzgado no representa un congelamiento integral de las facturas.
La apelación de Kicillof y la discusión por las audiencias públicas
La Provincia recurrió la cautelar a través de la Fiscalía de Estado. En paralelo, las distribuidoras EDEN, EDEA, EDES y EDELAP, pertenecientes al Grupo DESA, también presentaron apelaciones para cuestionar la resolución judicial.
Uno de los puntos centrales de la discusión es la falta de audiencias públicas previas a las actualizaciones. La Defensoría sostiene que los usuarios deben contar con información suficiente y una instancia de participación antes de que se modifiquen los componentes provinciales de sus facturas.
En el expediente se señaló que la última audiencia pública vinculada con la revisión tarifaria integral se realizó en diciembre de 2016, mientras que durante los años posteriores continuaron las modificaciones de precios mediante un mecanismo transitorio.
El Ejecutivo bonaerense cuestionó la necesidad de convocar una audiencia por cada actualización mensual. En su recurso sostuvo que el esquema aplicado forma parte de una Etapa de Transición Tarifaria vigente desde 2021 y recordó que bajo ese procedimiento ya se habían dictado 29 resoluciones anteriores sin impugnaciones judiciales equivalentes.
También señaló que el cuadro tarifario al que ordenó regresar el juez había sido aprobado mediante un procedimiento similar al utilizado para la resolución suspendida. La Provincia planteó, además, que la nueva Revisión Tarifaria Integral continúa en trámite.
Las empresas incorporaron argumentos económicos y operativos. Advirtieron que la suspensión de los componentes de distribución podría afectar los ingresos destinados al mantenimiento, las inversiones, los salarios y el funcionamiento del servicio.
Otro cuestionamiento apunta a la dificultad de aplicar un esquema que combine valores provinciales anteriores con precios nacionales actualizados. Las distribuidoras sostienen que esa combinación genera un cuadro tarifario no aprobado originalmente por la autoridad competente.
También plantearon dudas sobre los efectos de la cautelar frente a la Resolución 682/2026, posterior a la normativa cuestionada inicialmente.
El juez concedió las apelaciones, pero rechazó que suspendieran inmediatamente la cautelar. De esa manera, la restricción sobre los incrementos provinciales permanece vigente mientras interviene la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata.
Desde la Defensoría, Lorenzino sostuvo que la discusión no implica desconocer los costos del sistema eléctrico ni cuestionar la necesidad de garantizar el servicio. Su planteo apunta al procedimiento utilizado para disponer los aumentos y al derecho de los consumidores a recibir información y participar antes de su aplicación.
El gesto de La Cámpora y una interna que también atraviesa la gestión
La confrontación judicial incorporó una dimensión política el miércoles 7 de octubre, cuando Facundo Tignanelli, presidente del bloque de Fuerza Patria en Diputados y referente de La Cámpora, difundió en sus redes sociales un mensaje que remitía a los argumentos de Lorenzino contra la posición de la Provincia.
El legislador utilizó un emoji de una mano señalando hacia abajo para acompañar la publicación del defensor del Pueblo, quien había cuestionado la interpretación del Ejecutivo y las distribuidoras sobre las consecuencias de la cautelar.
En su intervención, Lorenzino sostuvo que la medida beneficia a los usuarios porque impide que continúen abonando incrementos sometidos a revisión judicial. También rechazó que el fallo pretenda administrar el servicio eléctrico desde los tribunales o impedir el reconocimiento de los costos necesarios para su funcionamiento.
El gesto de Tignanelli fue interpretado como un respaldo a esa posición, aunque no constituyó un pronunciamiento formal de toda La Cámpora. Su intervención adquirió relevancia por las diferencias que el sector conducido por Máximo Kirchner mantiene con el espacio político del gobernador.
La coincidencia entre Tignanelli y Lorenzino tiene antecedentes recientes. En septiembre, ambos presentaron un proyecto para establecer un régimen provincial de prevención y tratamiento del sobreendeudamiento familiar, que contempla negociaciones gratuitas ante la Defensoría, límites a las cuotas y mecanismos para evitar prácticas abusivas de cobranza.
Aquella iniciativa también incluía obligaciones vinculadas con servicios públicos. Un relevamiento realizado por la Defensoría sobre 1.408 respuestas de 97 municipios había detectado que el 29,5% de los hogares que solicitaron préstamos destinó esos recursos al pago de servicios esenciales.
La discusión tarifaria aparece, además, cuando el peronismo bonaerense acumula diferencias alrededor de la construcción electoral de 2027, el protagonismo de Cristina Fernández de Kirchner y la proyección nacional de Kicillof a través del Movimiento Derecho al Futuro (MDF).
Máximo Kirchner había denunciado recientemente un supuesto intento de marginar políticamente a la expresidenta, mientras dirigentes camporistas cuestionaron decisiones de gestión provincial. El propio Tignanelli ya había planteado objeciones al destino de fondos para la reparación de una aeronave estatal.
Los desacuerdos también alcanzaron iniciativas legislativas, el funcionamiento de áreas del Ejecutivo y la estrategia para ordenar las candidaturas del próximo año. En ese escenario, la posición adoptada por el diputado respecto de la tarifa eléctrica se incorpora a una secuencia de diferencias públicas entre sectores que comparten el oficialismo provincial.
La controversia, sin embargo, mantiene un recorrido institucional independiente de esas disputas partidarias. La decisión sobre los incrementos cuestionados quedó en manos de la Cámara de Apelación en lo Contencioso Administrativo de Mar del Plata, que deberá determinar si confirma, modifica o revoca la cautelar que suspendió los componentes provinciales de las tarifas eléctricas.