Entrevista GLP. Intendente Santillán: “Es necesaria una reforma de la Constitución provincial”

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–En la sesión especial por el 24 de marzo, Diputados presentó un proyecto que recapitula el trabajo presentado por la Unidad para la Reparación Histórica Legislativa. Se derogarán más de 3000 decretos del gobierno de facto. Usted ha presidido esta Unidad. ¿Qué balance puede hacer de este importante trabajo?

El 24 de marzo de 2022 se aprobó la constitución de esta Unidad de Reparación Histórica. La idea era que cuarenta años de democracia ininterrumpida en la provincia de Buenos Aires y la aspiración es que los concejos deliberantes de los distintos distritos tengan normas sancionadas de períodos democráticos y que en su momento se haga una clasificación, un estudio sobre los 3217 decretos-ley que dictaron los distintos gobiernos de facto y sobre las 362 ordenanzas generales que se aplican en los municipios de la provincia, salvo los que hayan derogado alguna expresamente. El primer trabajo es un trabajo de clasificación y va a quedar para ir debatiendo este año algunas normas de suma trascendencia que fueron dictadas en el Proceso militar: la Ley Orgánica de las Municipalidades, el Código de Faltas policial, el Decreto-Ley de Uso del Suelo, la Ley de Procedimiento Administrativo, el Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Buenos Aires... Hay un montón de leyes troncales que se están distribuyendo a los distintos ministerios para continuar el análisis y que se busque también la opinión de la ciudadanía a través de foros y demás. Así que pensamos que es un lindo trabajo, que han tomado la iniciativa, tanto el gobernador como los presidentes de ambas Cámaras, de hacer esta reparación histórica.

–En base a este trabajo que usted ha encabezado, el legislador Walter Abarca propone avanzar en una reforma de la Constitución bonaerense. ¿Usted considera que esto también tiene que hacerse?

Analizando estos decretos-ley, nos encontramos con que la Constitución de la Provincia de Buenos Aires de 1934 había sido suplantada por la del año ’49; cuando se produce el golpe militar del ’56, el presidente de facto le da instrucciones al gobernador para que derogue la Constitución del ’49 y ponga en vigencia la Constitución del ’34. Esto también a través de un decreto-ley que se dicta en el año ’56, el gobernador pone en vigencia la Constitución del ’34. Esto es de suma trascendencia, porque la Constitución es la base sobre la que un pueblo hace su pacto social de convivencia, es decir, cuáles van a ser las normas que van a regir las relaciones entre los individuos y la relación de los individuos con el Estado o con el gobierno. Y esto siempre tiene que surgir de un poder constituyente, ya sea originario, es decir, la primera Constitución, o derivado, si se la reforma o se la reemplaza por las normas que la Constitución establece para ese reemplazo.

Entrevista realizada por Grupo La Provincia (grupolaprovincia.com)

Todas las Constituciones establecen que deben ser modificadas o reemplazadas por convenciones constituyentes, no por la decisión de un gobernador de facto que dijo “es una” o “es otra”. Esto hace que deba convocarse a una reforma constitucional. Aparte, la reforma del ’94 no fue una reforma sustancial. La reforma del ’94 estuvo más que nada informada por las posibilidades de reelección del entonces gobernador Duhalde y en la Nación, la del presidente Carlos Menem, tras el llamado Pacto de Olivos. Pero después uno, analizando, ve que la Provincia tiene una Constitución cuya base es un decreto-ley, pero también es carente de legitimidad esta Constitución, porque en el año ’34, cuando se convocó a la Asamblea Constituyente, en la provincia de Buenos Aires estaban habilitados para votar 680.000 electores, y votaron efectivamente, para elegir a los convencionales constituyentes del ’34, 260 o 280.000 ciudadanos, de los cuales las mujeres no tenían voto. Vos fijate que para la norma fundamental de convivencia de los 17 millones de bonaerenses, la decisión de elegir a los convencionales constituyentes fue mínima, de 280.000 personas, en un contexto histórico totalmente diferente y excluidas las mujeres de la posibilidad de votar. No hay duda de que es súper necesaria una reforma de la Constitución provincial.

–Usted que es intendente ¿coincide también en el planteo de Abarca de que es necesario poner sobre el tapete la autonomía municipal?

Sí, no hay duda de que hay que discutir las autonomías municipales. El régimen municipal de la Constitución del ’34 viene de la Constitución de 1873. Es decir, los municipios, que son la primera ventanilla, hoy necesitan otra normativa. Basta pensar que La Matanza es la quinta provincia. Entonces, es muy difícil que los distritos, que somos la primera ventanilla y hoy tenemos muchísimas más funciones, podamos estar rigiéndonos por esa normativa. Rediscutir el régimen municipal es urgente. Como hay que rediscutir cómo va a ser la estructura del Poder Judicial: si el Ministerio Público tiene que pertenecer a la estructura del Poder Judicial o tiene que estar dentro del Ejecutivo, bueno, hay muchas cosas que quedaron atrasadas. Hay un tema que es candente: hace poco se aprobó la ley del aborto asistido, ¿no?, pero nuestra Constitución provincial es clara y dice en su articulado que se protege la vida desde la concepción. Es decir que esa normativa nacional choca con este principio constitucional de la provincia de Buenos Aires. No se puede pretender que la norma madre, que rige, como decía recién, la convivencia social y la relación del individuo, del ciudadano, con el Estado, sea tan anacrónica, tan vieja. Yo creo que los 17 millones de bonaerenses necesitamos la posibilidad de establecer cuáles van a ser las pautas de convivencia y de relación con el Estado.