Ante la abrumadora oposición de múltiples sectores, se elaboró una iniciativa corregida, que Guillermo Francos llevó al Congreso.
Legislativas18 de enero de 2024
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, recibía esta tarde en su despacho al ministro de Interior, Guillermo Francos, quien le presentó el nuevo texto corregido por la Casa Rosada tomando en cuenta algunos de los cambios exigidos por la oposición dialoguista.
A partir de las 19 comenzarán las reuniones del oficialismo con cada uno de los bloques de la oposición por separado, exceptuando Unión por la Patria y el Frente de Izquierda, con los que estiman que no hay ninguna posibilidad de acuerdo.
Se sumarían a la comitiva de negociación del Poder Ejecutivo que encabeza Francos el asesor Santiago Caputo y el secretario de Finanzas, Pablo Quirnos.
Con el PRO más cerca de acompañar el dictamen del oficialismo en general pese a algunos dudas con ciertos artículos, la UCR, Hacemos Coalición Federal e Innovación Federal tomaron la iniciativa para condicionar su apoyo a la remoción de cinco puntos del proyecto con los que a priori no van a negociar.
En ese sentido, se encontraban esta tarde ultimando su propio dictamen los diputados nacionales Oscar Agost Carreño (Cambio Federal), Paula Oliveto (Coalición Cívica), Mariela Coletta (UCR) y el asesor y ex diputado Fernando Sánchez.
Este dictamen alternativo incorpora únicamente los temas económicos, fiscales y energéticos, otorgando facultades delegadas al Poder Ejecutivo por solamente un año y no dos años (y otros dos prorrogables) como pretende el Gobierno.
Este proyecto opositor, además, reduce las alícuotas de derechos de exportación, incorpora una fórmula de movilidad atada a la inflación como la que implementó el Gobierno de Cambiemos, y supedita las privatizaciones de empresas públicas al envío del pliego de términos y condiciones al Congreso nacional.
Sobre este punto, dejan afuera del paquete de 41 privatizaciones que pretende el Gobierno las siguientes empresas públicas: YPF, Banco Nación, ARSAT, YMAD y Nucleoeléctrica, por lo que avalan la conversión de la naturaleza jurídica de las restantes 35 compañías estatales sujetas a privatización.
En tanto, acompañan la eliminación de la "ley Guzmán" que obligaba a pedir autorización al Congreso para el endeudamiento, aunque sujetan estas operaciones de toma de crédito al control de la comisión bicameral Permanente de Seguimiento y Control de la Gestión de Contratación y de Pago de la Deuda Exterior de la Nación.
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