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La conducción nacional de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) rechazó la decisión oficial de cerrar el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (Inadi), aseguró que el Gobierno inició “un grave retroceso para el sistema democrático” y advirtió que la medida “es ilegal y una revancha del presidente Javier Milei” contra “un organismo que lo denunció en reiteradas oportunidades por sus expresiones discriminatorias y violentas hacia las mujeres”.
El titular de la organización, Rodolfo Aguiar, rechazó el anuncio oficial de cierre del Inadi, al que el presidente calificó como “policía del pensamiento”, y enfatizó que “el Gobierno procura arrasar contra el derecho de igualdad y de no discriminación”.
“Ese derecho está protegido por la Constitución Nacional y varios tratados de derechos humanos. Se trata de una revancha de Milei. Eliminar el Inadi es frenar una reparación histórica sobre la deuda que tiene aún el país con grandes sectores de la población que, durante años, fueron vulnerados y estigmatizados. Es preciso que quede claro que cada funcionario que firme resoluciones ilegales terminará preso”, aseguró el gremialista.
Para Aguiar, la decisión oficial obedece a la necesidad de “quitarse de encima un obstáculo para profundizar el saqueo de los recursos naturales” y dijo que “sin Inadi los pueblos indígenas podrían ser de forma abierta discriminados, lo que otorgaría vía libre para apoderarse del agua y del territorio nacional, todo lo cual integra un plan sistemático para que los grandes grupos empresarios profundicen el saqueo de la Argentina”.
“La decisión anunciada por el vocero presidencial Manuel Adorni implica que cientos de personas pierdan su fuente de empleo, y la mayoría son mujeres. Ese funcionario adelantó además que cerrarán otros organismos, por lo que esa cifra ascendería a miles”, dijo.
El Inadi fue creado por la Ley 24.515 de 1995 y tiene por objeto recibir y centralizar denuncias sobre conductas discriminatorias; ofrecer un servicio de asesoramiento integral y gratuito para personas o grupos discriminados o víctimas de xenofobia o racismo y diseñar e impulsar campañas educativas para valorizar el pluralismo socio-cultural.
