Justicia y Paz advierte sobre la “insensibilidad social” en el ajuste

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La Comisión Nacional de Justicia y Paz, un organismo integrado por laicos y que depende de la Conferencia Episcopal Argentina (CEA), advirtió sobre el “enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste” adoptadas por el gobierno de Javier Milei y expresó su preocupación por “la cultura del odio y del individualismo extremo generado” que se viene registrando en parte de la sociedad argentina.

El pronunciamiento de la comisión -que asesora el obispo de Lomas de Zamora y presidente de Pastoral Social, Jorge Lugones- se conoce cuando se cumplieron los primeros 100 días de la gestión de Milei y poco después de que la cúpula del Episcopado –encabezada por Oscar Ojea- se reuniera con el Presidente en la Casa de Gobierno y le expresara su preocupación por la situación social.

En un comunicado difundido en las últimas horas, la Comisión de Justicia y Paz informó que recibe a diario “preocupantes” informes de diversos sectores del quehacer económico, político y social, que “dan cuenta de la multiplicación de situaciones que afectan la subsistencia de miles de personas de todas las edades y condiciones”.

Los números de la crisis

“La pérdida de puestos de trabajo es un dato doloroso. Las cámaras empresariales de la construcción declararon el Estado de Emergencia en todo el país, advirtiendo sobre el futuro inmediato de 1.400 empresas y 200.000 empleos,  debido a la paralización de la obra pública por el gobierno nacional y a la contracción de la actividad económica general. A la fecha, ya se han perdido en el sector unos 60.000 puestos de trabajo directos”, advierten en el texto.

Detallan también que en el comercio, las ventas minoristas pyme cayeron 28,5% anual en enero, registrando la mayor retracción en el rubro farmacias (-45,8%), seguido por alimentos y bebidas (-37,1%) y alertan que “el Índice de producción industrial pyme registró en enero una caída en promedio de 30% interanual”. 

Entre otros datos de la realidad económica, la comisión remarca que “el sector automotor se paralizó, con suspensiones totales de plantas automotrices, como la VW de Pacheco y más de 20.000 despidos en pymes autopartistas”.

Recortes y ajustes

También ponen la lupa sobre la agricultura familiar luego de que ayer el Gobierno anunciara la eliminación del Instituto de Agricultura Familiar Campesina-Indígena y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar. 

“La agricultura familiar se ve en la actualidad desfinanciada, en estado de alerta y abandono por parte de los organismos públicos, que han retirado los medios de transporte para recorrer las zonas de producción, anuncian el despido del personal que asiste en la producción agrícola y ganadera a cientos de familias en todo el país y el cierre de sus dependencias”, señala la comisión. 

En el duro pronunciamiento, Justicia y Paz sostiene que “a esa delicada situación de la producción se suman la baja generalizada del consumo y el deterioro sistemático del poder adquisitivo” y agrega: “Sin dudas, la persistente inflación y los incrementos de precios y tarifas han creado una combinación devastadora para la vida cotidiana de los argentinos”. 

“El salario real promedio registrado perdió el 21,3% de su capacidad de compra entre noviembre 2023 y enero de este año, continuando su caída hasta el presente. Si bien ya había una situación inflacionaria, la devaluación del 100% de diciembre implicó un aumento significativo en los precios, con una recesión también extraordinaria por su velocidad y profundidad”, detallan.

Los integrantes del organismo de la Iglesia católica advierten “con preocupación y sensibilidad la persistente caída de los salarios del sector público (25%) y privado (19,3%)” y añaden: “Pero más aún nos preocupa que el shock de ajuste haya recaído sobre la cuenta de Jubilaciones y Pensiones contributivas (a valores reales: -38,1% interanual) que, por su magnitud, explica un tercio del recorte, registrándose una gravísima disminución de los ingresos de jubilaciones y de prestaciones de salud y de discapacidad”.

En ese marco, aseveran que “los permanentes recortes sobre ámbitos de gestión de políticas públicas están creando problemáticas que ponen riesgo los derechos más elementales en el acceso a la educación o la salud, pero se extienden incluso a necesidades primarias como la alimentación misma”. 

En ese marco, hacen especial hincapié en la situación en los comedores populares, a la que califican de “apremiante” por el aumento de personas que concurren y la falta de provisión de alimentos.

Polarización y clima de odio

En otro fragmento del documento, hacen referencia al clima social. Si bien reconocen que hay “un apoyo a la actual gestión por parte de sectores de bajos ingresos, o incluso afectados en forma directa por la inflación y recesión además de los  expresos apoyos de  sectores de mayores recursos, encabezados por las cámaras de las grandes empresas”, se advierte al mismo tiempo “un clima de altísima fractura social, la polarización con reiteradas expresiones de ‘alegría’ en las redes sociales frente a dramáticas situaciones de despidos, con una  agresividad social que encuentra en los dispositivos móviles y ordenadores un espacio de ampliación sin igual”. 

“Aparece un enorme grado de insensibilidad social por parte de las autoridades en las medidas de ajuste, aunque más gravemente preocupa la cultura del odio y del individualismo extremo generado”, dice el mensaje en uno de sus párrafos más críticos.

Hablan también de un “clima de tensión con los movimientos populares y con los gremios por las olas de despidos tanto en el sector público como privado”, y dicen que mientras “los beneficios fiscales a favor de las grandes empresas siguen sin tocarse, se exhibe la disminución del déficit mediante el ajuste a trabajadores y los jubilados”.

El DNU 70/2023

En materia institucional, advierten sobre la calidad en esa materia del DNU 70/2023, llamado “Bases para la reconstrucción de la Economía Argentina”, que fue rechazado recientemente en el Senado y que ahora aguarda su tratamiento en la Cámara de Diputados.

El DNU “se encuentra plenamente vigente, siendo el soporte para un sinnúmero de medidas que han impactado directamente en las familias, particularmente en las de menores ingresos”, indican en el texto y agregan: “Creemos que la metodología adecuada para la implementación de modificaciones y reformas –en muchos casos atendibles- pasa por un trato específico en el ámbito correspondiente a través de leyes que se envíen al parlamento argentino”.

El documento también hace referencia a la convocatoria al Pacto de Mayo, realizada por el presidente Milei en su discurso del 1 de marzo: “Entendemos que todo camino de diálogo es constructivo pero implica siempre el consenso y la sana deliberación entre sus protagonistas, entre los cuales deben estar todos los actores políticos, gremiales, económicos y sociales”, señalan.

“Es urgente devolver a la política, su carácter de una de las ‘formas más preciosas de la caridad, porque busca el bien común’. La acción política debe promover el cuidado de la vida, la dignidad humana, el trabajo digno para todas las personas y la eliminación del hambre y la exclusión. No hay verdadera libertad sin fraternidad, justicia social y paz”, aseveran hacia el final del documento. 

Y concluye: “Expresamos nuestra preocupación al tiempo que reiteramos nuestra puesta al servicio incondicional para el desarrollo de los diálogos imprescindibles que permitan la construcción de los acuerdos necesarios para el desarrollo de una Argentina inclusiva, próspera y en paz”.

ST