Redacción Grupo La Provincia
La reciente medida adoptada por la Secretaría de Energía de eliminar los "Precios Máximos de Referencia" para las etapas de fraccionamiento, distribución y venta al público de garrafas de gas ha generado un fuerte debate en el ámbito político y social. Esta decisión, que busca incentivar la competencia y la inversión en el mercado de GLP (Gas Licuado de Petróleo), ha sido calificada como una "definición de un Gobierno cruel" por Axel Kicillof, gobernador de la Provincia de Buenos Aires.
En un contexto donde el 38% de los hogares del Gran Buenos Aires no cuentan con gas natural y dependen de la compra de garrafas para acceder a este servicio esencial, la desregulación de los precios representa, según Kicillof, un golpe directo a los sectores más vulnerables. "No es libertad, sino beneficiar a unos pocos con los bolsillos de millones que no dan más", expresó el gobernador a través de su cuenta en X (antes Twitter).
La medida adoptada por el gobierno nacional, defendida bajo el argumento de promover la libertad de mercado y la eficiencia económica, ha sido criticada por quienes ven en ella un riesgo para el acceso equitativo a servicios básicos. La eliminación de los topes en los precios podría llevar a un aumento desmedido de los costos, afectando a millones de argentinos que dependen del gas envasado, especialmente en un contexto de alta inflación y recesión económica.
