Paro de estatales y movilización contra el veto presidencial

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) confirmó un paro de 24 horas con una movilización al Congreso para el miércoles 11 de septiembre. Esta medida busca presionar a los diputados para que rechacen el veto presidencial sobre el aumento de las jubilaciones mínimas, un tema que ha generado profundo malestar en amplios sectores sociales y gremiales.

Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, fue contundente en sus declaraciones: “Los diputados que voten en favor del veto estarán condenando a los jubilados a pasar hambre, enfermarse y morir. Nos movilizaremos de manera masiva para rechazar cualquier posibilidad de aplicar el protocolo anticonstitucional de Bullrich”, expresó el dirigente en referencia al cuestionado protocolo antipiquetes de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

Un paro que busca detener despidos masivos

La protesta de ATE también tiene otro eje central: el rechazo a los más de 65 mil despidos planificados por el Gobierno para fin de mes en el sector público. Aguiar resaltó que “no vamos a aceptar que se congelen los salarios y rechazamos cualquier posibilidad de cesantías masivas. Esta será la primera de varias protestas este mes”.

El sindicato, que ya había manifestado su desacuerdo con la última propuesta salarial del Gobierno, donde se ofreció un 2% de aumento en septiembre y un 1% en octubre, ahora busca detener lo que consideran una política de ajuste. En la Ciudad de Buenos Aires, la movilización comenzará frente al Congreso a partir de las 13 horas, mientras que en otras provincias las modalidades de protesta serán definidas por las respectivas conducciones locales.

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Gremios y movimientos sociales, unidos contra el veto

A esta protesta se sumarán las dos CTA, la Corriente Federal de Trabajadores y el Frente Sindical para el Modelo Nacional, con un objetivo claro: que los diputados voten en contra del veto y a favor de la movilidad jubilatoria. Entre las demandas principales también destacan la "anulación del DNU 70/23, la reincorporación urgente de todos los cesanteados, y el cese de los despidos y políticas de ajuste".

El escenario político y social se ha tensado aún más en las últimas semanas, con sectores sindicales y movimientos sociales alineándose para rechazar las decisiones del Gobierno. Este miércoles se espera una marcha multitudinaria frente al Congreso, donde además de ATE, la CGT y otros gremios participarán activamente.

La postura de la oposición y la presión al Congreso

La marcha, inicialmente planificada para el jueves, fue adelantada al miércoles, coincidiendo con la sesión en la Cámara de Diputados donde la oposición buscará revertir el veto presidencial. Se espera un debate acalorado, ya que el veto de Javier Milei a la ley de movilidad jubilatoria ha generado reacciones negativas no solo entre los jubilados, sino también en amplios sectores de la sociedad.

Vanesa Siley, diputada de Unión por la Patria y dirigente gremial, afirmó que “todos los sindicatos tienen jubilados, y todos vamos a ser jubilados algún día. No se puede aceptar que estén eligiendo entre comer o comprar un remedio”. Esta movilización busca enviar un mensaje claro a los diputados: el rechazo al veto es una demanda social urgente.

Por su parte, el dirigente gremial Pablo Moyano, co-secretario general de la CGT, ratificó el llamado a marchar. Aunque el sector dialoguista de la central no participará, Moyano subrayó que “es crucial apoyar a los jubilados y enviar un mensaje claro de que no permitiremos más ajustes sobre los que menos tienen”.

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La fuerza de los movimientos sociales

Los movimientos sociales también juegan un rol clave en esta jornada. La UTEP y otros grupos como el Polo Obrero han anunciado su participación, sumándose a la protesta. Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero, advirtió que “el miércoles habrá una movilización enorme. Diganle a Milei que se prepare, porque las calles no son de Bullrich, son de los trabajadores”.

Esta movilización no solo pone presión sobre el Congreso, sino también sobre el Gobierno, que enfrenta un creciente malestar social en un contexto económico crítico.