Estudiantes y gremios universitarios en pie de lucha por el veto a la Ley de Financiamiento

El conflicto entre el Gobierno y la comunidad universitaria en Argentina ha escalado tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario. Los estudiantes de la Universidad de Buenos Aires (UBA) tomaron las facultades de Filosofía y Letras y Psicología, en una medida de protesta que durará 48 horas, y que se prevé culminará con una movilización masiva hacia el Congreso, en paralelo a la sesión donde se debatirá el rechazo al veto.

La resistencia estudiantil y la toma de facultades

La toma de las sedes universitarias se aprobó en sendas asambleas, donde participaron más de 1000 estudiantes. Luca Bonfante, secretario general del Centro de Estudiantes de Filosofía y Letras, destacó que esta medida busca visibilizar el rechazo al veto y presionar a los legisladores para que ratifiquen la Ley de Financiamiento Universitario. “Los estamos mirando y no vamos a permitir que rifen nuestro futuro y cursada”, advirtió Isabel González Puente, presidenta del Centro de Estudiantes.

Durante las 48 horas de toma, se llevarán a cabo clases públicas y actividades de visibilización. La protesta no se limita a la Ley de Financiamiento, sino que también busca apoyar a trabajadores del Hospital Garrahan y del Hospital Laura Bonaparte, quienes enfrentan recortes presupuestarios. Tatiana Fernández Martí, del Partido Obrero, enfatizó: “Si hay veto, hay tomas. La lucha está despertando y es momento de convocar a medidas sin la presencia de autoridades”.

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Gremios rechazan el aumento salarial por decreto

En paralelo a la movilización estudiantil, el conflicto con los gremios docentes universitarios se mantiene vigente. La Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) y otros sindicatos del sector rechazaron el aumento del 6,8% decretado por el Ministerio de Capital Humano. Pese a las mesas técnicas de negociación, el Gobierno no logró desactivar las protestas y decidió avanzar de manera unilateral con el ajuste salarial.

Carlos Torrendell, secretario de Educación, y Alejandro Álvarez, subsecretario de Políticas Universitarias, encabezaron la última reunión con los gremios, sin éxito. Desde la CONADU calificaron la propuesta de "fiasco", afirmando que el Gobierno no ofreció ningún número adicional para negociar. En un comunicado, expresaron que “la maniobra del Gobierno busca instalar la idea de diálogo en medio de la presión sobre sectores políticos para que apoyen el veto”.

El contexto político del veto y las expectativas en el Congreso

La decisión del presidente Javier Milei de vetar la Ley de Financiamiento Universitario generó una ola de críticas y protestas en todo el país. La norma, que garantizaba un aumento en el presupuesto para universidades nacionales, becas y mejoras salariales, fue vista como un paso fundamental para enfrentar la crisis que afecta a la educación superior. Según los gremios, la pérdida salarial de los docentes es "sideral" y afecta tanto la investigación como la extensión universitaria.

El miércoles 9 de octubre, la Cámara de Diputados sesionará con el objetivo de rechazar el veto presidencial. Desde la Casa Rosada, buscan sumar apoyo de sectores del radicalismo y del PRO para sostener la medida. Sin embargo, la presión en las calles podría ser un factor clave. Fernández Martí subrayó que “con la lucha en la calle, hay posibilidad de que el veto se caiga”.

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Medidas de Fuerza y Movilizaciones a Nivel Nacional

Además de la toma de facultades, los gremios universitarios definieron un plenario de secretarios generales para el 8 de octubre, donde se debatirán las próximas acciones de protesta. En tanto, el Frente Sindical de Universidades Nacionales convocó a una jornada de visibilización en todo el país, con abrazos simbólicos y una conferencia de prensa frente al Congreso.

La tensión entre el Gobierno y la comunidad universitaria se mantiene en un punto álgido, y el desenlace de la sesión en Diputados será clave para definir el futuro de la Ley de Financiamiento Universitario y la estabilidad en las universidades públicas del país.