Milei aprieta a las universidades: La SIGEN habilitada para auditar
Milei habilita a la SIGEN para auditar universidades en plena ola de tomas y marchas. ¿Cómo afecta al conflicto con los estudiantes?
Política15 de octubre de 2024
Juan Manuel Villarreal
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su enfrentamiento con las universidades nacionales al firmar un dictamen que permitirá a la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) auditar los gastos de las casas de altos estudios.
Esta medida, que había sido impulsada por el propio presidente, llega en medio de una creciente ola de tomas en las facultades de todo el país en rechazo a los recortes presupuestarios y el veto a la Ley de Financiamiento Universitario.
El dictamen y la auditoría a las universidades
El dictamen, emitido por la Procuración del Tesoro, a cargo de Rodolfo Barra, autoriza a la SIGEN a supervisar los fondos de las universidades. Hasta ahora, estas solo podían ser auditadas por la Auditoría General de la Nación (AGN), dependiente del Congreso. La medida se justifica bajo el artículo 100 de la Ley de Administración Financiera, que habilita el control sobre entidades que dependen del Estado.

“El sistema de control interno previsto en la Ley de Administración Financiera es de aplicación a las Universidades Nacionales, en tanto no contradiga la autonomía funcional ni la autarquía administrativa-financiera”, aclara el dictamen. Esta decisión fue vista por muchos como un avance del gobierno de Milei sobre las universidades, después de los polémicos recortes y el veto a la ley que garantizaba financiamiento.
La respuesta de las universidades y el conflicto en aumento
El conflicto entre las universidades y el gobierno de Milei no deja de escalar. Esta semana, diversas facultades de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP), como Periodismo, Humanidades y Ciencias de la Educación, y Psicología, se encuentran tomadas por estudiantes en protesta contra el veto presidencial y los ajustes al presupuesto educativo. Las tomas, que comenzaron en La Plata, se extendieron a otras universidades del país, como la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) y la Universidad Nacional de San Luis (UNSL).

Los estudiantes han decidido mantener las clases en modalidad pública, con marchas de antorchas y cortes de calles, mientras que algunas facultades realizan asambleas para definir los próximos pasos. En paralelo, el jueves se llevará a cabo un paro de actividades convocado por el frente sindical de universidades nacionales.
Declaraciones desde Casa Rosada
Desde el gobierno, el vocero presidencial, Manuel Adorni, fue enfático al asegurar que "tomar una universidad es un delito". En declaraciones a La Nación+, Adorni criticó a los manifestantes, afirmando que "nunca les importó el presupuesto universitario" y acusándolos de no querer "discutir cómo estudiar mejor". Estas palabras profundizan la distancia entre el gobierno y los estudiantes, que reclaman una solución urgente al recorte presupuestario.

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