El ajuste en el FISU deja sin servicios básicos a 330 mil familias en barrios populares

El recorte en el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), implementado por el gobierno de Javier Milei, está dejando a más de 330 mil familias de barrios populares sin acceso a servicios esenciales como agua potable, gas y electricidad. La situación se agravó en los últimos meses debido a la paralización de más de 30 mil obras en más de 6 mil asentamientos de todo el país, donde viven más de 6,5 millones de personas en condiciones de extrema vulnerabilidad.

El impacto del ajuste en el FISU

Desde que asumió el poder, la administración libertaria de Milei decidió desfinanciar el FISU, lo que provocó una crisis en las zonas más pobres de Argentina. Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la interrupción de las obras agrava la situación de los habitantes de estos barrios, que ven cómo sus reclamos de acceso a servicios básicos se han dejado de lado. El CELS y la Mesa Nacional de Barrios Populares ya han presentado un amparo colectivo denunciando la gravedad de la situación en al menos 37 barrios en distintas provincias.

Según las organizaciones sociales, el freno de las obras no solo afecta a las familias que necesitan de estos servicios, sino también a los trabajadores de las cooperativas encargadas de llevar adelante las construcciones. Más de 25 mil empleos se perdieron en estos proyectos que habían generado un impacto positivo en la economía local de los barrios más pobres del país.

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Obras paralizadas y desfinanciamiento

Los datos presentados por la Mesa Nacional de Barrios Populares revelan que el gobierno de Milei solo ejecutó el 5% del presupuesto destinado a la urbanización de estos barrios en los primeros diez meses de 2024. Esto significa que el 80% de las obras están paralizadas, afectando gravemente a las provincias con mayor densidad poblacional, como Buenos Aires, Córdoba, Mendoza, Santa Fe y Río Negro.

En estos barrios, la falta de servicios básicos es abrumadora: el 66% de los hogares no cuenta con energía eléctrica, el 92% no tiene acceso a agua potable, el 97% no está conectado a una red cloacal y el 99% depende de garrafas o leña para cocinar. Las condiciones de vida en estos asentamientos son extremadamente precarias, y el impacto del recorte en el FISU solo ha empeorado una situación ya crítica.

Movilizaciones y reclamos

El pasado miércoles, dirigentes sociales y vecinos de distintos barrios populares se manifestaron frente al Palacio de Hacienda, exigiendo al ministro de Economía, Luis Caputo, la restitución de los fondos del FISU y la reactivación urgente de las obras. Con el lema "La villa no es la casta", los manifestantes denunciaron que las políticas de ajuste del gobierno están afectando de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables.

Uno de los casos más alarmantes se vive en Saladillo, provincia de Buenos Aires, donde 242 familias sobreviven sin acceso a servicios básicos. Allí, en 2023, una cooperativa local había iniciado la conexión formal a la red eléctrica de 70 viviendas, pero solo 10 lograron completar la conexión antes de la paralización de las obras.

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Un futuro incierto

El desfinanciamiento del FISU no solo afecta a los habitantes de los barrios populares, sino que también pone en peligro los proyectos futuros. El Presupuesto 2025, que se está discutiendo en el Congreso, elimina completamente el Impuesto PAIS, cuya recaudación estaba destinada a financiar el fondo. Esta decisión deja en un limbo la posibilidad de retomar las obras paralizadas y mejorar las condiciones de vida de millones de personas en todo el país.

El impacto social de estas políticas de ajuste será duradero si no se toman medidas inmediatas para garantizar que las familias en los barrios populares puedan acceder a servicios básicos como el agua, el gas y la electricidad. La falta de inversiones en estas áreas no solo incrementa la pobreza y la marginalización, sino que también expone a miles de personas a riesgos sanitarios y de seguridad.

El futuro de miles de familias que viven en asentamientos está en manos del gobierno y su capacidad de revertir este proceso de desfinanciamiento. Los dirigentes sociales y las organizaciones como el CELS continúan presionando para que las políticas públicas no dejen de lado a los sectores más vulnerables de la población.