Tras el ninguneo del Gobierno, los gobernadores desafían a Milei y presentan un dictamen propio por el Presupuesto. ¿Podrá el Ejecutivo evitar la fractura?
Legislativas18 de noviembre de 2024
Juan Manuel Villarreal
El debate sobre el Presupuesto 2025 sigue empantanado en la Cámara de Diputados, y la relación entre los gobernadores y el Gobierno de Javier Milei ha llegado a un punto de no retorno. Los mandatarios provinciales, aliados tradicionales del oficialismo, decidieron presentar un dictamen propio con sus demandas, luego de que el Ejecutivo se negara a hacer concesiones en cuestiones clave como el financiamiento para las provincias y el ajuste en los recursos para obras públicas, previsionales y universidades.
A lo largo de las últimas semanas, los gobernadores del PRO, la UCR y el peronismo de Córdoba, que habían estado negociando a puertas cerradas con el Gobierno, se sintieron completamente ninguneados por la falta de avances concretos. Ante el nulo apoyo por parte de la Casa Rosada, los mandatarios decidieron que no estaban dispuestos a seguir esperando y avanzaron con su propio dictamen, en el que exigirán el restablecimiento de partidas recortadas y el financiamiento para obras que habían sido pospuestas.
El encuentro decisivo tuvo lugar en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), donde los gobernadores, tras tomar conciencia de que Milei no cedería ante sus demandas, decidieron adoptar una postura más radical: presentar un proyecto paralelo que incluya sus reclamaciones. Desde el bloque de Encuentro Federal (EF), ya se había trabajado en un borrador que será llevado a la comisión de Presupuesto el próximo martes, en una movida que busca generar presión sobre el Gobierno y marcar un quiebre en la relación con los aliados del oficialismo.
El dictamen que los gobernadores llevarán al recinto incluirá varios puntos clave que, según aseguran, son imprescindibles para la supervivencia política y económica de sus provincias. Entre las principales demandas se destacan:
Reposición de partidas: Reclamaron la restauración de fondos que el Gobierno había recortado, especialmente en áreas clave como salud, educación y obras públicas.
Financiamiento para cajas previsionales: Solicitarán mayor apoyo para las provincias que aún mantienen sus sistemas previsionales fuera del control nacional.
Revisión de la coparticipación: Buscan que se retomen los acuerdos sobre la distribución de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), especialmente aquellos que no fueron distribuidos durante este año.
En este contexto, se espera que la propuesta incluya también la devolución de fondos de la AFIP y la redistribución del impuesto a los combustibles, una de las principales fuentes de tensión entre la Nación y las provincias.
Mientras los gobernadores trazaban sus propios caminos alternativos, el Gobierno de Milei se encontraba sumido en una profunda crisis interna. Por un lado, los aliados de siempre, como la UCR, el PRO y los peronistas de Córdoba, se alinearon detrás de sus gobernadores para presentar un proyecto que, según afirman, responde a las necesidades urgentes de sus provincias. Por otro lado, los diputados libertarios, encabezados por José Luis Espert, mantuvieron su postura inflexible, avanzando con el dictamen del Gobierno, sin modificaciones.
Esto dejó al oficialismo en una situación de creciente aislamiento. Ante la falta de consenso, la Casa Rosada no tuvo más opción que contemplar varias alternativas para sortear la situación. Entre ellas, postergar el debate en el Congreso, prorrogar el Presupuesto actual o, incluso, recurrir al veto parcial de aquellas iniciativas presentadas por la oposición.
Si el proyecto opositor logra prosperar, Milei podría no convocar a sesiones extraordinarias y postergar la discusión en el Senado hasta marzo de 2025. Sin embargo, el veto parcial sigue siendo una posibilidad en la que el Ejecutivo podría recurrir si las demandas provinciales no son atendidas, lo que abriría un nuevo capítulo de confrontación política. De lo contrario, el Gobierno podría decidir reconducir el Presupuesto 2023 y continuar operando con partidas que ya han demostrado ser insuficientes para cubrir las necesidades de las provincias.
La reunión de este jueves en el Consejo Federal de Inversiones (CFI), aunque convocada inicialmente para tratar otros temas administrativos, terminó por convertirse en el epicentro de una rebelión política. Los gobernadores que asistieron, entre ellos Axel Kicillof (Buenos Aires) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), compartieron la frustración de sus pares que participaron de manera remota. Algunos, como el santafesino Maximiliano Pullaro, se desentendieron del encuentro, dejando claro su desacuerdo con el enfoque adoptado por la Casa Rosada.
La situación es incierta. El martes próximo se celebrará una nueva reunión en la comisión de Presupuesto, donde el oficialismo intentará avanzar con su dictamen, mientras los gobernadores aliados al Gobierno presentarán su propio proyecto. De no llegarse a un acuerdo, la tensión podría escalar aún más, con el riesgo de que los reclamos provinciales se conviertan en un factor determinante para la suerte del Gobierno de Javier Milei.
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