Blanqueo fiscal: Más provincias desafían el plan de Milei

La oposición al blanqueo fiscal de Milei crece. Gobernadores como Kicillof y Ziliotto se plantan contra el régimen. ¿Qué buscan con su rechazo?

Economía18 de noviembre de 2024Juan Manuel VillarrealJuan Manuel Villarreal
Dolares
Rechazo al blanqueo fiscal: provincias desafían el régimen de Milei

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, ha decidido no adherir al régimen de blanqueo fiscal impulsado por el gobierno de Javier Milei, generando una fuerte respuesta en el escenario político argentino. Kicillof, junto a otros gobernadores, como Jorge Macri (CABA), Sergio Ziliotto (La Pampa) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego), ha mostrado su desacuerdo con la medida, que permite a los contribuyentes regularizar activos no declarados a cambio de un pago único. Este rechazo se suma a las posturas adoptadas por al menos ocho provincias que también cuestionan la iniciativa.

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Kicillof y su equipo: "Una amnistía para evasores"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, ha sido claro en su oposición al blanqueo fiscal de Milei, al calificarlo como una "amnistía para evasores". Desde su equipo económico, argumentan que el régimen nacional podría facilitar la evasión de impuestos y que la provincia no se sumará a la medida para poder fiscalizar de manera más efectiva los impuestos potencialmente no pagados. En lugar de adherir al blanqueo, Kicillof envió a la Legislatura bonaerense un proyecto de ley impositiva que no incluye esta opción, destacando que la Agencia de Recaudación de Buenos Aires (ARBA) se encargará de controlar los activos regularizados.

Kicillof Blanqueo de capitales

La Casa Rosada responde con dureza

Desde el gobierno nacional, la respuesta no se hizo esperar. Javier Lanari, subsecretario de Prensa de la Presidencia, acusó a Kicillof de "estafar a los que entraron al blanqueo", sugiriendo que la negativa de la provincia pone en peligro la estabilidad financiera alcanzada hasta ahora. Por su parte, los aliados cercanos al presidente Javier Milei consideran que el rechazo de Kicillof y otros gobernadores dificulta la efectividad del blanqueo, que en su primera etapa permitió la regularización de activos por más de 23.000 millones de dólares.

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Más provincias se suman al rechazo

A lo largo de las últimas semanas, el rechazo al blanqueo fiscal ha ganado terreno en varias provincias. Los mandatarios de La Pampa, Tierra del Fuego, La Rioja, Catamarca, Santa Cruz, Formosa y Santiago del Estero han confirmado que no adherirán al régimen nacional. En algunos casos, como en Mendoza, se ha optado por no establecer tributos adicionales sobre los montos regularizados, mientras que en provincias como Santa Fe se ha decidido cobrar una tasa del 2% sobre las cifras superiores a los 100.000 dólares. Neuquén y Salta, por su parte, han diseñado esquemas impositivos progresivos.

Ziliotto

El impacto económico del blanqueo y las dudas sobre su sostenibilidad

El blanqueo fiscal, que en su primera etapa ingresó más de 23.000 millones de dólares a las arcas del gobierno, ha sido crucial para sostener la estabilidad financiera en un contexto de elevada incertidumbre económica. Sin embargo, analistas financieros advierten que esta estabilidad podría ser solo temporal, ya que la actual liquidez depende en gran medida de los ingresos provenientes de este mecanismo. La pregunta que queda en el aire es si la euforia generada por el blanqueo se mantendrá a largo plazo o si, por el contrario, se trata de una "foto" transitoria de la situación económica.

Melella

Un conflicto de fondo: autonomía fiscal vs. unidad nacional

El creciente rechazo de las provincias al blanqueo fiscal pone en evidencia un conflicto central en la relación entre el gobierno nacional y los mandatarios provinciales: la autonomía fiscal. Mientras que desde la Casa Rosada se insiste en la necesidad de un blanqueo nacional para asegurar la estabilidad macroeconómica, los gobernadores defienden el derecho de sus distritos a decidir cómo gestionar sus propios recursos fiscales. Este tira y afloje podría tener repercusiones no solo en la política económica, sino también en la dinámica de poder entre el gobierno central y las provincias.

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