Gobierno definió aumento de luz y gas en enero

El Ministerio de Economía, bajo la conducción de Luis Caputo, confirmó que las tarifas de luz y gas experimentarán aumentos a partir de enero de 2024. Los ajustes serán de 1,6% en electricidad y 1,8% en gas natural, un incremento muy por debajo de los dos dígitos que se anticipaban originalmente. Este ajuste se enmarca dentro de la estrategia del Gobierno para controlar la inflación y asegurar que los precios no superen el umbral de 2% mensual, lo que también busca facilitar la salida del cepo cambiario en 2025.

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La premisa del ajuste: reducir la inflación

El aumento de tarifas tiene un objetivo claro: mantener la inflación bajo control. El Gobierno aspira a evitar que las tarifas de servicios públicos, como la electricidad y el gas, impacten negativamente en el poder adquisitivo de las familias argentinas. Los ajustes se realizan en función de la evolución de la inflación, con la expectativa de que en los próximos meses los incrementos puedan mantenerse bajo el 2%.

“Nos interesa mantener la desaceleración de la inflación”, explicaron fuentes oficiales. De esta manera, el Ministerio de Economía y la Secretaría de Energía, que encabeza María Tettamanti, apuestan a que los aumentos sigan el mismo patrón, con incrementos aún más bajos a medida que avance el verano, mientras se implementan otros recortes en los subsidios a la energía.

¿Cómo se componen las tarifas de luz y gas?

Las tarifas que los usuarios deben abonar incluyen cuatro ítems: el costo de la energía, el transporte, la distribución y los impuestos. De estos componentes, los subsidios del Estado solo se aplican al costo de la energía, mientras que tanto el transporte como la distribución no cuentan con subvenciones. Estos subsidios están sujetos a la segmentación de tarifas, que clasifica a los usuarios en tres categorías: N1 (ingresos altos), N2 (ingresos bajos) y N3 (ingresos medios).

Los subsidios a las tarifas de electricidad y gas benefician a alrededor de 9,5 millones de usuarios en todo el país. De estos, 6,3 millones corresponden al grupo N2 (ingresos bajos), mientras que 3,2 millones están en el grupo N3. El Gobierno espera que la mejora en los ingresos y la desaceleración de la inflación permitan a más hogares alcanzar una mayor capacidad de pago de sus facturas, reduciendo la necesidad de subsidios en el futuro.

Los próximos ajustes: el impacto de la "motosierra"

Si bien el ajuste para enero es relativamente pequeño, el Gobierno ya tiene en la mira un cambio estructural para 2025. Se prevé que a mediados de ese año se implemente un nuevo esquema de subsidios que reducirá la cantidad de usuarios que los reciben, estableciendo dos tipos de clientes: los que recibirán subsidios y los que no. Este cambio responde a la necesidad de ajustar los subsidios en el contexto de un presupuesto 2025 que prevé una reducción de más de 3.000 millones de dólares en ayudas estatales.

Este enfoque, conocido como la "motosierra", se enmarca dentro de la política económica del Gobierno de Javier Milei, que busca reducir los subsidios y garantizar que los precios sean más equilibrados. Durante su primer año de gestión, Milei ha destacado que, aunque el proceso es doloroso, es fundamental para corregir los precios relativos, especialmente en sectores como los combustibles, el transporte y los servicios públicos.

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Expectativas para el resto del 2024

El ajuste en las tarifas de enero será el primero de una serie de medidas que se implementarán a lo largo del año. Se prevé que, a partir de marzo, se realicen nuevas revisiones tarifarias que podrían implicar incrementos en los servicios públicos, aunque, según fuentes oficiales, no se espera que estos aumentos superen los dos dígitos para los hogares. Además, en los próximos meses se avanzará con la renegociación de las tarifas con las distribuidoras y transportistas de energía, un proceso que se espera se cierre a más tardar en abril.

A medida que el Gobierno avanza con su plan económico, los ciudadanos deberán estar atentos a nuevos aumentos y ajustes que afecten sus facturas de servicios públicos. Sin embargo, la estrategia del Ejecutivo es clara: seguir con una política de precios relativamente moderados para evitar que la inflación se dispare, a la vez que se avanza en la reducción de los subsidios.