Juan Manuel Villarreal
La Corte Suprema de Estados Unidos ha emitido un fallo que deja a la Argentina en una difícil posición. Con este rechazo a la apelación presentada por el gobierno argentino, un grupo de acreedores podrá ejecutar embargos sobre activos soberanos del país, por un monto aproximado de 310 millones de dólares. Estos fondos están depositados en una cuenta del Banco Central de la República Argentina (BCRA) en la Reserva Federal de Nueva York y en sucursales en Alemania y Suiza.
El caso está relacionado con los bonos Brady, emitidos por Argentina en los años 90 y que vencieron en marzo de 2023. Este grupo de acreedores, que incluye a holdouts que aún no cobraron sentencias anteriores, buscará ahora tomar posesión de los activos que se encuentran en las mencionadas cuentas internacionales. Si bien la suma de los embargos asciende a 310 millones de dólares, la deuda total que Argentina mantiene con los bonistas es de alrededor de 450 millones.
El gobierno argentino había presentado una defensa fundamentada en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras, argumentando que los fondos depositados en el BCRA no pertenecen al Estado argentino, sino a la entidad bancaria. Según esta lógica, los fondos deberían estar exentos de embargos. Sin embargo, la jueza Loretta Preska y la Corte Suprema de EE.UU. no aceptaron este razonamiento, considerando que los derechos asociados a los bonos Brady pertenecen al Estado argentino, no al BCRA.
Este revés no es el único para el país en los tribunales internacionales. En octubre del año pasado, la Corte Suprema británica también falló en contra de Argentina en el juicio relacionado con el "Cupón PBI", obligando al país a pagar más de 1.300 millones de euros a un grupo de bonistas. La estrategia de defensa argentina parece enfrentar obstáculos significativos en los tribunales internacionales, lo que podría derivar en más embargos y una presión creciente sobre las finanzas nacionales.
Con el fallo en firme, los bonistas podrán iniciar formalmente la ejecución de los embargos. Para ello, se presentarán ante la jueza Preska para obtener una autorización final que permita que los 310 millones de dólares sean embargados. No obstante, el monto total de la deuda es aún mayor, lo que podría derivar en nuevas medidas judiciales.
