Críticas al gobernador Kicillof: “No tiene una postura explícita frente al delito”

La inseguridad que atraviesa la provincia de Buenos Aires continúa siendo un tema de debate central entre los diferentes actores políticos. Marcelo Romero, subsecretario de Seguridad de la Nación, no dudó en cuestionar abiertamente al gobernador Axel Kicillof, acusándolo de no tener una postura clara y explícita frente al delito. En un fuerte repaso sobre la situación de la seguridad en el conurbano bonaerense, Romero afirmó: “Al gobernador no se lo escucha, no se ha manifestado frente a la criminalidad”.

La prevención como prioridad

En sus declaraciones, Romero señaló que la tarea de prevención del delito recae principalmente en el poder ejecutivo, y no en el poder judicial. Para él, cuando un juez o fiscal interviene, es una señal de que la prevención ha fallado. “Lo que la comunidad está esperando es que se evite, o que al menos se reconozca el problema de la inseguridad”, manifestó, subrayando que en Buenos Aires este reconocimiento está ausente.

Aseguró que la primera medida de Kicillof en materia de seguridad fue la disolución de la Dirección de Inteligencia Penitenciaria, una herramienta fundamental para la prevención del crimen. “Donde más información criminal se obtiene es en la cárcel”, afirmó, cuestionando fuertemente la decisión del gobierno provincial.

Ramallo: Poletti presentó la oferta académica 2025 del Centro Universitario Municipal

La seguridad como un tema de consenso

Romero también destacó la importancia de la colaboración entre los diferentes niveles de gobierno en la lucha contra la inseguridad. Citó como ejemplo la provincia de Santa Fe, donde el gobierno nacional, junto a las autoridades provinciales y los intendentes, ha logrado coordinar esfuerzos para mitigar la ola de violencia. “Esto debe ser un trabajo conjunto, respetando siempre la Constitución y las leyes de cada jurisdicción”, agregó.

El subsecretario de Seguridad criticó además la ideologización que, según él, afecta a la justicia penal en Argentina. En sus palabras, “muchos jueces y fiscales consideran que los delincuentes son víctimas de la sociedad capitalista”. Frente a esta visión, Romero sentenció: “No hay ley que valga cuando la ideología se antepone a la realidad”.

Inseguridad en la provincia: el clamor de la sociedad

El tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Aires ha generado un clima de tensión que afecta directamente a la vida cotidiana de los habitantes del conurbano. A raíz de una serie de homicidios, como el caso de los jóvenes Paloma Gallardo y Josué Salvatierra, y de hechos de violencia como los ocurridos en Florencio Varela, varios funcionarios del gobierno nacional han expresado su malestar con la gestión de Kicillof.

La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, fue una de las que criticó con dureza al gobernador, señalando la falta de acción frente a la escalada de violencia que afecta a los bonaerenses. “El derecho a la vida está a la deriva en la Provincia”, sostuvo Bullrich, haciendo alusión al abandono de los jóvenes víctimas de la inseguridad.

Guillermo Francos, jefe de Gabinete, también se sumó a las críticas, argumentando que la situación en la provincia es “tremenda”. Francos cuestionó la presencia de Kicillof en la Marcha del Orgullo LGBT Antifascista y Antirracista en la Ciudad de Buenos Aires mientras los bonaerenses enfrentaban una ola de criminalidad. “No hay nada que se esté haciendo para terminar con esto”, señaló el funcionario, quien además, minimizó la marcha.

La respuesta política frente a la violencia

El gobierno de Kicillof ha sido blanco de las críticas nacionales por su gestión en seguridad. Desde el Ministerio de Seguridad de la Nación, insisten en que la ideología no puede ser un obstáculo para abordar un problema tan grave como la inseguridad. Según el subsecretario Romero, la prioridad debe ser proteger a los ciudadanos, sin importar las diferencias políticas. La situación de la justicia penal también fue puesta en cuestión, donde, según Romero, hay una tendencia a ver a los delincuentes como víctimas, lo que dificulta la aplicación efectiva de la ley.