La Justicia de EE.UU. embarga USD 210 millones a Argentina por bonos en default

La presión sobre la economía argentina se intensifica. En una movida que remeció los cimientos del conflicto con los holdouts, la jueza estadounidense Loretta Preska aprobó el embargo de USD 210 millones en activos del Estado argentino, correspondientes al colateral de los Bonos Brady. La orden se ejecutará a través de la Reserva Federal de Nueva York y beneficiará al fondo Attestor Master, mientras se congelan otros USD 100 millones hasta que se resuelva la disputa con dos grupos de acreedores.

Decisión judicial que golpea a la Argentina

Tras la decisión de la Corte Suprema de Estados Unidos en enero, que habilitó el embargo de activos argentinos por reclamos de deuda impaga, la jueza Preska dio luz verde a la medida. Según se desprende del comunicado, “la jueza Loretta Preska aprueba el embargo de USD 210 millones correspondientes al colateral de los Bonos Brady. En la misma orden, congela otros USD 100 millones hasta que dos grupos de acreedores de deuda en default (Attestor Master y Bainbridge Fund), culminen la disputa por estos USD 100 millones.”

Este embargo se produce apenas unos días después de la ejecución de una garantía por USD 325 millones en el caso Cupón PBI Londres, lo que subraya la creciente presión legal sobre Argentina. La orden judicial se materializa en la mesa de entrada de la Reserva Federal de Nueva York, un punto clave para el congelamiento de estos fondos.

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El trasfondo de los holdouts y la deuda en default

La disputa se remonta al default del 2001, cuando el Estado argentino dejó de pagar una parte considerable de su deuda. Los tenedores de bonos que nunca aceptaron participar en las reestructuraciones —conocidos popularmente como holdouts o fondos buitre— se han mantenido firmes en sus reclamos. Entre estos, se destacan los fondos Attestor Master Value, Trinity Investments, White Hawthorne, Bison Bee LLC y Bybrook Capital Master, que compraron deuda en default y representan menos del 3% del total de los tenedores originales.

Sebastián Maril, consultor de Latam Advisors y especialista en los juicios que enfrenta Argentina en el exterior, explicó: “Encontraron activos argentinos que son de la parte del colateral de los bonos Brady, consiguieron embargo en 2022; Argentina apeló, perdió esa apelación y fue finalmente a la Corte Suprema, que en enero de este año rechazó el pedido argentino, motivo por el cual sólo quedaba una orden de Preska.”

Maril subrayó además que Bainbridge Fund, que no participó inicialmente en el embargo, “pidió subirse al tren para también tomar posesión de parte de los colaterales de los bonos Brady, pero la jueza rechazó congelar todos los fondos y sólo lo permitió por USD 100 millones. Luego, tanto este fondo como Attestor deberán discutir en esa corte por qué deben tomar posesión de estos bonos.”

Un punto de inflexión en las disputas legales

Esta resolución judicial representa un punto de inflexión en el largo conflicto entre Argentina y los tenedores de bonos. La deuda que llevó a la emisión de los Bonos Brady en los años 90 se originó en la dictadura militar (1976-1983), cuando el país tomó préstamos a tasas altas y estatizó deudas privadas. En los años 80, Argentina sufrió una crisis económica con hiperinflación y dificultades para pagar. En 1992, el gobierno de Carlos Menem reestructuró parte de esa deuda mediante el Plan Brady, un esquema impulsado por EE.UU. que permitió al país emitir bonos con mayores plazos y garantías en dólares, a cambio de refinanciar compromisos impagos.

Hace 23 años, el país fue obligado a entregar títulos como garantía de pago en el marco de la emisión de los Bonos Brady, emitidos a principios de la década de 1990. Aunque en 2023 Argentina cumplió con el pago de sus obligaciones y los títulos entregados quedaron liberados, la sentencia de la Corte Suprema de EE.UU. en enero y ahora la orden de Preska demuestran que los holdouts siguen encontrando vía legal para embargar activos.

El fallo intensifica la presión sobre el gobierno argentino, que se enfrenta a demandas millonarias de inversores que, al no haber cobrado en los canjes de 2005, 2010 y 2016 —bajo las gestiones de Néstor Kirchner, Cristina Kirchner y Mauricio Macri respectivamente—, siguen litigando por sus derechos. Los holdouts, al representar una pequeña fracción del total, han logrado activar mecanismos legales internacionales que impactan directamente la liquidez y la imagen del Estado.

Implicancias para la economía y la política exterior

La medida tiene profundas implicancias económicas y políticas. Por un lado, el embargo de USD 210 millones y el congelamiento de USD 100 millones adicionales significan una nueva inyección de incertidumbre en la economía argentina, que ya se encuentra bajo una presión considerable por los altos niveles de endeudamiento y la inestabilidad del mercado financiero.

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Por otro, la decisión judicial en EE.UU. refuerza la posición de los holdouts y deja en evidencia las limitaciones del Estado para hacer frente a sus obligaciones internacionales. En palabras de Sebastián Maril, el fallo “representa un punto de inflexión en las disputas legales que Argentina mantiene con los denominados holdouts”. Con este precedente, se sientan las bases para futuras acciones legales que podrían seguir erosionando la confianza de los inversores y afectar las relaciones internacionales del país.

La respuesta del Gobierno y el camino a seguir

Aunque el gobierno argentino ha recurrido a diversas instancias para impugnar los fallos de los holdouts, la decisión de la Corte Suprema de EE.UU. y el consecuente embargo dejan pocas opciones. El Estado deberá buscar mecanismos para hacer frente a esta situación, ya sea mediante nuevas negociaciones o mediante la búsqueda de alternativas financieras que permitan sortear el impacto del embargo.

La medida no solo incrementa la presión sobre la economía, sino que también afecta la imagen internacional de Argentina, reafirmando la vulnerabilidad del país ante los litigios internacionales. La lucha legal contra los holdouts continuará, mientras los acreedores aprovechan cada oportunidad para hacer efectivos sus derechos sobre los activos estatales.