ATE redobla su enfrentamiento con el Gobierno tras una nueva ola de despidos y recortes salariales en el sector público. El gremio liderado por Rodolfo Aguiar advierte sobre una "catástrofe social" y evalúa convocar a un paro general en los próximos días.
Política05 de marzo de 2025
Mariana Portilla
La Asociación Trabajadores del Estado (ATE) intensificó sus protestas en la Ciudad de Buenos Aires en respuesta a una ola de despidos y recortes salariales que afectan a diversos sectores del empleo público. Las movilizaciones tuvieron lugar este lunes en puntos clave como el Instituto Social Militar Dr. Dámaso Centeno, la sede central de la Autoridad de Cuenca Matanza Riachuelo (ACUMAR) y el ex Ministerio de Desarrollo Social.
El sindicato también convocó a un Plenario Federal de Delegadas y Delegados para la próxima semana, con el objetivo de definir la continuidad del plan de acción y evaluar la posibilidad de una huelga general.
Rodolfo Aguiar, secretario General de ATE, expresó su preocupación por la situación económica y social del país. “En este momento el Gobierno está atado con alambre y la economía a punto de explotar. Milei se sostenía en expectativas que una buena parte de la población ya perdió. Más allá de su relato fantasioso, el fracaso de esta gestión es evidente”, sostuvo el dirigente.
En paralelo a las protestas, el sector de la salud pública enfrenta una crisis sin precedentes. Profesionales de programas esenciales del Ministerio de Salud de la Nación, como los de vacunas, VIH, lepra y tuberculosis, renunciaron en masa debido al "desmantelamiento" de estas áreas y el "grave riesgo cierto e inminente que esto implica" para la sanidad pública.
Un comunicado difundido recientemente advierte sobre "el aumento de los costos a mediano y largo plazo que van a pagar de su bolsillo todos los contribuyentes". Asimismo, se denunció que desde enero se han disuelto coordinaciones clave, como las de Hepatitis Virales y Tuberculosis, en un contexto donde aumentan los casos y muertes por estas enfermedades.
ATE exige la reincorporación inmediata de todos los trabajadores cesanteados ilegalmente y una recomposición salarial urgente para el sector público, que en 2024 perdió el 44,4% de su poder adquisitivo. Hasta el momento, el Ejecutivo ha otorgado incrementos del 1,5% en enero y 1,2% en febrero, cifras insuficientes según el sindicato.
El último encuentro paritario, realizado a fines de febrero, pasó a un cuarto intermedio sin fecha definida para una nueva reunión. En este contexto, la situación laboral sigue agravándose, mientras los sindicatos y el Gobierno mantienen una tensa relación en torno a las medidas de ajuste aplicadas por la administración de Javier Milei.
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